Más de nueve mil solicitudes de traslados de domicilio quedarán en suspenso tras la disposición del TSE (Tribunal Supremo Electoral) de darles curso solamente a los trámites que fueron realizados basados en la ley.
La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas establece que el ciudadano podrá solicitar cambio de registro de domicilio electoral solamente en los casos en que resida o que sea originario del municipio para el cual solicita el cambio, debiendo hacer la gestión personalmente ante la oficina del Registro Civil Municipal de su nuevo domicilio electoral. El ciudadano que gestione un cambio de domicilio electoral fuera de los dos casos anteriores incurrirá en delito electoral. Se estima que de las 19,000 solicitudes efectuadas a la fecha del 2 de agosto, cuando finalizó el período legal, unas nueve mil solicitudes se hicieron fuera de la ley.
David Matamoros, magistrado del TSE, expresó que ninguno de los cambios solicitados se han procesado, pues gran parte de la documentación no ha llegado a las oficinas centrales.
Matamoros expuso que para evitar cometer alguna injusticia, el TSE concede un plazo hasta el 10 de agosto para que el ciudadano que se sienta perjudicado con la suspensión de su solicitud acuda a las oficinas del Tribunal a ratificar que se ha hecho el trámite correcto. La medida se adoptó ante las denuncias por las que se ha documentado una serie de anomalías en la gestión de traslados domiciliarios que al parecer están siendo trastocados por algunos políticos que pretenden aventajar de esta forma a sus contrincantes, posiblemente apoyados por algunos registradores municipales.
“Eso se hace para garantizar la legitimidad de las elecciones, para que los candidatos que resulten electos sea con votos de las personas que viven en la comunidad y no con votos de otras personas que maliciosamente han sido trasladadas”, dijo Matamoros.
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