Tegucigalpa, Honduras.
L os aspirantes a cargo de Fiscal General del Estado y Fiscal Adjunto deberán aprobar siete pruebas de conocimiento. Así lo definió ayer la Junta Proponente en su quinta reunión de trabajo sobre el proceso de selección de las nuevas autoridades del Ministerio Público.
En esta etapa, los aspirantes serán evaluados con base en 100%, logrando aprobar con el 70%. Los proponentes establecieron que la prueba de conocimientos jurídicos tendrá un valor de 10%. Una segunda prueba será aplicada para medir los conocimientos jurídicos en materia penal con un valor de 10%. Igualmente, los aspirantes serán interrogados sobre la protección y defensa de los derechos humanos con un valor de 10%, y sobre la lucha contra la corrupción e impunidad con otro 10%.
Los conocimientos que el aspirante tenga sobre la organización y estructura del Ministerio Público serán medidos con base en otro 20%. Asimismo, los proponentes establecieron un valor de 20% por una propuesta de trabajo institucional que incluye la misión, visión y actividades a desarrollar por los aspirantes en caso de ser designado Fiscal General del Estado.
Por último y con un valor de 20% serán evaluados en el renglón denominado “otros aspectos”, que tiene que ver con el tono de voz, la organización, la secuencia, la precisión y el uso adecuado en la audiencia y la seguridad en los planteamientos de los aspirantes.
Plazo
La Junta Proponente determinó dar un espacio de 20 días calendario que concluirá el 30 de abril para que los profesionales del Derecho interesados en participar en el proceso puedan presentar la documentación y aspirar al cargo de Fiscal General y el de Fiscal Adjunto.
L os aspirantes a cargo de Fiscal General del Estado y Fiscal Adjunto deberán aprobar siete pruebas de conocimiento. Así lo definió ayer la Junta Proponente en su quinta reunión de trabajo sobre el proceso de selección de las nuevas autoridades del Ministerio Público.
En esta etapa, los aspirantes serán evaluados con base en 100%, logrando aprobar con el 70%. Los proponentes establecieron que la prueba de conocimientos jurídicos tendrá un valor de 10%. Una segunda prueba será aplicada para medir los conocimientos jurídicos en materia penal con un valor de 10%. Igualmente, los aspirantes serán interrogados sobre la protección y defensa de los derechos humanos con un valor de 10%, y sobre la lucha contra la corrupción e impunidad con otro 10%.
Los conocimientos que el aspirante tenga sobre la organización y estructura del Ministerio Público serán medidos con base en otro 20%. Asimismo, los proponentes establecieron un valor de 20% por una propuesta de trabajo institucional que incluye la misión, visión y actividades a desarrollar por los aspirantes en caso de ser designado Fiscal General del Estado.
Por último y con un valor de 20% serán evaluados en el renglón denominado “otros aspectos”, que tiene que ver con el tono de voz, la organización, la secuencia, la precisión y el uso adecuado en la audiencia y la seguridad en los planteamientos de los aspirantes.
Plazo
La Junta Proponente determinó dar un espacio de 20 días calendario que concluirá el 30 de abril para que los profesionales del Derecho interesados en participar en el proceso puedan presentar la documentación y aspirar al cargo de Fiscal General y el de Fiscal Adjunto.
Según el protocolo aprobado, podrá aspirar a esos cargos cualquier profesional del Derecho que se autoproponga y los que cualquier entidad pública o privada hondureña, a excepción de las organizaciones representadas en la Junta Proponente, puedan presentar, las que no podrán exceder de cinco por entidad.
Aunque todavía no se ha recibido ninguna propuesta, en los partidos políticos ya se comienzan a barajar nombres. En las esferas del Partido Nacional se mencionan a la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia Vilma Morales, la directora del SAR, Miriam Guzmán, y el actual fiscal general Óscar Chinchilla. En el Partido Liberal se mencionan al abogado Juan Carlos Barrientos, a la magistrada Miriam Barahona y Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción. Libre puja por colocar a Ricci Moncada o al abogado Ernesto Paz Aguilar.
