Tegucigalpa, Honduras.
Cinco de los seis policías solicitados en extradición por Estados Unidos negociaron su entrega con agentes antinarcóticos asignados a la embajada de ese país en Tegucigalpa, y ayer partieron de la base militar de Palmerola hacia Nueva York, en donde comparecerán en una Corte Federal para responder por los cargos de conspiración para importar cocaína, tráfico de armas y delitos conexos.
Mario Guillermo Mejía Vargas, Carlos José Zavala Velásquez, Juan Manuel Ávila Meza, Víctor Oswaldo López Flores y Jorge Alfredo Cruz Chávez, exoficiales de la Policía Nacional, salieron en un vuelo privado hacia aquella nación escoltados por un alto oficial y agentes de la Agencia de Estados Unidos para el Control de Drogas (DEA).
Con su entrega voluntaria, los expolicías buscan colaborar con la justicia estadounidense y acogerse a un convenio de declaración de culpabilidad que les permita reducir la pena que enfrentan por cada uno de los delitos que se les imputan.
Todos los anteriores afrontan una sentencia mínima obligatoria de 10 años en prisión, y una máxima de cadena perpetua.
El sexto expolicía acusado Ludwig Criss Zelaya Romero, de 39 años, actualmente se encuentra prófugo, ya que hace varios días trascendió su salida del país en un intento por evadir su inminente captura y posterior extradición.
A diferencia de los demás acusados, Zelaya Romero enfrenta una sentencia mínima de 40 años de cárcel, y una máxima de cadena perpetua.
Los cargos
El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, acusó a los seis oficiales de participar en una conspiración masiva de tráfico de drogas que supuestamente inundó a los Estados Unidos con toneladas de cocaína a través de pago de sobornos a funcionarios públicos y proporcionando información confidencial de los puestos de control policiales.
Los acusados trabajaban en contubernio con Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, con quien acordaron garantizar el paso seguro de toneladas de cocaína a través de las selvas de Honduras en su camino hacia las ciudades estadounidenses. La acusación establece que entre 2004 y 2014, muchas organizaciones de tráfico de drogas en Honduras y otros países trabajaron con el apoyo de los demandados y otros personajes locales para recibir cientos de kilogramos de cocaína provenientes de Venezuela y Colombia a través de
rutas aéreas y marítimas y transportarlos hacia la frontera con Guatemala y finalmente a Estados Unidos.
Los acusados aceptaron un soborno de 100,000 dólares y otra cantidad aproximada de 200,000 dólares para pagar a sus subordinados con el fin de proporcionar seguridad armada para el paso de la cocaína en su tránsito por el país.
El caso de los seis policías está a cargo de la jueza de distrito Lorna G. Schofield, ante quien el codemandado Fabio Porfirio Lobo se declaró culpable de un delito relacionado con el tráfico de drogas el pasado 16 de mayo de 2016 y espera sentencia en septiembre.
Cerrarán expedientes
A raíz de su entrega voluntaria, los expedientes de extradición de los cinco oficiales que se encuentran abiertos en la Corte Suprema de Justicia de Honduras serán cerrados por el juez natural que lleva el caso, pero el de Ludwig Criss Zelaya Romero quedará abierto en vista de que este es el único que no se entregó y por consiguiente debe agotarse el proceso.
Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, explicó que ahora solo quedaría que las autoridades hondureñas y las del Estado requirente hagan llegar la información relacionada con la entrega de los cinco expolicías al juez de extradición para anexar esa información al expediente de mérito y proceder a su cierre.
Tramitaron salvoconducto
Por su lado, el secretario de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, en conferencia de prensa ofreció detalles de la entrega de los acusados a la justicia estadounidense.
Pacheco explicó que los cinco expolicías se presentaron a las oficinas de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos en Tegucigalpa y se inició una coordinación para una entrega voluntaria.
“La Fiscalía de Manhattan autorizó un salvoconducto especial para que ellos pudieran entrar a Estados Unidos, ya que ellos no tienen una visa autorizada para entrar; se inició ese proceso y hoy se entregaron voluntariamente”, añadió.
Recordó que el 30 de junio de 2016 trascendió la acusación contra los exoficiales en una Corte Federal de Manhattan, por ello inmediatamente la Comisión de Depuración de la Policía Nacional procedió a revisar sus expedientes y se comprobó que todos estaban en proceso de salida de la institución policial, lo que facilitó la cancelación de sus acuerdos de nombramiento.
Reveló que a partir de esa misma fecha se inició un trabajo de coordinación con la DEA para facilitar su salida del país.
“Fue así como cinco de ellos se presentaron a la Agencia Antinarcóticos aquí en Tegucigalpa y se inició la coordinación para una entrega voluntaria, para lo cual la Fiscalía de Manhattan autorizó un salvoconducto especial a fin de que ellos pudieran entrar a Estados Unidos en vista de que no tenían visa de entrada a EUA”, apuntó.
