Los miembros de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública dieron un paso importante para darle empuje al proceso de depuración de la Policía Nacional extendido además a otros operadores de justicia.
Los comisionados entregaron ayer al presidente Porfirio Lobo Sosa un paquete de leyes y reformas para el sistema de seguridad y justicia. Se trata de varios proyectos de ley formulados para subsanar los problemas que dificultan el funcionamiento de las instituciones y la lucha contra la delincuencia, el crimen y el narcotráfico.
La Comisión de Reforma de la Seguridad Pública entregó un proyecto de reforma constitucional para la creación de un Sistema de Selección y Evaluación del personal de las oficinas de seguridad y justicia y también un proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional.
El organismo, encabezado por el exministro de Gobernación, Víctor Meza, e integrado por el exrector de la Unah Jorge Omar Casco, el académico Matías Fúnez y los internacionales Aquiles Blu (Chile) y Adam Blackwell (Canadá), entregó además otro proyecto de Ley de la Carrera Policial. También entregaron un proyecto de Ley de la Carrera del Servidor del Ministerio Público, un proyecto de reformas a la Ley del Ministerio Público, un proyecto de reformas a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y un proyecto de reformas a la Ley del Consejo de Judicatura y de la Carrera Judicial.
Los cambios
El paquete de leyes y reformas fue entregado durante un acto celebrado la mañana de ayer en el salón Morazán de Casa Presidencial ante la presencia de miembros de la sociedad civil, funcionarios y representantes del cuerpo diplomático. “Podemos con satisfacción, señor Presidente, entregar a usted el primer conjunto de instrumentos jurídicos que una vez discutidos y aprobados por el Congreso Nacional puedan convertirse en el marco legal necesario y suficiente para dar paso a un nuevo sistema de seguridad pública y democrática en nuestro país”, manifestó
Víctor Meza durante la entrega.
Aunque la Comisión y el Gobierno negaron el acceso de los documentos a los medios de comunicación, se logró conocer que en el tema de Policía Nacional las reformas están encaminadas a crear una institución más ligada a la comunidad, con mayor trabajo preventivo y en apego al respeto de los derechos humanos.
Asimismo, se busca eliminar el criterio de antigüedad entre los agentes de la institución, es decir, los ascensos ya no se serán basados en los años de servicio, sino en la idoneidad de cada elemento del organismo armado.
“Lo nuevo es el espíritu de la Policía, una policía comunitaria, una policía más preventiva, incluso con iniciativa social, amiga del vecino, no una policía tan represiva como hemos tenido, el tema de los derechos humanos es un tema fuerte y esto va acompañado de una reforma curricular en la cual también estamos trabajando y con un peso importante de los derechos humanos y de la equidad de género”, explicó el comisionado Matías Fúnez.
Entre las reformas también se plantean cambios al proceso de nombramiento de los miembros del recién creado Consejo de la Judicatura, así como de magistrados, fiscales, autoridades del TSC (Tribunal Superior de Cuentas) y de la Procuraduría PGR (General de la República), pues se pretende que el nombramiento de autoridades sea “con base en el mérito y no con base en la injerencia política sectaria”.
También se plantea que la presidencia de la Corte Suprema de Justicia sea rotativa, es decir, que siete magistrados tendrán la posibilidad de ostentar la titularidad del Poder Judicial durante un año.
“Con las reformas planteadas se deroga por completo el procedimiento de la junta nominadora (de la Corte), es una reforma constitucional que tendrá que ser aprobada en esta legislatura y ratificada en la siguiente”, explicó Fúnez.
Respecto a la nueva policía de investigación, entre las reformas se establece que esta unidad debe pertenecer tanto al Ministerio Público como a la Secretaría de Seguridad. La Fiscalía tendría la responsabilidad de investigar los delitos que tienen que ver con el narcotráfico y el crimen organizado; mientras que la Policía Nacional estaría a cargo de la investigación de los delitos de menos impacto.
Tras recibir las propuestas, el presidente Porfirio Lobo aseguró su respaldo en un 300% al paquete de instrumentos jurídicos y sostuvo que “no importa la bulla, porque yo escucho ruido por todos lados”.
“Nada nos va a detener en concretar que tengamos un sistema de justicia que sea efectivo en el marco, lógicamente, del respeto a los derechos humanos, por eso tienen todo mi respaldo”, aseguró el mandatario.
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