Contrario al discurso oficial de todos los gobiernos, incluido el de Xiomara Castro, la mujer, la juventud y la niñez, las tres poblaciones más vulnerables en Honduras, siguen siendo menos prioritarios dentro de las políticas y estrategias estatales.
Las cifras del Presupuesto General de la República una vez más evidencian que las instituciones responsables de ejecutar estrategias para proteger los derechos y hasta la vida de mujeres, niños y jóvenes, como dicen algunos empleados, “siguen trabajando con las uñas porque no hay suficientes recursos”.
En 2024, de un presupuesto general de L407,137,469,634, la Secretaría de la Mujer tendrá una asignación de L153,422,789; la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer, L168,581,863; la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), L283,688,085; Patronato Nacional de la Infancia, L1,064,250,625 y el Instituto Nacional de la Juventud (Injuven), L30,166,724.
La suma de todos los montos aprobados por el Congreso a esas instituciones apenas llega a L1,700,110,086, equivalente a 0.418% de todo el presupuesto su sufragará los gastos y las inversiones del aparato estatal.
Noemí Dubón, abogada del Foro de Mujeres por la Vida, considera que las entidades que protegen a la mujer y la niñez deben contar con un mayor presupuesto para que el Estado también cumpla con los compromisos y acuerdos firmados con organizaciones internacionales.
“La mujer enfrenta un problema grande por discriminación, desigualdad y por las diversas violencias. Nosotros somos más del 50% de la población del país y también pagamos impuestos”, pero los presupuestos aprobados para las entidades que protegen los derechos de la mujer son bajos, dijo Dubón.
Según esta abogada, que ha conocido cientos de casos de mujeres víctimas de violencia, “la Ley de Municipalidades señala que de las transferencias deben aportar el 5% a la mujer, pero ninguna lo aporta a la Oficina Municipal de la Mujer. Justifican ese porcentaje con entrega de medicamentos y canastas familiares, no atacando los problemas estructurales que mantienen a la mujer relegada y sin protección ante la violencia”.
Igualmente, Carmen Julia de Jesús Sorto, abogada experta en temas de mujer y niñez, recuerda que alrededor de 2017, cuando trabajaba en la desaparecida Dinaf, esa institución carecía (como secretaría sigue igual) hasta de automóviles para rescatar y transportar a un niño víctima de violencia.
Mujeres
El Estado puede evitar algunas muertes de mujeres Si las instituciones del gobierno que protegen a las mujeres tuvieran mayor presupuesto, tendrían capacidad para adquirir más automóviles, más personal y tecnología para dar respuesta inmediata a las víctimas de violencia. A algunas mujeres no las logran rescatar en el momento de la agresión por falta de un carro.
“Con el presupuesto que ha tenido Dinaf, esta institución no da abasto. Algunas organizaciones no gubernamentales la apoyamos con donaciones cuando hace un rescate de un niño al cual deben darle ropa y alimentación, pero no tienen recursos”, dijo Sorto, quien actualmente es presidenta de la organización no gubernamental Aliento de Vida que tiene como objetivo ayudar a la niñez.
Para Sorto “lo ideal es que todas estas instituciones tengan un mayor presupuesto para que puedan atender las necesidades de las mujeres que son quienes cuidan a la niñez y que al mismo tiempo están y han sido marginadas (laboralmente) hasta de las instituciones del gobierno”.
“Es necesario que tengan un mayor presupuesto porque cuando no hay un vehículo para rescatar un niño o darle una respuesta inmediata a una mujer víctima de violencia, estamos generando una revictimización extra”, dijo.
