El complejo turístico Palm Beach, ubicado en la isla de Roatán, no solo está asegurado y administrado por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) sino que un juez ordenó un embargo y una hipoteca por lo que la venta se haría al margen de la ley.
Documentos oficiales de la misma Oabi señalan que la propiedad está embargada desde el 21 de marzo de 2022, ordenado por el Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía.
No obstante, fue el 19 julio pasado que la Oabi procedió con la venta directa del complejo, pero al entrar en una serie de controversias en la Comisión Interventora, y al enterarse que la determinación era ilegal, la venta fue anulada.
Claves
El Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía ordenó desde el 21 de marzo de 2022 un embargo sobre la propiedad. Un año y cuatro meses después la Oabi pretendió venderla de forma directa.
De oficio, la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública abrió una investigación en la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) por la venta irregular del lujoso complejo turístico en Roatán, Islas de la Bahía.
“Una de las razones -por las que se revocó la venta de la propiedad- es porque no se había notificado a un primer oferente, otra de las razones es porque pesa un embargo y una hipoteca; posteriormente, llegando a consenso con los comisionados, se va a someter a la venta o no”, admitió Suazo.
Aunque Suazo justificó que la División Legal emitió un dictamen en el que se establece que la venta de la propiedad era “correcta y que venda al mejor postor, la Secretaría General emite una resolución, y su servidor autoriza en virtud que la propuesta es la mayor y es la más beneficiosa para Estado porque (la propiedad) se está deteriorando, si se somete a un nuevo avalúo esto se baja en un 25%”.
“La venta se estaba haciendo en legalidad, pero para mayor transparencia hablé con los comisionados y les dije vamos a anular eso”, dijo.
Aunque la Oabi haya revocado la millonaria venta directa y anticipada del complejo Palm Beach, el hecho reñido con la legislación hondureña fue consumado.
Es decir, que las investigaciones de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública continuarán con el proceso; recabando información, interrogando a funcionarios y realizando otras pesquisas que lleven al esclarecimiento de los hechos.
Se consultó al comisionado Rigoberto Portillo acerca de los alcances de la venta y respondió: “Es un tema del que por el momento no me puedo pronunciar en entrevistas. Nos han pedido darle el espacio al Comisionado Presidente para que aclare lo sucedido porque es su responsabilidad, no la nuestra. Ambos comisionados adjuntos ya dejamos sentada una posición por escrito”.
