Con un nuevo nombre, el Congreso Nacional pretende revivir el cuestionado decreto 116-2019 que le da vida al fondo departamental.
Diputados oficialistas revelaron la pretensión del Legislativo de reactivar las ayudas en los departamentos y municipios del país mediante el manejo de fondos administrados por los diputados, el cual fue bautizado como Fondo de Ayuda Comunitaria.
En papel mojado quedaron las promesas de la derogación del polémico decreto luego de que en abril Luis Redondo nombrara una comisión para trabajar en el dictamen de la eliminación de la normativa presidida por la diputada Fátima Mena, del Partido Salvador de Honduras (PSH).
Redondo recordó en abril que presentó un recurso de inconstitucionalidad antes de ocupar la titularidad del Congreso ante la Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia.
Casi siete meses después resurgen los ecos de la reactivación del fondo departamental, por lo que la Cicih se avizora cada vez más remota, ya que su derogación sería una de las exigencias para la llegada de la comisión.
“Nos vemos en la necesidad -porque- son enormes las solicitudes de parte de la ciudadanía, entonces somos los únicos funcionarios que no manejamos dinero del Estado. Hemos estado analizando la posibilidad de que podamos dar algunas ayudas comunitarias”, explicó Scherly Arriaga, diputada de Libre.
El miércoles y jueves, la bancada oficialista se reunirá en Siguatepeque para la búsqueda de mecanismos y resucitar la denominada piñata legislativa.
“En el Congreso estamos analizando si esto es como hemos planteado, si se va hacer como una ley o cómo será la forma en que se va ejecutar el fondo social, esto será uno de los temas planteados durante las reuniones de la bancada el miércoles y jueves en Comayagua”, confirmó el vicepresidente Rasel Tomé.
Los diputados oficialistas mantienen posturas divididas respecto a la reactivación del denominado Fondo de Ayuda Social, por lo cual los diputados afines a Jorge Cálix se manifestaron en contra de la intención.
