Tegucigalpa, Honduras.
Un equipo multidisciplinario analizará la posibilidad de rebajar la edad punible de los jóvenes infractores hondureños.
El anuncio lo hizo ayer el presidente Juan Orlando Hernández en conferencia de prensa en Casa de Gobierno. La comisión la integrarán juristas y sociólogos que puedan convocar a diferentes sectores de la sociedad, como iglesias, defensores de los derechos humanos y de la niñez, para revisar este tema.
“Le he dado instrucciones al secretario general de Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro, para que entre juristas, sociólogos, puedan convocar a diferentes sectores de la sociedad para revisar dos temas”, apuntó.
Uno de ellos –prosiguió- es que muchos de estos jóvenes pueden ser parte de un proceso que lo reinserte a la sociedad, poder salvarlos, “y para eso necesitamos el nuevo sistema carcelario del país”.
El presidente Hernández reveló que casi el 40% de los hechos delictivos de alto impacto, y los que más conmocionan, tienen participación de jóvenes, “un hecho que reclaman diversos sectores de la sociedad porque se les concede un trato diferenciado, algo que sucede porque Honduras es parte de tratados internacionales”.
Infractores.
El mandatario añadió que es necesario “revisar a profundidad lo que han sido los centros de menores; y en ese sentido (se requiere) crear una estructura institucional, y además carcelaria, que no permita perder a todos aquellos jóvenes que pueden reinsertarse en la sociedad”.
Hernández agregó que “esta comisión va a revisar, después de escuchar a los diferentes sectores, si es necesario tomar una decisión como Estado, o nos quedamos como Estado dándoles un tratamiento diferenciado a los menores aunque cometan delitos atroces como cualquier adulto o se les trata como adultos como ocurre en otros países”. La comisión multidisciplinaria se instalará en las próximas horas.
Sistema colapsado.
El presidente Hernández consideró que es más que obvio “que todo el sistema carcelario del país ha estado colapsado” y parte de lo que no funciona es el trato a los menores, “y se está en el proceso de revisión, pero, igual, ha llegado el momento en el que se deben tomar decisiones”.
La otra decisión –indicó- implica saber “si se les sigue dando a los menores un trato diferenciado, permitiendo que los adultos los utilicen, causando impunidad”, o el país decide tratarlos como adultos al momento de llevarlos a la justicia, como sucede en otras naciones.
El titular del Ejecutivo explicó que definir cuál de las opciones es más viable para el país es el trabajo que debe realizar la comisión. Pero “no se puede seguir postergando el debate y, por lo tanto, se debe tomar una decisión”.
