El año pasado se generaron un total de 95 conflictos sociales, la mayoría de ellos relacionados con problemas económicos, informó la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.
A través de la Dirección de Análisis, Mediación y Resolución de Conflictos con Enfoque en Derechos Humanos, esta secretaría hizo un estudio del comportamiento social durante el año recién finalizado.
La ministra Ana Pineda precisó que los conflictos sociales están relacionados con los aspectos agrario, de salud, educación, sociopolítico, socioeconómico, socioambiental y de seguridad ciudadana.
Los conflictos se manifestaron por medio de denuncia pública, plantones, toma de calles y carreteras, marchas, toma de edificios públicos, suspensión de labores y asambleas informativas.
Los actores fueron organizaciones de la sociedad civil, servidoras y servidores públicos, estudiantes de secundaria, profesionales de la salud, docentes de educación media, grupos campesinos, empleados públicos por contrato, transportistas, partidos políticos, empleados del sector privado, estudiantes de Medicina de la Unah, policías, comerciantes, homosexuales, organizaciones de mujeres, operadores de justicia y alcaldes. “En el período estudiado, el mayor número de conflictividad se presentó en el ámbito socioeconómico, que generó 27 reclamos sociales, seguido por el conflicto en el ámbito sociopolítico con 22. Ambos reclamos representan el 52% del total de casos reportados”, dice el informe.
Por sectores, en el agrario hubo seis manifestaciones; en educación, 14; en salud, 11; en ambiente, 6; socioeconómicos hubo 27; sociopolíticos, 22; y en seguridad ciudadana se dieron 9 conflictos.
Los actores exigieron, entre otros, solución del conflicto en la tenencia de tierra del Bajo Aguán, rechazo a la criminalización del movimiento campesino a escala nacional, derogación de la Ley de Modernización Agrícola y aprobación del proyecto de Ley para la Transformación de la Reforma Agraria Integral, rechazo a los asesinatos de campesinos y campesinas en el Bajo Aguán, demanda de desarme general a empresarios, policías, militares y campesinos del Aguán.
En educación hubo protestas para derogar la Ley de Inprema y la Ley de Empleo Temporal, demanda de pago del bono estudiantil de transporte, demanda del desembolso de fondos de matrícula gratis, pago a maestros por salarios atrasados, reintegro de personal docente, administrativo y de servicios despedidos y exigencia de la destitución del secretario de Educación, Marlon Escoto.
