San Pedro Sula, Honduras.
Que se solicite a Sulambiente que regrese los L12 millones que están retenidos en las cuentas y que quede sin valor y efecto un contrato de transacción suscrito en el año 2005, recomienda la comisión adhoc en el informe al alcalde Armando Calidonio. En resumen, que se le de cumplimiento a la sentencia.
LA PRENSA tuvo acceso al informe condensado que fue elaborado por la comisión adhoc donde se conformaron dos equipos de trabajo: el legal y el técnico-financiero, para revisar aspectos relacionados con el proceso de contratación con la compañía.
En el análisis técnico se reveló que en cinco años ocurrió un descarado robo contra los sampedranos al comprobar que la municipalidad pagaba en recolección de basura más de mil toneladas diarias cuando apenas se recogían 606, ocasionando un fraude de L156 millones.
En la parte legal la comisión hace varias recomendaciones, entre ellas que se dé estricto cumplimiento al fallo emitido por el referido Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en la sentencia firme de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil cinco (2005), que en su parte resolutiva establece el pago de la indemnización que ya se hizo, costas del juicio y la firma del contrato.
Que se solicite a Sulambiente que regrese los L12 millones que están retenidos en las cuentas y que quede sin valor y efecto un contrato de transacción suscrito en el año 2005, recomienda la comisión adhoc en el informe al alcalde Armando Calidonio. En resumen, que se le de cumplimiento a la sentencia.
LA PRENSA tuvo acceso al informe condensado que fue elaborado por la comisión adhoc donde se conformaron dos equipos de trabajo: el legal y el técnico-financiero, para revisar aspectos relacionados con el proceso de contratación con la compañía.
En el análisis técnico se reveló que en cinco años ocurrió un descarado robo contra los sampedranos al comprobar que la municipalidad pagaba en recolección de basura más de mil toneladas diarias cuando apenas se recogían 606, ocasionando un fraude de L156 millones.
En la parte legal la comisión hace varias recomendaciones, entre ellas que se dé estricto cumplimiento al fallo emitido por el referido Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en la sentencia firme de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil cinco (2005), que en su parte resolutiva establece el pago de la indemnización que ya se hizo, costas del juicio y la firma del contrato.
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La comisión sugiere también que se suscriba un documento legal para que se deje sin valor y efecto alguno el contrato de transacción suscrito entre la municipalidad y Sulambiente en el año 2005, en el que se pone fin al diferendo legal entre ambas y simultáneamente se suscribió el Contrato de Servicios de Recolección de Desechos Sólidos. También recomiendan a la Alcaldía que pida a Sulambiente que por medio de su apoderado judicial gestione ante el Juzgado de Letras Contencioso de lo Administrativo de Tegucigalpa el desistimiento de todas las acciones judiciales incoadas contra la Municipalidad de San Pedro Sula para el reclamo de los intereses corrientes y moratorios generados por la falta de pago de la indemnización a que fue condenada, una vez emitida la orden de inicio de servicio, como fue ofrecido por ellos. Sólo en intereses suman L127 millones.
Además, que se establezca el mecanismo y el compromiso de Sulambiente para que devuelva los valores retenidos involuntariamente por los bancos involucrados en la ejecución de los embargos sobre las recaudaciones. Suman L12 millones.
De acuerdo al análisis técnico financiero realizado por los consultores contratados por la municipalidad de San Pedro Sula, el Contrato de Servicios de Recolección, Manejo y Disposición de Desechos Sólidos y Limpieza Vial de la ciudad, puede ser honrado y pagado por la Alcaldía siempre que la Sociedad Mercantil Sulambiente presente valores de tarifas actualizadas de recolección y relleno sanitario similares a las que resultaron en el estudio.
La Alcaldía gasta actualmente L286.42 por tonelada en un sitio que no genera ningún beneficio para el municipio y que representa un inminente peligro a la salud de los habitantes.
Las condiciones precarias en que funciona el botadero también están contempladas en el informe, por lo que es urgente contar con un lugar donde la basura no contamine el suelo, agua, aire y que devuelva beneficios sociales y económicos al municipio.
