Santa Rosa de Copán. Autoridades de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza), anunciaron que ya se seleccionó el banco que manejará el fideicomiso para que se realice la reconstrucción de las carretera que recorre el occidente de Honduras.
José Antonio Pineda, comisionado de Coalianza, indicó que luego que inició el proceso en agosto, se seleccionó a Banco Continental, al cual se le adjudicará el fideicomiso.
Pineda indicó que otros cinco bancos participaron en el proceso, pero el único que finalmente ofertó fue Continental.
“Se adjudicó a Banco Continental el manejo del fideicomiso de esta carretera. La comisión fiduciaria será del uno por ciento lo cual es aceptable por el tamaño del proyecto y estaríamos listos para firmar el contrato en dos semanas”, indicó Pineda.
Según el entrevistado, el contrato debe ser aprobado en Consejo de Ministros en unas dos semanas, luego será llevado al Congreso Nacional para que también lo apruebe y posteriormente será publicado en el diario oficial La Gaceta, para que se pueda iniciar el proceso de licitación de los inversionistas.
Se espera que durante el primer trimestre de 2014 arranque el proyecto denominado: “Financiamiento, construcción, rehabilitación, ampliación, operación y mantenimiento de las carreteras CA-4, CA-11 y CA-10”.
El proyecto busca recuperar la colapsada red vial que comunica los departamentos de Santa Barbara, Copán, Lempira y Ocotepeque con el norte de Honduras y este con los países vecinos de El Salvador y Guatemala.
Según información vertida por Coalianza, los modelos económicos y estudios técnicos señalan que la inversión inicial en el proyecto podría llegar a los 5,500 millones de lempiras (270 millones de dólares).
Las carreteras mencionadas, que comunican hacia Lempira, las aduanas en Ocotepeque, Copán Ruinas y Santa Bárbara tienen una extensión que supera los 350 kilómetros y que actualmente se encuentran colapsadas. La Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (Asonog) y representantes de la Sociedad Civil demandaron al Gobierno permitir una veeduría social a fin de garantizar la transparencia de los proyectos y los fondos.
