Tegucigalpa, Honduras
El Congreso Nacional reinicia sesiones después de un receso de 15 días y esta semana conocerá la iniciativa del Poder Ejecutivo que busca la aprobación de un plebiscito para dejar en manos del pueblo la decisión de incorporar o no a la Constitución la figura de la Policía Militar.
El tema no será conocido este día porque está programada una sesión solemne con motivo de la condecoración de la que será objeto el embajador de Japón.
El presidente Juan Orlando Hernández presentó el sábado 24 de enero, después de conocer que su proyecto del rango constitucional no alcanzó la mayoría calificada de la Cámara, su nueva propuesta: el desarrollo de un plebiscito el mismo día que se celebren las elecciones generales programadas para el último domingo de noviembre de 2017.
Tras un largo debate, el Congreso Nacional decidió hace 15 días -67 votos en contra y 61 a favor- no ratificar el rango constitucional de la PMOP contenido en el decreto legislativo número 283-2014, aprobado el 8 de enero de 2014 y sancionado el 22 de enero de ese mismo año.
La misma Carta Magna establece que se requiere de la aprobación de dos legislaturas cuando se trata de una reforma constitucional y en ambos casos se necesitan los dos tercios de los votos.
En la primera legislatura se lograron más de cien votos a favor de la ratificación, pero en esta ocasión al Ejecutivo le faltaron 25 votos para alcanzar los 86 exigidos como mínimo.
Los diputados se limitarán a conocer la iniciativa del Ejecutivo, mientras el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, nombrará una comisión de dictamen integrada por representantes de todos los partidos. Esta comisión tendrá quince días para elaborar un informe y presentarlo al seno de la Cámara.
La propuesta del Gobierno lleva consigo una pregunta directa que deberá responder el pueblo: ¿Está usted de acuerdo con la permanencia de la Policía Militar del Orden Público en la Constitución de la República? Luego tiene las opciones: Sí o No. El Presidente de la República basa su iniciativa en las facultades que le otorgan la Constitución de la República y en la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana.
Además, como una forma de respaldo, el Gobierno está recogiendo la mayor cantidad de firmas posibles del pueblo (300 mil según las proyecciones) para mandarlas al Congreso a fin de que los diputados que se oponen tomen consciencia de la voluntad del soberano.
El nuevo debate
El decreto del Ejecutivo recoge dos componentes que seguramente volverán a generar el debate entre los diputados que adversan la iniciativa: primero, conserva el párrafo que faculta al Presidente de la República a tener un mando directo sobre la PMOP y, segundo, la Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) podrán ser vigiladas por la PMOP.
La “colita” cuestionada por la oposición apunta: “También son funciones y obligaciones de la Policía Militar del Orden Público, las directrices que emanan directamente del Presidente de la República, siempre de conformidad a lo establecido en los artículos 277 y 278 de la Constitución de la República, lo establecido en la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas de Honduras y la Ley de la Policía Militar del Orden Público”.
¿Ya fue resuelto?
El plebiscito planteado por el Ejecutivo tendrá seguramente como centro del debate dos aspectos: ¿Ya fue o no resuelto por un poder constituido? ¿Pasará el párrafo mediante el cual el Ejecutivo pretende mantener un “mando directo” sobre la PMOP? ¿El caso será de discusión abierta?
“El plebiscito se convocará solicitando de los ciudadanos un pronunciamiento sobre aspectos constitucionales, legislativos o administrativos, sobre los cuales los poderes constituidos no han tomado ninguna decisión previa”, dice el artículo 5 constitucional.
La oposición asegura que el caso ya fue resuelto por un poder constituido (Poder Legislativo) en la sesión del sábado 24 de enero cuando rechazó la ratificación del rango constitucional. Sin embargo, el abogado y diputado nacionalista, Tomás Zambrano, miembro de la Comisión de Seguridad del Congreso, considera que el Poder Legislativo no ha emitido ninguna ley, por lo tanto no se ha pronunciado.
