El polémico decreto 116-2019 que regulaba el uso y manejo de los dineros conocidos como Fondo Departamental fue objeto de auditorías por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), y aunque algunos tenían indicios de responsabilidad penal, nadie guarda prisión por esa causa.
El 3 de agosto de 2022 el TSC inició el proceso de entrega al Ministerio Público de 1,100 expedientes de auditorías e investigaciones relacionadas con el Fondo Social de Planificación Departamental, el Fondo de Desarrollo Departamental.
De la totalidad de expedientes referidos en ese momento al ente acusador del Estado, seis de ellos tenían indicios de responsabilidad penal, es decir, de haberle dado un mal uso a los fondos estatales, por parte de los diputados del Congreso Nacional.
" En cuanto a las subvenciones, sí hay de todas las bancadas, y no voy a exhibir a nadie. "
Al consultarle al magistrado presidente del TSC, José Juan Pineda Varela, si quedaron expedientes o recursos pendientes por presentar en el MP, este evadió la pregunta, diciendo: “yo le puedo dar esa respuesta después, porque en este momento es importante que usted como hondureño enaltezca la institución fiscalizadora”.
“Háganme preguntas relacionadas para que sirve esta institución”, recomendó el funcionario público. Actualmente se desconoce si el TSC sigue trabajando en investigar el uso del dinero del Fondo Departamental.
Subvenciones
Los diputados de oposición manifestaron ayer su voluntad de someter a discusión la derogación de los artículos que dan vida a las cuestionadas subvenciones.
“Hay dos figuras legales que hay que derogar, lo que el Partido Nacional pedía era que se derogará la subvención pero también hay que atacar el Fondo Departamental, nosotros como PSH estamos dispuestos a que sean derogados”, apuntó Jhosy Toscano, jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH).
El diputado del Partido Nacional Tomás Zambrano dijo que “los de Libre son cínicos y de doble moral porque continúan cobijándose en el mayor pacto de impunidad que protege a corruptos del gobierno de Mel”.
No obstante, desde de la bancada liberal, parlamentarios que no son beneficiados con el bono otorgado por el Congreso se manifestaron a favor de eliminar ambas leyes que generan corrupción e impunidad.
El Congreso otorga 100 mil lempiras mensuales a los diputados oficialistas por subvenciones.
