Con la aprobación de la figura del juicio político, el Congreso Nacional se convierte en un súper-Poder del Estado y en un tribunal para juzgar a los funcionarios, afirmó la abogada sampedrana Maribel Espinoza.
El Congreso Nacional aprobó el martes por la noche el juicio político con un total de 98 votos a favor, cinco parlamentarios en contra y cuatro abstenciones.
1 ¿Cuál es su opinión acerca de la aprobación del juicio político?
El juicio político es una figura procedimental que nuestros constituyentes no establecieron en
la Constitución de la República, limitándose únicamente
otorgar al Congreso Nacional la facultad de improbar o aprobar la conducta administrativa del Poder Ejecutivo, Judicial, Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público, Procuraduría General de la República y otros; sin embargo, esa reforma constitucional
recién aprobada no le concede a
los funcionarios sometidos a ese tipo especial de juicio la garantía del debido proceso,
la imparcialidad e independencia de los juzgadores, porque sencillamente son los diputados los acusadores y a la vez se constituyen en el tribunal que finalmente
juzgará y ordenará la destitución de tales funcionarios, teniendo en cuenta únicamente la recomendación de una comisión que tampoco es tribunal.
Lo más lamentable de esa reforma constitucional es el momento histórico en que se aprueba la misma, ya que ese mismo Congreso Nacional que hoy viene a introducir la reforma constitucional para facultarse a sí mismo la atribución de
juzgar a los demás miembros de los otros Poderes del Estado y otros funcionarios mediante el juicio político, se trata del mismo Congreso Nacional que el 12 de diciembre de 2012, de forma arbitraria y sin juicio político, destituyó a cuatro magistrados del Poder Judicial.
Hago énfasis en esto porque estas actuaciones imprudentes e ilegales solo constituyen claros actos encaminados a destruir el Estado de derecho en que pretendemos vivir, porque lo que nos están diciendo desde el Congreso
es que por haber sido elegidos por el pueblo de Honduras como diputados, ellos pueden abusar del poder cuantas veces lo deseen, lo cual es un mensaje muy negativo para el sistema de justicia en el Pais.
2. ¿Cuáles serían la repercusiones y las ventajas?
Las repercusiones
son muchas, las más graves son que se ha puesto en precario la separación de los Poderes
y establecido una cuasi subordinación de los demás Poderes del Estado al Congreso Nacional, con lo cual se socava hasta hacer desaparecer la propia independencia de los otros Poderes del Estado, erigiéndose un súper-Poder del Estado denominado Poder Legislativo.
Me pronuncio en el sentido de que esa mayoría mecánica en el Congreso Nacional se ha apartado de su esencial función de legislar correctamente, pues con todas esas reformas
nos están creando innecesarias y enormes confusiones ya sean intencionales o no, pero que el efecto inmediato es una profunda
inseguridad
jurídica que como buenos hondureños debemos empezar a construir, exigiendo a todos nuestros funcionarios el respeto de la ley porque nadie debe estar sobre ella.
3. ¿Cree que se está usando para los fines correctos?
Mis apreciaciones solo son jurídicas y no políticas, pero sí puedo afirmar que
con tales incongruencias nos están llevando al precipicio de la inseguridad jurídica promovida desde el propio Congreso Nacional.
4. ¿Cree que podría ser otra técnica para permanecer en el poder?
Quisiera pensar que no, pero sí es mi deber ciudadano pedirles a los hondureños que reflexionemos y nos expresemos públicamente sobre todo estos hechos concretos mientras podamos, porque el país está en una verdadera crisis que no puede ser ignorada y no puede resolverse con simples discursos.
5. ¿Sería como legalizar lo ilegal?
No se puede legalizar lo ilegal, lo que sí puedo confirmarle que con la introducción del juicio político de forma acelerada solo significa
un reconocimiento tácito que la destitución de los cuatro magistrados realizada en diciembre fue ilegal como hemos venido diciendo, porque antes no tenían esa facultad que ahora se están arrogando con esas reformas.
Si hablamos de que el Congreso ahora podrá juzgar a los demás funcionarios públicos mediante el juicio político, creo que
también es hora para que hablemos muy seriamente, de que el pueblo soberano de Honduras tiene todo el derecho a ser consultado para revocar o aprobar la conducta de esos diputados, porque al fin y al cabo ellos también son funcionarios, se deben a él, y deben rendir cuentas de su mandato.
Si nuestros parlamentarios tienen la potestad de juzgar mediante el juicio político a todos estos funcionarios, ¿quién va a juzgar la conducta de esos parlamentarios? Debe ser el pueblo.
