Tegucigalpa, Honduras.
Los procesos de depuración y certificación de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público (MP) pueden ser acompañados por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
Según el coordinador general de Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro, el convenio firmado en enero de este año que da vida a la Maccih ya establece esta tarea.
“Es parte del convenio que suscribimos con la OEA, así que no hay ahí una respuesta como formal, sino que simplemente la expresión del deseo tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público de avanzar en ese proceso; ya pueden ellos comenzar a acompañar este proceso”, dijo.
Aclaró que la petición de acompañar los procesos de depuración surgió del Poder Judicial y del Ministerio Público, y que el Gobierno fungió como conducto para esas peticiones que se traducirán en apoyo para una tarea que, aseguró, ya comenzó.
La semana anterior, Reinaldo Sánchez, ministro de la Presidencia, presentó a la Organización de Estados Americanos (OEA) una carta firmada por el presidente Juan Orlando Hernández en la que se manifiesta el apoyo a las peticiones que entregaron ambas instituciones. Por su parte, el Presidente de la República aseveró que “las depuraciones o las certificaciones deben ser para todos, por lo tanto en ese proceso nosotros estamos dispuestos a acompañarlos. De parte del Poder Ejecutivo tendrán todo el respaldo”.
Protocolo
Por su lado, el presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, insistió en que un grupo técnico nombrado por la Corte Suprema de Justicia está construyendo el borrador del protocolo bajo el cual se regirá el proceso de certificación de los jueces. “Estamos concluyendo con la primera gran fase que es la redacción del borrador de lo que vamos a plantear en el seno de la Corte Suprema de Justicia para proceder a la aprobación de la normativa jurídica que tiene que ver con el proceso de certificación”, manifestó Argueta.
Para ejecutar una reestructuración tanto en la Fiscalía como en la Corte, el Estado deberá desembolsar una gran cantidad de recursos económicos.
Los procesos de depuración y certificación de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público (MP) pueden ser acompañados por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
Según el coordinador general de Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro, el convenio firmado en enero de este año que da vida a la Maccih ya establece esta tarea.
“Es parte del convenio que suscribimos con la OEA, así que no hay ahí una respuesta como formal, sino que simplemente la expresión del deseo tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público de avanzar en ese proceso; ya pueden ellos comenzar a acompañar este proceso”, dijo.
Aclaró que la petición de acompañar los procesos de depuración surgió del Poder Judicial y del Ministerio Público, y que el Gobierno fungió como conducto para esas peticiones que se traducirán en apoyo para una tarea que, aseguró, ya comenzó.
La semana anterior, Reinaldo Sánchez, ministro de la Presidencia, presentó a la Organización de Estados Americanos (OEA) una carta firmada por el presidente Juan Orlando Hernández en la que se manifiesta el apoyo a las peticiones que entregaron ambas instituciones. Por su parte, el Presidente de la República aseveró que “las depuraciones o las certificaciones deben ser para todos, por lo tanto en ese proceso nosotros estamos dispuestos a acompañarlos. De parte del Poder Ejecutivo tendrán todo el respaldo”.
Protocolo
Por su lado, el presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, insistió en que un grupo técnico nombrado por la Corte Suprema de Justicia está construyendo el borrador del protocolo bajo el cual se regirá el proceso de certificación de los jueces. “Estamos concluyendo con la primera gran fase que es la redacción del borrador de lo que vamos a plantear en el seno de la Corte Suprema de Justicia para proceder a la aprobación de la normativa jurídica que tiene que ver con el proceso de certificación”, manifestó Argueta.
Para ejecutar una reestructuración tanto en la Fiscalía como en la Corte, el Estado deberá desembolsar una gran cantidad de recursos económicos.
