Tegucigalpa, Honduras.
La compra irregular de pizarras electrónicas realizada por el Programa Ampliando Horizontes (PAH) tiene indicios de responsabilidad penal, indicó ayer el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Este proyecto adquirió 22 proyectores para pizarras interactivas y 14 pizarras interactivas a un costo de 1.2 millones de lempiras.
El Departamento de Auditoría del Sector Social del TSC inició en febrero de 2014 una investigación del accionar del Programa Ampliando Horizontes, donde se detectó que estas compras se hicieron de manera fraccionada de enero de 2010 a diciembre de 2012. Así lo establece el TSC en el informe 001-2014-DASS-PAH-SE-B.
Los resultados de este documento fueron publicados en marzo de 2014.
Entre las conclusiones de esta auditoría, se afirma que no se logró constatar el sustento legal del proceso de compra “fraccionado” de los 22 proyectores para pizarras interactivas y 14 pizarras interactivas. De acuerdo con el TSC, esta compra debió efectuarse mediante el proceso de licitación pública.
Es por eso que “existen indicios de responsabilidad penal, opinión que, de ser compartida con esa Fiscalía, provocará que esa dependencia entable la acción penal correspondiente ante los tribunales de justicia respectivos”, cita parte del oficio remitido por el TSC al fiscal general Óscar Fernando Chinchilla.
Adicionalmente se menciona que las compras se efectuaron a proveedores que no están inscritos en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa ni en la alcaldía municipal de esa ciudad.
La compra irregular de pizarras electrónicas realizada por el Programa Ampliando Horizontes (PAH) tiene indicios de responsabilidad penal, indicó ayer el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Este proyecto adquirió 22 proyectores para pizarras interactivas y 14 pizarras interactivas a un costo de 1.2 millones de lempiras.
El Departamento de Auditoría del Sector Social del TSC inició en febrero de 2014 una investigación del accionar del Programa Ampliando Horizontes, donde se detectó que estas compras se hicieron de manera fraccionada de enero de 2010 a diciembre de 2012. Así lo establece el TSC en el informe 001-2014-DASS-PAH-SE-B.
Los resultados de este documento fueron publicados en marzo de 2014.
Entre las conclusiones de esta auditoría, se afirma que no se logró constatar el sustento legal del proceso de compra “fraccionado” de los 22 proyectores para pizarras interactivas y 14 pizarras interactivas. De acuerdo con el TSC, esta compra debió efectuarse mediante el proceso de licitación pública.
Es por eso que “existen indicios de responsabilidad penal, opinión que, de ser compartida con esa Fiscalía, provocará que esa dependencia entable la acción penal correspondiente ante los tribunales de justicia respectivos”, cita parte del oficio remitido por el TSC al fiscal general Óscar Fernando Chinchilla.
Adicionalmente se menciona que las compras se efectuaron a proveedores que no están inscritos en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa ni en la alcaldía municipal de esa ciudad.
