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Acusan de traición a la patria a Lobo y a 126 diputados

  • 13 septiembre 2012 /

La Corte Suprema de Justicia emitirá las resoluciones sobre los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra las regiones especiales de desarrollo.

Jorge Rivera Avilés, presidente de la Corte Suprema de Justicia, afirmó que se emitirá una resolución conforme a derecho sobre recursos

de inconstitucionalidad interpuestos contra el decreto 123-2011 que aprueba las regiones especiales de desarrollo.

En octubre de 2011, un grupo de abogados interpuso el primer recurso, el Ministerio Público emitió dictamen a la Sala Constitucional recomendando derogar el decreto por inconstitucional.

Hay otras acciones contra esa ley. Oportunamente, la Sala Constitucional emitirá su resolución, dijo. “El Poder Judicial siempre es presionado por las partes interesadas porque cada parte tiene el deseo de que sus peticiones salgan favorables; no obstante, ya estamos acostumbrados a ello y lo importante es que nuestras resoluciones son emitidas sin atender a ninguna presión”, aseguró.

Nuevas acusaciones

Un grupo de 17 ciudadanos formalizó ayer en la Corte Suprema de Justicia una acusación contra los diputados que aprobaron las ciudades modelos, acción penal que se amplía contra el presidente Porfirio Lobo Sosa.

La acusación es suscrita por representantes de organizaciones de la sociedad civil, entre ellos Bertha Cáceres, Omar Menjívar, Miriam Miranda, Gladys Lanza, Ismael Moreno (sacerdote), Jari Dixon, Doris Gutiérrez y Karla Lara.

Se presenta “acusación por el delito de traición a la patria contra todos los diputados del Congreso Nacional que aprobaron las reformas constitucionales mediante las cuales crearon las regiones especiales de desarrollo (RED), también conocidas como ciudades modelos”, anota el escrito presentado a la Corte.

Añade: “La acusación se extiende al presidente del Poder Ejecutivo y demás funcionarios que promulgaron dichas reformas” constitucionales en 2011, pero que han cobrado actualidad porque el Congreso se apresta a aprobar los emplazamientos de las ciudades modelos o charter cities.
Traición al pueblo

El presidente Porfirio Lobo reaccionó: “Yo podría decir que vamos a acusarlos de traición al pueblo porque lo que uno hace no es dañar a su patria o su soberanía, lo que se hace es para buscar mejores oportunidades.

Se debe entender que hay que hacer cosas diferentes porque lo usual se sabe que no resulta y el Poder Judicial no se ha pronunciado al respecto, como sobre otras peticiones de algunos sectores de que se declare inconstitucional, de manera que el proceso sigue adelante”.


Ayer fueron demandados por abuso de autoridad y traición a la patria 126 diputados del Congreso Nacional ante el Ministerio Público. El Congreso firmó un convenio con una compañía estadounidense para emprender el proyecto.

Los demandantes sostienen en un escrito que el Presidente y el Congreso Nacional se han “excedido en sus atribuciones, pues ni aun simulando una reforma inofensiva y supuestamente bien intencionada tienen potestad para afectar el territorio nacional” y atentar contra la soberanía.

La reforma constitucional de los artículos 304 y 329, aprobada por el Congreso en febrero de 2011, concede a esas “ciudades modelos” un régimen de autonomía total que incluye una administración pública propia, potestad para definir su normativa legal, así como firmar tratados y convenios internacionales en aspectos relaciones con comercio y cooperación.

Adicionalmente establece que el Congreso nombrará jueces para esas zonas especiales con base en una propuesta de los administradores de la región especial de desarrollo.

La Fiscalía dictaminó en febrero pasado que las ciudades modelos son inconstitucionales porque esta reforma constitucional atenta contra la forma de gobierno, dice análisis del Ministerio Público.

Se opone a división de Honduras

Ramón Custodio, comisionado de Derechos Humanos, expresó su desacuerdo con que se hagan más fronteras y se divida el territorio nacional con la creación de las ciudades modelos o regiones especiales de desarrollo. El ombudsman anunció que hace una investigación a fondo del consorcio internacional con que se firmó el convenio para construir la primera ciudad modelo.

Advirtió que ya está llegando a las conclusiones sobre la falta de seriedad de esa supuesta firma, que los promotores de la iniciativa presentan como cosa del otro mundo. “Creí”, dijo Custodio, “que lo de las ciudades modelos era algo olvidado en el cofre de las cosas que no sirven para nada, pero está siendo reactivado, como si hubiera interés en mantenernos agitados por cosas que no son lo fundamental en este país. Si yo quiero tener un país desarrollado, debe ser todo el país, no zonas privilegiadas”.