Tegucigalpa, Honduras.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) asestó en los últimos nueve meses fuertes golpes a la corrupción pública y al latrocinio estatal y contribuyó a llevar tras las rejas a varios de sus principales responsables, lo que le ha permitido recuperar el prestigio y la credibilidad perdidos ante la sociedad hondureña.
En coordinación con el Ministerio Público, este organismo de sociedad civil contribuyó sustancialmente a las investigaciones que lograron desenredar la telaraña de corrupción y crimen organizado que operaba en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Gracias al trabajo de un pequeño pero eficaz equipo de investigadores que componen su recién creada Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos, el CNA logró desenmarañar la red de empresas fantasma y testaferros que sustrajeron ilegalmente del IHSS más de 232 millones de lempiras.
Asimismo sacó a luz pública la estructura de crimen organizado comandada por el exdirector del IHSS, Mario Roberto Zelaya; el jefe de Compras y Suministros, José Alberto Zelaya Guevara, y el gerente de Finanzas, José Ramón Bertetty, con el contubernio de esposas, amantes, amigos y empleados.
Sus investigaciones permitieron detectar al menos 11 empresas de “maletín” en las que estaban directamente involucrados los tres exfuncionarios antes mencionados, sus parientes más cercanos y empresarios que se prestaron al infame saqueo de la institución.
Otros casos
El trabajo del CNA no se ha quedado ahí. Paralelamente logró detectar varios hechos de corrupción en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp) en la gestión del exdirector Andrés Torres Rodríguez.
En esta institución se descubrió el pago irregular de comisiones a un “bróker fantasma” por la negociación de bonos del Estado con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), el millonario pago a procuradores externos, el otorgamiento de ayudas humanitarias y reparto de suntuosos regalos.
También se descubrió la transacción irregular de terrenos y viviendas con fondos del Injupemp y el pago desmedido de publicidad, entre otros hechos que aún se encuentran en proceso de investigación.
El organismo fue clave para descubrir un millonario desfalco en la compra de cámaras de seguridad en la ciudad de La Ceiba, en la que se pagaron como sobreprecio más de siete millones de lempiras y sacó a luz la corrupción entronizada en el desaparecido Consejo Nacional contra el Narcotráfico (CNCN).
Además de esos casos se encuentran en proceso de investigación varios hechos ilegales detectados en la Empresa Nacional Portuaria (ENP), la Comisión para las Alianzas Público-Privadas y algunas municipalidades del país.
CNA se enrumba
La resolución de estas y otras investigaciones de alto impacto en corto tiempo y con un limitado presupuesto ha permitido que el CNA vaya recuperando a pulso la credibilidad fuertemente erosionada durante la última gestión de Dulce María Zavala al frente del organismo.
En su informe de 2012, el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop, su sigla en inglés) colocaba al CNA como una de las instituciones del Estado con menos credibilidad en Honduras, solo superada por la Policía Nacional y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Esa pésima imagen de los hondureños se profundizó en los dos años que estuvo al frente de la institución Dulce María Zavala (2012-2013), a quien se vinculó con varios actos irregulares en su antiguo trabajo y se le acusó de apañar la corrupción en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa.
No obstante, en octubre de 2013, la asamblea del CNA decidió actuar y darle un nuevo rumbo a la organización para recuperar la credibilidad; resolvió defenestrar a Dulce Zavala y designó un comité ejecutivo compuesto por las iglesias Evangélica y Católica, que un año antes se habían retirado por el rumbo que había tomado el organismo.
Este comité es compuesto actualmente el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), pastor Alberto Solórzano; el representante de la Iglesia Católica, Carlos Rubio, y el representante de la Federación de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), Arnaldo Bueso.
Ese cambio de timón fue clave para la institucionalidad porque permitió reestructurar el CNA y darle una nueva visión, para lo cual se contrató para dirigirla a Gabriela Castellanos y posteriormente al reconocido jurista Dagoberto Aspra al frente de la unidad de investigación.
Analistas consultados coinciden en que este cambio generacional al frente del CNA con estos dos profesionales ha sido clave para devolverle a la sociedad una organización mucho más efectiva y creíble en la lucha contra la corrupción.
Sectores opinan
Alberto Solórzano, máximo representante de la Iglesia Evangélica en Honduras, destacó el papel de Castellanos y Aspra en esta nueva faceta de la organización, ya que se trata de dos profesionales honestos y altamente comprometidos con los intereses del país.
También dijo que el éxito del CNA obedeció al nuevo planteamiento propuesto por el actual Comité Ejecutivo porque hasta hace poco el trabajo del organismo se limitaba a recibir y entregar denuncias, como lo hacían al Ministerio Público.
Destacó que el cambio de rumbo comenzó con la reestructuración del 95% del personal de la entidad y la redefinición de su plan estratégico, que entre sus principales objetivos incluyó la creación de la Unidad de Investigación y Seguimiento de Casos.
“Ahora, el CNA, por medio de esta Unidad de Investigación, retoma su rol protagónico de no solo recibir la denuncia, sino darle seguimiento”, resaltó. El connotado líder evangélico informó que adicionalmente se abrió una nueva Unidad de Auditoría Social que permitirá al CNA no solo monitorear las denuncias, sino anticipar y prevenir la corrupción.
“Creo que el nuevo personal al frente de la organización está haciendo un trabajo extraordinario bajo la coordinación de Gabriela Castellanos y Dagoberto Aspra, obviamente con el respaldo del Comité Ejecutivo y la Asamblea en todas las decisiones que se están tomando para darle una orientación diferente al CNA”, dijo.
Comentó que para fortalecer a este organismo en el combate contra la corrupción se está proponiendo al Congreso Nacional una reforma de la Ley del CNA para eliminar el puesto de coordinador general y sustituirlo por un director ejecutivo para manejar el plan estratégico y que se le provean herramientas legales para ejercer su papel de acusador independiente.
Trabajo coordinado
Juan Ferrera, empresario y representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), destacó el trabajo de los operadores de justicia en los últimos golpes asestados a la impunidad por corrupción pública.
Dijo que eso es muestra de un mayor compromiso para combatir este problema y resaltó el “relevo generacional” que el CNA ha tenido con Castellanos y Aspra, quienes han hecho más de lo que la propia ley les manda.
Estimó que el CNA debe ser fortalecido legal y financieramente y eso implica que no se debe renunciar a los fondos públicos que se le asignan por medio del presupuesto de la República, pues no se trata de dádivas oficiales, sino del aporte de todos los hondureños con sus impuestos.
Sin presiones políticas
Sobre el nuevo rol del CNA, su coordinadora indicó que después de haber caído en “hoyo negro” y en el desprestigio en los últimos años debido a la politización, este organismo de sociedad civil ha recuperado el rumbo en el combate contra la corrupción.
Recordó que a partir de octubre de 2013, con el surgimiento del Comité Ejecutivo, se evaluó el personal, se reestructuró el 95% de las plazas y se contrataron empleados con una nueva visión y otro método de trabajo.
Añadió que el cambio de perfil del CNA obedeció fundamentalmente a la creación de la nueva Unidad de Investigación y Seguimiento de Casos, que ha permitido dilucidar casos de alto impacto en el IHSS, Injupemp, Registro Nacional de las Personas, Coalianza, alcaldía de La Ceiba y el CNCN.
