Inadmisible fue declarada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la acusación interpuesta contra los diputados del Congreso Nacional y el presidente Porfirio Lobo por la aprobación de las regiones especiales de desarrollo (RED), conocidas como ciudades modelos.
El pasado 12 de septiembre, un grupo de 17 organizaciones y ciudadanos formalizó en el Poder Judicial una acusación por el delito de traición a la patria contra los 126 diputados que aprobaron las ciudades modelos, que se amplía contra Lobo Sosa.
La acusación fue suscrita por representantes de varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellos el Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas (Copinh).
Sin embargo, la CSJ oficializó ayer que la acusación fue declarada inadmisible.
La resolución hasta ayer fue notificada a los acusadores, quienes el lunes anterior presentaron un escrito de pronta resolución y le solicitaron a la CSJ que desengavetara el expediente y nombrara a un juez natural para conocer el tema.
“Ahora nos salen con la respuesta de que el auto estaba hecho desde el 10 de octubre del año pasado”, expresó con indignación el abogado Fredin Fúnez.
Incompetencia
La CSJ argumenta incompetencia de los particulares para interponer la acusación por traición a la patria, que eso es facultad del Ministerio Público (MP). Los particulares solo pueden acudir directamente ante la CSJ a interponer querellas de orden privado; no están facultados para acusar por delitos de orden público.
A juicio de Fúnez, el rechazo demuestra “que hay toda una colusión de este Poder Judicial porque la Corte Suprema de Justicia está atemorizada”.
“Le están tirando la pelota al Ministerio Público, dijeron no, si tocamos este punto, nos van a dar corte de chaleco, entonces mejor mandémoselo al MP”, indicó. Opinó que los magistrados de la CSJ perfectamente pueden conocer la acusación porque la Constitución dice que cualquier interesado puede presentar la acusación por traición a la patria.
Los que interpusieron la acusación anunciaron que formularán otra acción penal contra los 110 diputados que aprobaron las nuevas ciudades modelos, por ser inconstitucionales.
