Tegucigalpa, Honduras.
El Congreso Nacional aplazó la discusión y aprobación en su tercer y último debate de la ley de protección a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia porque no se ha identificado el presupuesto para hacerla operativa.
El presidente de ese poder del Estado, Mauricio Oliva, declaró que la discusión se ha aplazado “porque no se quiere aprobar una ley que se quede en papel mojado”.
Oliva manifestó que del mismo gremio periodístico surgió la objeción de que se debe aprobar con el suficiente sustento presupuestario, pero que en el país hay un problema que no se puede soslayar, donde cada partida que se asigna es para gastos administrativos.
“Sin embargo, y como ha dicho el presidente Hernández, buena parte de la prevención y seguridad de las personas parte de la actitud que se asume y no se puede ser operador de justicia o presidente del Congreso si no se tiene esa actitud”.
Añadió que por eso, con buen criterio, el fiscal general del Estado, Óscar Fernando Chinchilla, ha establecido toda una reglamentación para que los operadores de justicia guarden las medidas que disminuyan su riesgo de sufrir un atentado.
En el caso de los comunicadores, dijo que existe el apoyo del Congreso Nacional, pero se requiere un presupuesto importante y que además los periodistas eviten situaciones de riesgo. “Se sabe que tienen derecho a la información, pero deben tomar sus medidas de precaución, que sus noticias tengan la veracidad del caso, con la fuente y, sobre todo, si es un tema difícil, tomar las medidas de precaución necesarias”, reiteró.
Los 71 artículos que contiene el dictamen ya fueron aprobados en su primer debate.
Diputados de los partidos de oposición advirtieron esta semana en las sesiones de las bancadas del Congreso que mientras no se asegure un presupuesto para la aplicación de esta ley, “sería perder el tiempo entrar a su discusión y aprobación”.
El Congreso Nacional aplazó la discusión y aprobación en su tercer y último debate de la ley de protección a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia porque no se ha identificado el presupuesto para hacerla operativa.
El presidente de ese poder del Estado, Mauricio Oliva, declaró que la discusión se ha aplazado “porque no se quiere aprobar una ley que se quede en papel mojado”.
Oliva manifestó que del mismo gremio periodístico surgió la objeción de que se debe aprobar con el suficiente sustento presupuestario, pero que en el país hay un problema que no se puede soslayar, donde cada partida que se asigna es para gastos administrativos.
“Sin embargo, y como ha dicho el presidente Hernández, buena parte de la prevención y seguridad de las personas parte de la actitud que se asume y no se puede ser operador de justicia o presidente del Congreso si no se tiene esa actitud”.
Añadió que por eso, con buen criterio, el fiscal general del Estado, Óscar Fernando Chinchilla, ha establecido toda una reglamentación para que los operadores de justicia guarden las medidas que disminuyan su riesgo de sufrir un atentado.
En el caso de los comunicadores, dijo que existe el apoyo del Congreso Nacional, pero se requiere un presupuesto importante y que además los periodistas eviten situaciones de riesgo. “Se sabe que tienen derecho a la información, pero deben tomar sus medidas de precaución, que sus noticias tengan la veracidad del caso, con la fuente y, sobre todo, si es un tema difícil, tomar las medidas de precaución necesarias”, reiteró.
Los 71 artículos que contiene el dictamen ya fueron aprobados en su primer debate.
Diputados de los partidos de oposición advirtieron esta semana en las sesiones de las bancadas del Congreso que mientras no se asegure un presupuesto para la aplicación de esta ley, “sería perder el tiempo entrar a su discusión y aprobación”.
