San Pedro Sula. Hoy empieza en Tegucigalpa el juicio oral y público contra Josué Argeñal, exgerente del Instituto de Previsión Social de los Profesionales del Derecho.
Desde las 9:00 am, la sala quinta del Tribunal de Sentencia de la capital iniciará el debate con la evacuación de los medios de prueba que fueron propuestos para el juicio.
Argeñal es acusado de uso de documentos falsos y delitos contra la administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones.
“Este acto del Ministerio Público de promover el requerimiento fiscal contra el exgerente del Instituto de Previsión es un mensaje muy claro para la población hondureña, donde se evidencia que todas aquellas personas que actúan al margen de la ley serán castigadas. Este es un acto mediante el cual los abogados reinvidicarán su honor después del acto bochornoso que ocurrió en el seno del Colegio de Abogados”, explicó Maribel Espinoza, reconocida profesional sampedrana del derecho.
El escándalo que sacudió a este gremio se debió al desorden administrativo al desaparecer 200 millones de lempiras, que eran fondos de las reservas monetarias del Colegio de Abogados de Honduras existentes en el período de 2009 y 2010.
La nueva junta directiva de los abogados que asumió en 2012 descubrió la malversación de los fondos de al menos 16 mil abogados; según el informe que se emitió había incluso textos de auditores en los cuales se recomendaba quemar toda la documentación soporte de las finanzas de los últimos cuatro años.
Tras las investigaciones del Ministerio Público fueron procesados Argeñal y el auditor José Israel Euceda Villanueva por suponerlos responsables de las operaciones financieras ilícitas.
“Estamos confiando en el sistema jurídico para que se haga justicia a los abogados que fuimos despojados de nuestros fondos. Es posible que el dinero no se recupere, pero debe decirse quiénes se apropiaron de ese dinero. Hay más involucrados y vamos a presionar al Ministerio Público para que actúe con el resto de implicados”, dijo Josué Roberto Palomo, abogado.
Hoy las fiscales Ruth Rodríguez y Marina Zúniga, en representación del Ministerio Público, y el abogado Juan Sánchez Cantillano, del Colegio de Abogados de Honduras, presentarán las evidencias en contra de los imputados.
El mal manejo de fondos originó que el Congreso Nacional reformara la Ley Orgánica del Colegio de Abogados para proteger el 92% de los ingresos que recibe el Instituto por la venta de certificados de autenticidad y timbres.
