Desahuciados por las deudas y por falta de apoyo financiero para reactivar las fincas destruidas por fenómenos naturales, un grupo de bananeros independientes del valle de Sula vendió en 2022 más de 400 hectáreas y otros tienen previsto deshacerse de las tierras en 2023.
La Asociación de Productores de Bananeros Nacionales (Aprobana) le informó a Diario LA PRENSA que comenzaron a vender las tierras a finales de 2021 y continuaron en 2022 porque, después de la destrucción causada por Eta y Iota, no lograron reactivar las plantaciones por falta de recursos económicos.
Las tierras han sido adquiridas por agroindustriales dedicados a la producción de palma aceitera, limón y caña de azúcar, cultivos menos vulnerables frente a las inundaciones que provocan los huracanes y tormentas tropicales.
“Estamos preocupados porque no encontramos soluciones. Nosotros pensábamos que 2022 sería un año diferente, pero no logramos apoyo. Como sector productor, perdimos cinco fincas por estar esperando apoyo financiero, las perdimos porque ahora en esas tierras cultivarán otros productos agrícolas”, dijo Maynor Velásquez, gerente de Aprobana.
De acuerdo con informes de esas organización, en La Lima, Cortés, vendieron fincas de Copén Agroindustrial (116.68 hectáreas), Agrointro (108 hectáreas) y Cooperativa El Triunfo (40 hectáreas). En El Progreso, Yoro, finca La Mesa (75) y en Villanueva, Sula Valley Banana Company (65).
“En 2023, de no recibir apoyo, los productores tendrán que vender más tierras. Las venden porque con ese dinero pagan los préstamos y salvan las propiedades que dejaron hipotecadas en los bancos. En el valle de Sula, las tierras que dejan de producir banano pasan a producir palma y caña de azúcar. La caña de azúcar la plantan una vez al año y en palma hay sólo un empleo por cada 20 hectáreas. El banano genera 1.5 empleos por hectárea”, dijo Velásquez.
La semana anterior, la ministra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Laura Suazo, visitó fincas de bananeros independientes y con ellos abordó la creación de la cadena del banano, el financiamiento ofrecido por un banco europeo para que la empresa la Israel Green 2000 reactive fincas afectadas por inundaciones y el bono tecnológico.
“Nos hemos reunido con la ministra de Agricultura y esperamos que el Gobierno nos apoye el próximo año. Si no lo hace, nos veremos en mayores dificultades.Algunos compañeros están preocupados y no tendrán otra salida que vender las tierras”, dijo Elvin Meléndez, presidente de la Compañía Agrícola Llano, una de las empresas constituidas por decenas de productores que perdieron sus fincas en 2020 a causa de las inundaciones de Eta y Iota.
Meléndez considera que el sector bananero debe ser apoyado por la administración de Xiomara Castro por aportar cientos de empleos permanentes, tanto en las fincas como en plantas empacadoras, y aportar dólares a la economía por las exportaciones.
Honduras se convirtió en la última década en un país importador de banano y plátano cultivado por agricultores de Guatemala.
En Honduras, el banano es un producto cosechado y exportado por productores independientes y también por las compañías Dole y Chiquita Brands.
Entre todos los actores del sector, según el Banco Central de Honduras (BCH), hasta octubre de este año, exportaron $516.2 millones, un saldo superior al de años previos $249.9 millones (hasta octubre de 2021) y $462.3 millones (hasta octubre de 2020).
En diez meses de 2022 Honduras exportó menos cajas que en 2020 (antes de que afectaran la producción Eta y Iota): 22,420.6 contra 24,414.3 cajas de 40 libras. Sin embargo, ha vendido este año a un precio promedio mucho más alto: $23.02 contra $18.94.