El titular de Seguridad amplió que la entrega de los cinco expolicías se formalizó a las seis de la mañana de ayer en la base aérea Henrique Soto Cano en Palmerola, donde inició el trámite migratorio correspondiente, y a las 10:20 am partieron a Nueva York en un vuelo especial fletado por la DEA.
“Con esto estamos fortaleciendo el proceso de trabajo de la Comisión Especial de Depuración y el fortalecimiento de nuestra institución policial”, expresó.
Remarcó que existe una política de combate a la impunidad y que no se va a proteger a ningún policía que esté implicado en actos ilícitos.
Cinco de los seis policías solicitados en extradición por Estados Unidos negociaron su entrega con agentes antinarcóticos asignados a la embajada de ese país en Tegucigalpa, y ayer partieron de la base militar de Palmerola hacia Nueva York, en donde comparecerán en una Corte Federal para responder por los cargos de conspiración para importar cocaína, tráfico de armas y delitos conexos.
| 10
Años
De sentencia mínima enfrenta cada uno de los acusados en caso de ser encontrados culpables.
|
Con su entrega voluntaria, los expolicías buscan colaborar con la justicia estadounidense y acogerse a un convenio de declaración de culpabilidad que les permita reducir la pena que enfrentan por cada uno de los delitos que se les imputan.
Todos los anteriores afrontan una sentencia mínima obligatoria de 10 años en prisión, y una máxima de cadena perpetua.
El sexto expolicía acusado Ludwig Criss Zelaya Romero, de 39 años, actualmente se encuentra prófugo, ya que hace varios días trascendió su salida del país en un intento por evadir su inminente captura y posterior extradición.
A diferencia de los demás acusados, Zelaya Romero enfrenta una sentencia mínima de 40 años de cárcel, y una máxima de cadena perpetua.
 El proceso de entrega de los cinco exoficiales se formalizó en la base militar de Palmerola. Su salida se efectuó a las 10:20 am.
|
El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, acusó a los seis oficiales de participar en una conspiración masiva de tráfico de drogas que supuestamente inundó a los Estados Unidos con toneladas de cocaína a través de pago de sobornos a funcionarios públicos y proporcionando información confidencial de los puestos de control policiales.
| Tratado
La extradición de hondureños obedece a un tratado en la materia suscrito por los Gobiernos de Honduras y Estados Unidos el 15 de enero de 1909.
|
Los acusados aceptaron un soborno de 100,000 dólares y otra cantidad aproximada de 200,000 dólares para pagar a sus subordinados con el fin de proporcionar seguridad armada para el paso de la cocaína en su tránsito por el país.
| Convención adicional
El 21 de febrero de 1927, las autoridades de ambos Estados resuelven suscribir una Convención Adicional de Extradición en la que se agrega una nueva lista de delitos.
|
Cerrarán expedientes
A raíz de su entrega voluntaria, los expedientes de extradición de los cinco oficiales que se encuentran abiertos en la Corte Suprema de Justicia de Honduras serán cerrados por el juez natural que lleva el caso, pero el de Ludwig Criss Zelaya Romero quedará abierto en vista de que este es el único que no se entregó y por consiguiente debe agotarse el proceso.
Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, explicó que ahora solo quedaría que las autoridades hondureñas y las del Estado requirente hagan llegar la información relacionada con la entrega de los cinco expolicías al juez de extradición para anexar esa información al expediente de mérito y proceder a su cierre.
| Auto acordado
Ante la falta de reglamentación, la Corte Suprema de Justicia aprueba el 6 de abril de 2014 un auto acordado para facilitar la extradición de hondureños.
|
Por su lado, el secretario de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, en conferencia de prensa ofreció detalles de la entrega de los acusados a la justicia estadounidense.
Pacheco explicó que los cinco expolicías se presentaron a las oficinas de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos en Tegucigalpa y se inició una coordinación para una entrega voluntaria.
“La Fiscalía de Manhattan autorizó un salvoconducto especial para que ellos pudieran entrar a Estados Unidos, ya que ellos no tienen una visa autorizada para entrar; se inició ese proceso y hoy se entregaron voluntariamente”, añadió.
| 100,000
Dólares
Negociaron como soborno cada uno de los seis oficiales para facilitar el paso de la droga a EUA.
|
Reveló que a partir de esa misma fecha se inició un trabajo de coordinación con la DEA para facilitar su salida del país.
“Fue así como cinco de ellos se presentaron a la Agencia Antinarcóticos aquí en Tegucigalpa y se inició la coordinación para una entrega voluntaria, para lo cual la Fiscalía de Manhattan autorizó un salvoconducto especial a fin de que ellos pudieran entrar a Estados Unidos en vista de que no tenían visa de entrada a EUA”, apuntó.
| 200,000
Dólares
Se entregó a los seis acusados para pagar sobornos a subordinados.
|
“Con esto estamos fortaleciendo el proceso de trabajo de la Comisión Especial de Depuración y el fortalecimiento de nuestra institución policial”, expresó.
Remarcó que existe una política de combate a la impunidad y que no se va a proteger a ningún policía que esté implicado en actos ilícitos.
