La reunión del Consejo de Defensa y Seguridad (CNDS) convocada de emergencia por la presidenta Xiomara Castro fue por el reclamo colectivo en Choluteca contra el proyecto de Ley de Justicia Tributaria.
Además
El Cohep desmintió que patrocinara la marcha. Analistas políticos coincidieron en que estas manifestaciones masivas en Choluteca significan el despertar de Honduras ante un mal Gobierno. “Lo que ocurrió en Choluteca es la expresión máxima del descontento del pueblo y tienen que entenderlo”, analizó el sociólogo Pablo Carías.
Así lo dejó evidenciado la propia mandataria en el comunicado que leyó al finalizar la sesión que tuvo junto a los presidentes de los otros poderes del Estado y los secretarios de Estado de Defensa y Seguridad y el fiscal general del Estado.
Las determinaciones adoptadas por el CNDS fueron: condenar los actos de violencia en el marco de la discusión y socialización de la Ley de Justicia Tributaria, que han puesto en peligro el orden, la paz y la seguridad interior del Estado, con las provocaciones ocurridas en las calles de la ciudad de Choluteca el 9 de mayo.
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La presidenta manifestó que estas acciones de protesta buscan impedir la función procesal legislativa del Congreso Nacional, por lo que se procede a diseñar la estrategia de prevención, combate, investigación y sanción de esas conductas.
Medidas
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad ordenó la investigación exhaustiva de los hechos acaecidos en Choluteca el día antes citado, en el que, según la jefa de Estado, empresas privadas y organizaciones políticas dieron instrucciones y financiaron a sus empleados para movilizarse en contra del proyecto e impedir que la Ley de Justicia Tributaria sea aprobada.
En caso de ser identificados los responsables de instigar y financiar esa marcha en el sur del país, así como otras para el mismo fin, deberá deducirse la responsabilidad y ejecutar lo que manda la ley.
Para finalizar, la mandataria hizo un llamado a la ciudadanía, “para que se mantenga atenta frente a estas manipulaciones y acciones de personas y grupos que pretenden utilizarlos para mantener sus privilegios y evitar rendir cuentas, debiendo denunciarlas ante las autoridades competentes para que se les aplique todo el peso de la ley”.
El acuerdo firmado por todos los integrantes del CNDS es de ejecución inmediata y para tal efecto se instruyó a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad remitirlo a los entes competentes.
Reacciones
Luego de la determinación del CNDS, las reacciones no se dejaron esperar desde la oposición política.El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, expresó que “la manifestación desde la Presidencia de la República contra un derecho de manifestación del pueblo convierte al país en una dictadura familiar de los Zelaya”.
También -según Zambrano- “ violenta el derecho de manifestarse, la libertad de expresión y abre paso a persecución política. Si lo que señala que se acuse a personas por acciones de desprestigio a su gobierno, la familia Zelaya debe mil años de cárcel por las campañas de desprestigio contra los Gobiernos anteriores”.
