Tras las pérdidas millonarias que representan al erario público las recurrentes derrotas en los tribunales de justicia, el exasesor de la Procuraduría de la República, Daniel Rivera Mena, dijo que esta situación obedece a la falta de experiencia de los abogados contratados para defender al Estado.
Mena dijo que esta situación comienza cuando el Congreso Nacional designa los abogados que formarán parte de la institución. Al respecto aseveró que ''no son malos, pero son recomendados del presidente o del secretario' de ese poder del Estado.
Además, manifestó que el 20 por ciento de la deuda pública Honduras corresponde al incumplimiento del pago de los contratos que tiene el Estado, debido a la crisis financiera por la que atraviesa.
'Son muchachos que no son malos, no se trata de negligencia, sino de la experiencia de conocer lo que se esconde, que no se ve, en los contratos que suscribe el gobierno'.
Cabe destacar que el lunes el ministro de Soptravi (Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda), Miguel Ángel Gámez, denunció que el Gobierno de Honduras tendrá que pagar a la constructora Elsamex la suma de 18 millones de dólares, pese a que la obra no cumple con los estándares de calidad.
Por tal motivo Mena dijo que no se ha entendido la función de la Procuraduría, ya que sólo escuchan lo que dice el presidente de la República, pero no se han dado cuenta de su papel de apoderado legal del Estado.
Recomendó que debe existir un departamento de consultoría para revisar las condiciones en las que se pacta con las empresas para la construcción de obras.
El jefe de la bancada nacionalista en el Congreso Nacional, Celín Discua, comentó que se pedirá a la procuradora Ethel Deras
que explique los detalles de la resolución con la que se obliga al gobierno a pagar por una obra mal hecha.
Discua señaló que es necesario que se pronuncie el Colegio de Ingenieros de Honduras, porque debe haber un representante al suscribirse estos acuerdos.
Añadió que la obra en el tramo carretero Tegucigalpa-Danlí nunca fue recibida por el gobierno hondureño, porque nunca estuvo terminada, pero se investigará si algún funcionario de Soptravi incumplió esta determinación.
