Tegucigalpa, Honduras.
Jueces y magistrados aseguran que se sienten intimidados con las determinaciones tomadas por los miembros del Consejo de la Judicatura.
En las dos últimas semanas, el Consejo de la Judicatura suspendió de sus funciones a dos juezas. La primera es la juez Nely Martínez, quien conocía el caso en el que se acusó por la malversación de 500 mil dólares del Gobierno de China Taiwán al exministro de la Presidencia Enrique Flores Lanza y al actual regidor capitalino Rafael Barahora.
La segunda es la jueza María Dolores López Godoy que conocía otro caso contra Flores Lanza en el que se destinaron 10 millones de lempiras a la Guardia de Honor Presidencial para el proceso de la cuarta urna.
Cuestionamientos
En las últimas horas, nueve magistrados del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) enviaron una carta al presidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, exponiendo “preocupación” por dos situaciones.
La primera era “en relación con posibles injerencias desde lo interno del Consejo de la Judicatura en las decisiones estrictamente jurisdiccionales adoptadas en diferentes juzgados y tribunales”.
Y la segunda “referida a decisiones disciplinarias que se imponen por decisiones jurisdiccionales susceptibles de ser recurridas por las partes”. La carta detalla que “en el primero de los casos se ve afectada la independencia institucional que es un presupuesto fundamental para garantizar la imparcialidad de los jueces y asegurar a la ciudadanía una impartición de justicia sin interferencias indebidas de ninguna autoridad o persona y que estos juzguen únicamente en razón de los hechos del caso en particular y en la aplicación estricta del Derecho”.
Sobre la segunda preocupación expresan que “los traslados, remociones o sanciones por decisiones jurisdiccionales que pueden ser revisadas a través de los recursos legalmente establecidos, sin que vayan precedidas de un procedimiento disciplinario con las debidas garantías, atentan contra la independencia judicial”. Además señalan que “los jueces no pueden ser destituidos o sancionados por errores de buena fe (bona fide) o por discrepar con una determinada interpretación jurídica y menos aún por no actuar conforme a intereses extraños a los de la jurisdicción”.
Jueces y magistrados aseguran que se sienten intimidados con las determinaciones tomadas por los miembros del Consejo de la Judicatura.
En las dos últimas semanas, el Consejo de la Judicatura suspendió de sus funciones a dos juezas. La primera es la juez Nely Martínez, quien conocía el caso en el que se acusó por la malversación de 500 mil dólares del Gobierno de China Taiwán al exministro de la Presidencia Enrique Flores Lanza y al actual regidor capitalino Rafael Barahora.
La segunda es la jueza María Dolores López Godoy que conocía otro caso contra Flores Lanza en el que se destinaron 10 millones de lempiras a la Guardia de Honor Presidencial para el proceso de la cuarta urna.
Cuestionamientos
En las últimas horas, nueve magistrados del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) enviaron una carta al presidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, exponiendo “preocupación” por dos situaciones.
La primera era “en relación con posibles injerencias desde lo interno del Consejo de la Judicatura en las decisiones estrictamente jurisdiccionales adoptadas en diferentes juzgados y tribunales”.
Y la segunda “referida a decisiones disciplinarias que se imponen por decisiones jurisdiccionales susceptibles de ser recurridas por las partes”. La carta detalla que “en el primero de los casos se ve afectada la independencia institucional que es un presupuesto fundamental para garantizar la imparcialidad de los jueces y asegurar a la ciudadanía una impartición de justicia sin interferencias indebidas de ninguna autoridad o persona y que estos juzguen únicamente en razón de los hechos del caso en particular y en la aplicación estricta del Derecho”.
Sobre la segunda preocupación expresan que “los traslados, remociones o sanciones por decisiones jurisdiccionales que pueden ser revisadas a través de los recursos legalmente establecidos, sin que vayan precedidas de un procedimiento disciplinario con las debidas garantías, atentan contra la independencia judicial”. Además señalan que “los jueces no pueden ser destituidos o sancionados por errores de buena fe (bona fide) o por discrepar con una determinada interpretación jurídica y menos aún por no actuar conforme a intereses extraños a los de la jurisdicción”.
