Tres comisionados se encargarán de la transición de los centros penales al Instituto Nacional Penitenciario
(INP).
El presidente Porfirio Lobo seleccionó a los tres comisionados que próximamente serán juramentados: los abogados José Augusto Ávila, Servando Alcerro Saravia y Delmy Anarda Banegas, quienes ya tuvieron una reunión con la Comisión de Reforma de Seguridad Pública (CRSP).
El ente que integran estos funcionarios se llama Comisión de Transición del Sistema Penitenciario Nacional.
La CRSP invitó a los comisionados a la sesión de la Mesa para el Desarrollo Penitenciario a fin de que comenzara la programación de su plan operativo.
“Esta es nuestra primera reunión de encuentro para irnos empapando y familiarizando con los últimos trabajos que hemos ido haciendo”, dijo José Augusto Ávila.
Una de las primeras acciones de los comisionados es la de hacer la propuesta del presupuesto con el que INP deberá de funcionar para manejar las cárceles.
Para la administración de los presidios el Gobierno destina unos 300 millones, pero, según cálculos extraoficiales, se requieren unos 800 millones de lempiras para una función óptima.
Ávila admitió que todavía no tiene un estimado del dinero que se necesita para transformar el manejo de los reclusorios, y que solamente manejan datos que han sido difundidos en medios de comunicación.
El sistema penitenciario consta de 24 cárceles, en donde hay recluidas unas 12 mil personas, cuando la capacidad de los recintos es de unos 7,000.
En abril de 2012 fue creada la Ley de Sistema Penitenciario, un instrumento que da vida al Instituto Nacional Penitenciario. Esta legislación quita de la Policía Nacional la administración de las cárceles y la cede al INP.
Igualmente, con esta legislación se deroga la Ley de Rehabilitación del Delincuente.
