Tegucigalpa, Honduras.
La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) presentó en 2018, en conjunto con la Unidad Especial contra la Corrupción de la Impunidad (Ufecic), siete acusaciones penales contra 88 personas por la supuesta malversación de 1,564 millones de lempiras.
La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) presentó en 2018, en conjunto con la Unidad Especial contra la Corrupción de la Impunidad (Ufecic), siete acusaciones penales contra 88 personas por la supuesta malversación de 1,564 millones de lempiras.
A las acciones penales se suma un octavo proceso de aseguramiento de 46 bienes, por la vía civil de privación de dominio, relacionados al despilfarro de recursos públicos.
Es así que luego de sortear conflictos internos y recursos legales, la Maccih junto con la Ufecic del Ministerio Público pudo llevar al proceso judicial casos tras dos años de haber entrado en funcionamiento.
La Maccih fue creada mediante un convenio entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno firmado el 19 de enero de 2016 en Washington.
El convenio tiene una duración de cuatro años y, además de darle facultades a la Maccih para apoyar a la Ufecic, que depende del Ministerio Público, también tiene entre sus mandatos la de proponer reformas político-electorales y reformas al sistema de justicia penal.
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Su nacimiento surge tras un reclamo de la sociedad para que se creara una entidad internacional que investigara casos emblemáticos de corrupción, como lo hace la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
El primer caso presentado de la Maccih/Ufecic fue el denominado Red de diputados, en el que se acusó en diciembre de 2017 a cinco diputados y exdiputados y tres supuestos cómplices por aparentemente desviar a cuentas personales dinero del Congreso Nacional por medio de una oenegé.
El juicio fue archivado porque el Congreso Nacional aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto, que ordena que mientras no concluya una auditoría especial del Tribunal Superior de Cuentas no se pueden procesar a legisladores.
En febrero de 2018, fue presentado el caso Caja chica de la dama, en la que es acusada la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo por suponerla responsable del desvío de 12 millones de lempiras.
Se le señaló de lavado de dinero y malversación de caudales públicos, fraude y lavado de activos. Posteriormente se le revocaron los delitos de lavado y malversación de caudales.
A otras tres personas también fueron procesadas por este caso.
Las transferencias se realizaron, según la acusación, a finales de 2014 del Despacho de la Primera Dama a una cuenta personal, es decir, antes de que la esposa del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014) dejara el cargo.
Por la aprobación de la reforma presupuestaria que generó la suspensión del caso Red de diputados, la entidad acusadora procesó a cuatro diputados, pues se supone que ese decreto se hizo sion la aprobación del pleno del Congreso, un caso llamado Pacto de Impunidad.
Uno de los juicios en que hubo mayor cuantía de dinero malversado fue el caso de la Caja de Pandora, pues, según el requerimiento fiscal, un total de desviaron L282 millones fueron desviados de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y por lo cual se acusaron a 38 personas, entre diputados, exfuncionarios y particulares.
Derivado de este caso, se incautaron 46 bienes, entre estos las sedes de los partidos Liberal y Nacional porque parte del dinero desviado habría servido para financiar campañas políticas de esas instituciones.
Mientras, el caso Licitación fraudulenta es el que mayores recursos involucra, ya quepues se trata del pago de L1, 239 millones pagados por supuestos a la empresa Distribuidora Metropolitana S.A. (Dimesa) mediante un contratos sobrevalorados y sin soporte presupuestario.
Asimismo,Fueron sindicaron acusadas 12 exmiembros de la Junta Directiva del IHSS por fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios.
Según el requerimiento, el contrato tuvo un valor de L2,270 millones, pero fue sobrevalorado en un 114%.
Del monto global del contrato, la Junta Interventora del IHSS solo pagó L L1, 239 millones, pero algunos equipos no han sido utilizados. Todos los acusados tienen medidas sustitutivas.
La Maccih/Ufecich presentó el último requerimiento el 11 de diciembre contra 21 personas, entre ellas, cinco diputados, seis exdiputados y familiares de estos por el desvío de L21.1 millones del Estado.
Según el requerimiento del caso denominado el Arca abierta, los fondos fueron transferidos por el Congreso Nacional, Presidencia de la República y Secretaría de Finanzas a la Asociación Planeta Verde, pero los recursos fueron remitidos a cuentas personales de parientes de los legisladores y exlegisladores.
