Tegucigalpa, Honduras
Los supuestos representantes legales de las fundaciones Dibattista y Todos somos Honduras que firmaron los convenios con la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) no fueron acusados en el requerimiento presentado por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) por el caso Pandora.
En los contratos que ambas fundaciones suscribieron con Jacobo Regalado, entonces secretario de la SAG, aparecen las firmas de Camille Ernest Rietmeijer, de la fundación Dibattista, y Jaime Antonio Suárez, de Todos somos Honduras, quienes no aparecen en la acusación, a pesar de que fueron los que suscribieron los documentos legales.
Según la Ufecic y la Maccih, a través de estas dos fundaciones se drenó un total de 282 millones de lempiras, unos 12 millones de dólares, de la SAG para la campaña política de los partidos Nacional, Liberal y Partido Frente Amplio (Faper) en el año 2013. En el requerimiento se acusa a 38 personas, entre ellas, a Fernando Josué Suarez Ramírez, quien según el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), aparecía como presidente de la junta directiva de Dibattista y de Todos somos Honduras y era el único autorizado para hacer los movimientos de las diferentes cuentas bancarias que estaban a nombre de las dos organizaciones.
No obstante, LA PRENSA pudo cotejar en la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (Ursac) de la Secretaría de Gobernación que el cargo como presidente en ambas fundaciones lo ocupaba nominalmente Jaime Antonio Suárez, que tiene un parentesco familiar con Fernando Josué Suárez.
Dibattista fue registrada el 5 de enero de 2017 y Todos somos Honduras el 9 de diciembre de 2010. En la primera aparece como presidente fundador el empresario italiano Pietro Dibattista; sin embargo, este negó en una nota enviada al TSC que haya sido parte de la organización, aunque en un principio fue su idea crearla y para ello contrató los servicios profesionales de Fernando Suárez.
“No tuve conocimiento de que se haya constituido legalmente la fundación porque nunca se me informó al respecto, le pedí al abogado Fernando Suárez que me ayudara con la creación, y ahí perdí mi relación con la fundación. Nunca se me informó de la creación de la fundación, no le di seguimiento. No estaba al tanto de que la fundación ya había sido creada ni de ninguna operación que se haya hecho”, expresó en ese momento.
La Ufecic y la Maccih constataron que a través de estas dos fundaciones se drenaron todos esos dineros a candidatos a alcaldes, diputados y otros funcionarios. El Partido Liberal recibió un total de 99 millones de lempiras para pagar una deuda que tenía con instituciones bancarias.
Entre los acusados están el expresidenciable y actual diputado liberal Elvin Ernesto Santos, su padre Elvin Santos y los parlamentarios nacionalistas Celín Discua Elvir, Rodolfo Irías Navas, Elden Vásquez, Miguel Edgardo Martínez y los exministros de Finanzas, William Chong Wong (fallecido); de Agricultura, Jacobo Regalado, y del Instituto Nacional Agraria (INA), Ramón Antonio Lara. Algunos de los señalados se defendieron aduciendo que sí recibieron el dinero, pero que fue destinado a la logística y organización de las elecciones de 2013.
Órdenes de captura
Se informó que esta semana se estarían librando las primeras órdenes de captura en contra de los principales implicados en el caso Pandora, una vez que la Corte Suprema de Justicia designe al juez natural que conocerá la acusación presentada por la Ufecic y la Maccih.
Así lo confirmó a LA PRENSA una fuente oficial del Ministerio Público, quien explicó que el juez natural que nombre el pleno de magistrados deberá emitir las medidas cautelares para que estas se hagan efectivas por la autoridad policial competente.
Por la gravedad del caso y las connotaciones que este tiene en la sociedad hondureña, la Ufecic y la Maccih solicitaron al Poder Judicial que proceda cuanto antes a librar las órdenes de aprehensión contra los 38 imputados en este escándalo de corrupción y que también se proceda al aseguramiento de sus bienes.
“Ufecic presentó las acusaciones, ahora la Corte Suprema deberá nombrar al juez que conocerá el expediente, y este dice si libra o no las órdenes de captura”, explicó por su lado Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público.
Consultado por LA PRENSA, Julián Pacheco Tinoco, ministro de Seguridad, informó que todavía no ha recibido ninguna notificación para proceder a la detención de algunas de las personas mencionadas, pero en el momento que se hagan efectivas se les dará el trámite correspondiente.
Esta semana se convoca al pleno de la Corte Suprema para designar al juez natural
Melvin Duarte, portavoz de la Corte, confirmó que la presidencia de este poder del Estado estará convocando próximamente al pleno de magistrados a fin de conocer el requerimiento presentado por la Ufecic, en el que acusa a 38 funcionarios, entre ellos, diputados, y particulares en el desvío de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a través de las fundaciones Dibattista y Todos somos Honduras.
“Existe un interés de parte de la presidencia de la CSJ para convocar lo más breve posible la sesión para que se haga el nombramiento del juez o jueza que conocerá este proceso”, manifestó el portavoz judicial.
El Código Procesal Penal contempla un procedimiento especial para el juzgamiento de altos funcionarios del Estado, que comienza con la designación de un juez natural que conozca la causa formulada por la entidad acusadora.
El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia designa a uno de sus miembros para conocer la acusación y celebrar las diferentes etapas del juicio en contra de los imputados.
El procedimiento debería aplicarse únicamente a los funcionarios acusados por la Ufecic, sin embargo, el mismo arrastra a los demás acusados en el caso Pandora.
A los diputados señalados se les acusa de lavado de activos en perjuicio del Estado.
Cronología del caso
2 diciembre 2015
Auditoría. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) concluye una investigación, en la que establece que hubo serias irregularidades en la asignación de fondos a Dibattista y Todos somos Honduras y remite sus conclusiones a la Fiscalía.
13 de junio de 2018
Investigación. Equipos integrados de la Ufecic y la Maccih presentan los resultados de la indagación del denominado caso Pandora, que involucra a 38 diputados, otros funcionarios y particulares en el desfalco de 282 millones de lempiras de la SAG.
13 de junio de 2018
DEFENSA. El Partido Nacional emite un comunicado en el que dice que están anuentes a colaborar con las autoridades y pide que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia de los acusados.
