Sin ir a licitación pública y a la velocidad del rayo, el Congreso Nacional aprobó ayer una iniciativa que autoriza a la Secretaría de Finanzas emitir notas de crédito por mil millones de lempiras para la compra de cemento.
La iniciativa fue presentada por el diputado nacionalista por Olancho Francisco Rivera.
Según su exposición, con esta multimillonaria erogación se pretende construir obras municipales por medio del Fondo Hondureño de Inversión Social (Fhis).
Dispensan dos debates
El proyecto de ley fue presentado la noche del lunes y fue dictaminado con mucha rapidez, lo que causó sospechas entre varios diputados que expresaron su oposición a que se le dispensaran dos debates.
Los parlamentarios pidieron explicaciones a los dictaminadores sobre el trasfondo del tema; pero estos se limitaron a argumentar que el objetivo era generar empleo en los municipios.
Los que están en contra se oponen al desarrollo, arguyó el diputado yanista Carlos Martínez, lo que generó enfrentamientos verbales.
“Esto no huele ni a baleada ni a pupusa”, expresó el diputado del Pinu Mario Rivera Vásquez en su intervención. El parlamentario demandó que se explicara en qué áreas de infraestructura se iba a utilizar ese cemento, ya que no se estaban fijando en ese decreto porcentajes para la construcción de carreteras, puentes y otras obras, sino que se estaba autorizando obtener créditos por mil millones de lempiras como si fuera lotería.
“Si vamos a gastar mil millones, en el nombre de Dios y de la honestidad y de los valores, este decreto debe decir 600 millones para tal cosa, 40 millones para lo otro; pero si vamos a regalar el cemento como las láminas, los pisos dignos... eso suena a algo político, a una lotería electoral”, indicó Rivera Vásquez.
“ Esos dineros deberían servir para pagar la deuda interna que nos genera tanto problema de intereses; pero si no desglosan ese dinero es lógico que nos dejan con las dudas”, afirmó Rivera Vásquez.
El liberal Ángel Darío Banegas refutó que aunque se trataba de cartas de crédito, ese dinero podría servir para proselitismo.
Además, lamentó que pese a no estar dentro de un
plan estratégico, este dinero al final siempre lo pagará el pueblo hondureño.
“No convirtamos en una pesada cruz de cemento la cruz de madera que viene cargando el pueblo hondureño”, cuestionó.
La diputada Yadira Bendaña apoyó la posición de su colega Banegas, pues dijo que hay muchas urgencias y no sabemos qué es lo que determina priorización de acciones y si este proyecto es iniciativa de las municipalidades.
“Obligadamente nos preguntamos: ¿en función de qué se ha determinado ese monto (mil millones), ¿cómo va a ser distribuido? ¿se han focalizado los proyectos? ¿por qué se ha priorizado la compra de cemento cuando hay miles y miles de niños que no tienen merienda escolar?”, apuntó.
Órdenes de compra
El nacionalista Rodolfo Zelaya defendió el decreto afirmando que “el dinero en mención será utilizado para proyectos de generación de empleo, para construir techos y pisos dignos. Es un proyecto que tiene duración de dos años y que va con una compensación del pago del impuesto sobre la renta, que el Estado no va a gastar un centavo; pero con ese dinero la gente va a construir una acera, una cuneta, una escuelita que va a generar empleo”, arguyó.
El decreto autoriza al Fhis a emitir órdenes de compra a favor de las productoras de cemento. Dichas órdenes serán distribuidas en forma equitativa. Las empresas productoras de cemento entregarán el producto según las instrucciones que reciban del Fondo Hondureño de Inversión Social.
Además, se autoriza al Fhis para que con cada una de las empresas hondureñas productoras de cemento puedan suscribir contratos dentro del plazo de cinco días calendario siguientes a la entrada en vigor de la ley.
Las notas de crédito serán presentadas ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) como pago de impuesto sobre la renta y aportación solidaria de las empresas productoras de cemento, a partir de la entrada en vigor del referido decreto.
El vicepresidente Mauricio Oliva aclaró que el crédito fiscal de las cementeras sobrepasa los mil millones de lempiras, de manera que no hay problema con esa cantidad a la que se refiere el decreto.
