El alcalde Juan Carlos Zúniga debe firmar el contrato de servicios de recolección , manejo y disposición de los desechos sólidos y limpieza vial de San Pedro Sula con Sulambiente porque es una orden judicial, advirtió el exprocurador Gustavo Erazo.
De lo contrario se incurriría en una desobediencia judicial; además, debe ser firmado el contrato de acuerdo con las bases de licitación y luego enviarlo al Congreso Nacional para que sea este el que lo apruebe o desapruebe.
Recordó que hay un recurso de apelación sobre la tasación de intereses presentada por Sulambiente que fue por 110 millones de lempiras; la Municipalidad apeló y falta que la Corte de Apelaciones se pronuncie sobre ese recurso y de no ser favorable la Municipalidad tendría que recurrir a la casación.
Ayer, el apoderado legal de Sulambiente, José Manuel Gutiérrez, se presentó a la Secretaría Municipal para conocer el avance de una manifestación por la vía administrativa presentada la semana anterior.
El secretario municipal, Ramón Rodríguez, explicó que
el apoderado se presentó para notificarse del auto de admisión del escrito y hay que esperar la respuesta de la Procuraduría Municipal que tiene que pronunciarse al respecto. “Se le va a enviar para que se emita un dictamen”.
Indicó que
la manifestación presentada por el apoderado de la empresa contiene una relación histórica de los hechos
y argumentan que están enterados de las licitaciones de los servicios de parques y bulevares.
“Ellos argumentan que eso les compete a ellos
como parte del contrato que la Municipalidad y la empresa Sulambiente tienen pendiente de firmar”.
El secretario explicó que está pendiente el reclamo del pago de intereses que se está ventilando en una pieza separada en un juzgado en Tegucigalpa.
La Municipalidad ya pagó los daños y perjuicios más las costas del juicio.
Aclaró que la sentencia mandaba al pago de daños y perjuicios, al pago de costas y a la firma del contrato ya se han cumplido dos puntos.
“Una vez que se firme el contrato
este debe ir al Congreso Nacional para ver si lo aprueban o desaprueban”.
Explicó que quien tiene que firmar el contrato es el alcalde porque es el representante legal de la Municipalidad con previa aprobación corporativa. “La sentencia es una orden de un juzgado y hay que darle cumplimiento”, enfatizó.
El apoderado legal de Sulambiente reiteró que la sentencia ordena a la Corporación Municipal a aprobar la suscripción del contrato y posteriormente debe ser remitido al Congreso Nacional. “Vamos en función de que la firma de este contrato lejos de ocasionar un gasto significa un ahorro de acuerdo con las tarifas que está manejando en este momento la alcaldía”
Dejó claro que actualmente la Municipalidad -según sus cifras- paga alrededor de 300 millones de lempiras al año por contratación directa de maquinaria y equipo obsoleto.
“Las personas que ejecutan esa labor lo hacen en condiciones inhumanas y nosotros lo que venimos a plantear y ofrecerle a la ciudad es modernización en la recolección de los desechos sólidos y el tratamiento del mismo en un relleno sanitario acorde a las normas ambientales que están establecidas”.
Detalló que respecto a los intereses, el Juzgado está todavía pendiente de resolver y sería especular en cuanto a la cantidad que va a dictaminar el juez.
“Consideramos que independiente de que el juez resuelva sobre los intereses debemos ir sentando las bases para que suscriba el contrato y bajo qué modalidades se va a establecer, y eso está dentro de los cánones de una negociación.
Estamos buscando acercamientos porque no venimos a confrontar o a crear crisis, sino a que se cumpla la sentencia”, dijo. Indicó que el equipo ya está listo para operar.
