Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad rindieron anoche un informe al Congreso Nacional de las inversiones realizadas en el combate contra la criminalidad y la delincuencia, destacando que de los 1,241.7 millones de lempiras recaudados a la fecha por ese tributo, solamente 47.5% fueron desembolsados y ejecutados en diferentes proyectos que en suma representaron L589.6 millones.
De esos 1,241 millones de lempiras, unos 652.1 millones están disponibles en el Banco Central de Honduras (BCH), entre ellos unos 200 millones que están depositados en inversiones de corto plazo.
El informe destaca que desde 2012 a la fecha se desembolsaron 589.6 millones de lempiras a los órganos de seguridad del Estado y a los operadores de justicia, correspondiendo 352.8 millones para la Secretaría de Seguridad, 163.2 millones para la Secretaría de Defensa, 22.5 millones al Ministerio Público, 14.0 millones a la Corte Suprema de Justicia, 6 millones a las municipalidades y 30.9 al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
En términos porcentuales, de los 589.6 millones ejecutados, el 60% correspondió a Seguridad, 28% a Defensa, 4% al Ministerio Público, 2% a la Corte Suprema de Justicia, 1% a las municipalidades y 5% al Consejo Nacional de Defensa.
El informe destaca que en el presente año se hizo la mayor cantidad de desembolsos, ya que en 2012 únicamente se entregaron 65.8 millones de lempiras, mientras que entre enero y mayo del presente año se entregaron 523.8 millones. Los detalles de las inversiones no fueron revelados arguyendo motivos de seguridad en algunas de las compras.
Los responsables del denominado “tasón”, Juan Ferrera, coordinador del Comité; Reinaldo Sánchez, representante del Gobierno; Juan Ramón Molina, representante del sector empresarial, y el director ejecutivo del organismo, Javier Álvarez, respondieron a las interrogantes y los fuertes cuestionamientos de los diputados en torno a la poca agilidad en el desembolso de los recursos y la falta de claridad en algunas compras, entre ellas, las famosas cámaras de seguridad.
Frente a los críticas de los parlamentarios, los representantes del Comité señalaron que ellos únicamente estaban encargados de velar por el correcto desembolso de los recursos de la tasa de seguridad, pero el destino del dinero es una potestad del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que aprueba los requerimientos que hacen cada uno de los operadores de justicia.
La comparecencia comenzó con una exposición del destino que se les ha dado a los fondos del tasón desde que la Ley de Seguridad Poblacional entró en vigor hasta el 15 de mayo del presente año. Posteriormente se pasó a una ronda de preguntas y respuestas, donde los legisladores aprovecharon para hacer fuertes críticas y demandar acciones concretas para agilizar el uso de los fondos.
El director del Comité, Javier Álvarez, aclaró que las recaudaciones ascendieron a 1,241 millones, de los cuales se ejecutaron 589 millones para un balance neto en banco de 652.1 millones.
De esta última cantidad, 200 millones se encuentran en inversiones de corto plazo del Banco Central, apegados a que la ley faculta al Comité para hacer inversiones de 60 a 90 días, para un total líquido disponible de 452 millones para inversiones futuras en las instituciones beneficiarias.
Álvarez destacó que a la fecha el Comité registra un total de 858 millones de lempiras comprometidos en diferentes proyectos de corto plazo solicitados por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, pero lo más preocupante es que hay un total de 2,291 millones de lempiras en solicitudes de proyectos presentados en los últimos cuatro meses.
Preguntas de los diputados
Durante la ronda de preguntas y respuestas, los diputados Valentín Suárez y Sergio Castellanos les exigieron a los miembros del Comité aclarar sobre los fondos entregados para el proyecto de las cámaras de seguridad.
El coordinador del Comité, Juan Ferrera, respondió que recibieron una solicitud del Consejo Nacional de Defensa para que se pagara una parte de los 307 millones de lempiras destinados al Proyecto de Ciudades Inteligentes, dentro del cual se contemplaba la compra de las famosas cámaras de seguridad.
El parlamentario liberal Carlos Martínez cuestionó que en lugares como Puerto Cortés la tasa de seguridad, en vez de ayudar a reducir la inseguridad, se ha convertido en una herramienta para la delincuencia, en vista de que desde que se aprobó esta iniciativa la ciudad puerto dejó de recibir un poco más de 8.5 millones de lempiras.
Recordó que, antes de eso, Puerto Cortés percibía por la tasa de seguridad municipal entre 7.5 y 8.5 millones de lempiras, lo que permitió colocar cámaras en la ciudad, crear un centro de vigilancia y apoyar a la Policía, pero desde que se aprobó la ley, la delincuencia y las extorsiones crecieron como la espuma, ya que los desembolsos los ha venido haciendo a cuentagotas el Comité.
El legislador le pidió al organismo explicar por qué se redujo a seis millones la transferencia para ese municipio y por qué ese dinero se le entrega a cuentagotas.
“De los ocho millones que le corresponden a Puerto Cortés, solo le transfirieron seis millones, y si así se maneja la tasa de seguridad, parece que Puerto Cortés queda excluido y en vez de mejorar va para atrás”, deploró.
El diputado pinuista Mario Rivera Vásquez, quien mocionó para la interpelación de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso, expresó su preocupación de que se estén repartiendo grandes cantidades de dinero en los operadores de justicias, pero no se tengan informes de la forma en que se está invirtiendo el dinero.
Otros diputados como el udeísta Sergio Castellanos y los nacionalistas Renán Inestroza y Juan Fernando Lobo cuestionaron que no es posible que mientras la delincuencia crece a pasos agigantados y la Policía carece de material y logística, se tengan más de 600 millones de lempiras depositados en el Banco Central de Honduras, por lo que exigieron la agilización de esos fondos para combatir la criminalidad.
