Jorge Rivera Avilés, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), nombró
ayer una Sala Constitucional y un pleno especial para conocer los recursos de amparo presentados contra la destitución de cuatro magistrados del Poder Judicial.
Como se informó, el pasado lunes la presidencia de la CSJ propuso la conformación de dicha Sala especial, integrada por los magistrados Jorge Alberto Rivera Avilés, José Tomás Arita Valle, Raúl Antonio Henríquez Interiano, Víctor Manuel Martínez Silva y Edith Urtecho López, esta última directora de la Escuela Judicial.
A estos se les concedió un plazo de 72 horas para decidir si aceptan su nominación o se excusan de conocer y resolver exclusivamente los dos recursos de amparo interpuestos por los destituidos y la Barra de Abogados Anticorrupción.
El Congreso destituyó el 12 de diciembre pasado a los magistrrados Rosalinda Cruz, José Francisco Ruiz, Gustavo Enrique Bustillo y José Antonio Gutiérrez por declarar inconstitucionales las pruebas de confianza para depurar a la Policía.
Ese mismo día fueron sustituidos por Silvia Trinidad Santos, Germán Vicente García, José Elmer Lizardo y Víctor Manuel Lozano.
Se excusan
Los magistrados Martínez Silva y Urtecho López presentaron sus excusas; Rivera Avilés y Henríquez Interiano aceptaron conformar la Sala Constitucional, informó Melvin Duarte, portavoz de la CSJ.
En el caso de Arita Valle no se pronunció ayer, se le concedieron 24 horas más para hacerlo; sin embargo, la Presidencia de la CSJ da por hecho que aceptará la nominación. En sustitución de Martínez Silva y Urtecho López, el presidente de la Corte llamó a Danery Antonio Medal Raudales, magistrado de la Corte de Apelaciones Civil, y a José Antonio Mejía, asesor de la Secretaría General de la CSJ.
Estos ya habrían externado de forma verbal su anuencia a integrar la Sala. Por tanto, se da por hecho que la Sala Constitucional especial estará finalmente conformada por los magistrados Jorge Rivera Avilés, Tomás Arita Valle, Raúl Henríquez (miembros del pleno), Danery Medal y José Mejía.
Cabe recordar que Henríquez fue quien dio lectura al pronunciamiento de siete magistrados, que calificó como un atentado a la independencia judicial la destitución de los magistrados y dio declaraciones a medios de comunicación sobre el tema. Igualmente, Rivera Avilés externó públicamente su solidaridad con los magistrados destituidos.
Conforman pleno
En el oficio, Rivera Avilés da a conocer la propuesta de integración de un pleno especial de magistrados para conocer los amparos, en el eventual caso de ausencia de un magistrado de la Sala Constitucional o que el fallo que esta emita no sea unánime. La ley dicta que si la resolución de la Sala es por mayoría, los amparos deberán ser resueltos por el pleno. Por ello, Rivera Avilés previó llamar a otros diez magistrados para completar un pleno especial.
Propuso a Marlene Suyapa Pérez, magistrada de la Corte de Apelaciones de La Ceiba; María Luisa Ramos Matute, magistrada de la Corte de Apelaciones Civil; Adela María Kafaty, magistrada de Corte de Apelaciones del Trabajo; Rodrigo Humberto Girón, magistrado de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán; María Fátima Baide, magistrada de Corte de Apelaciones de San Pedro Sula; Manuel Antonio Pacheco, magistrado de la Corte de Apelaciones de Choluteca; Rina Auxiliadora Alvarado, magistrada de la Corte de Apelaciones Contencioso Administrativo; Mirian Suyapa Barahona, magistrada Corte Tercera de Apelaciones; Garin Enoc Urquía, magistrado Corte Seguna de Apelaciones de La Ceiba, y Karla Azucena Ferrera, magistrada de la Corte de Apelaciones de Trabajo de San Pedro Sula.
La Sala Constitucional especial tendrá la misión única de conocer y resolver los recursos de amparo registrados con No. SCO 1019-2012, presentado por la Barra de Abogados Hondureños Anticorrupción; y el SCO 1026-2012, interpuesto por los cuatro magistrados destituidos por el Congreso Nacional.
Personal de Corte Suprema pide aumento salarial
El personal que labora en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) planteó una petición de incremento salarial.
El impacto de la solicitud del incremento rondaría los 141 millones de lempiras y abarcaría desde los empleados de menor categoría hasta los altos jueces y magistrados.
El presidente de la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial, Humberto Figueroa, informó que ya se formalizó la petición del ajuste salarial en un oficio dirigido al presidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés.
Detalló que solicitan un aumento de 1,015 lempiras para los que ganan de seis mil hasta ocho mil; 1,576 para los que ganan de 10 mil a 15 mil lempiras; 2,862 en el rango de 15 mil a 27 mil lempiras; y del 4.3 al 9% a los que devengan 31 mil lempiras en adelante.
Rivera Avilés ofrecerá una respuesta a la asociación de empleados, de si procede o no conceder el incremento salarial.
Ver más noticias sobre Honduras
