San Pedro Sula, Honduras
Con la medida de bloquear las señales de celular en el interior de los centros penales se estaría liberando a la población hondureña de pagar miles de millones de lempiras al año por extorsiones. Esto debido a que se calcula que se han reducido a la mitad la cantidad de extorsiones desde que se puso en práctica el bloqueo, según la información de la Fuerza Nacional Antiextrorsión (FNA); y si la tendencia se mantiene y se asocia este hecho directamente con las cifras de cobro de “impuesto de guerra”, las cuales en 2013 según las autoridades se estimaron en L1,200 millones anuales, la medida estará ahorrando por lo menos unos seis mil millones de lempiras a la población del país al año, los cuales ya no serán pagados al crimen organizado.
La extorsión es un crimen que silenciosamente atierra, aniquila financieramente a personas y negocios y arranca miles de vidas a la sociedad hondureña desde hace varios años en Honduras y el Gobierno, desde la administración pasada, ha tratado por varios medios de combatir este delito, aprobando el endurecimiento de penas contra los extorsionadores, creando la FNA y recientemente ordenando el bloqueo de llamadas de celular en el interior de los centros penales del país.
En entrevista brindada a Diario LA PRENSA, uno de los altos mandos de la FNA, institución en la cual sus miembros mantienen en secreto sus identidades por protocolos de seguridad, confirmó que la reducción de extorsiones ha sido drástica luego del bloqueo de llamadas en las cárceles hondureñas.
“Antes del bloqueo de llamadas de celular desde los centros penales teníamos un promedio de 10 denuncias diarias, actualmente solo recibimos entre tres o cinco llamadas diarias denunciando extorsión. Con el bloqueo de llamadas de celular en los centros penales prácticamente se han reducido en 50% o más las denuncias de extorsión”, reveló.
El alto miembro de la FNA habló sobre el porcentaje de llamadas de extorsión que provenían de las cárceles hondureñas.
“Es importante la decisión que tomó el Poder Ejecutivo a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de bloquear la señal de los teléfonos celulares en los centros penales, porque nuestros análisis, por ejemplo en San Pedro Sula, demostraron que el 80% de las llamadas de extorsión que se estaban haciendo en la ciudad y a las zonas aledañas provenían del Centro Penal sampedrano. Ahora, con el bloqueo, evidentemente han reducido la cantidad de llamadas de extorsión”.
Cumpliendo las medidas
Ricardo Cardona, presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), habló sobre las acciones tomadas para contrarrestar la extorsión.
“Para tener resultados más efectivos categorizamos los centros penales en A, B y C, para darles prioridad a las medidas según la clasificación. Los centros penales A son los más grandes y con mayor índices de delitos, como los de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, El Progreso y Tela. En estos ya se bloqueó la señal de celular totalmente, pero también ya se dejó de afectar a la población que vive o pasa en los sectores cercanos a ellos. Este proceso ya se completó. Las restantes prisiones, categorizados en B y C tienen hasta el 1 de abril para terminar el proceso de no afectar más a los sectores aledaños. Ya en 20 de los 24 centros penales se terminó el proceso. La acción va muy bien. Ya revisamos en los centros penales y comprobamos que no hay posibilidad de hacer llamadas de celular o recibirlas. Se está cumpliendo”, dijo.
Cardona aclaró que la medida es exclusivamente para bloquear la señal de celulares.
“Con otras tecnologías como la satelital o cable no tiene que ver con esto y sería problema ya de la parte humana, pues las autoridades no deben permitir por obvias razones que entre un teléfono satelital a una cárcel”, manifestó.
El presidente de Conatel reafirmó la modificación a la ley, pues ahora también se incluirá en el bloqueo de señal de celular a los centros de internación para menores de edad.
“Solo estamos esperando que se publique el decreto en el Diario Oficial La Gaceta para nosotros hacer operativamente la ley. Ya tenemos un plan de acción para hacer el bloqueo en estos centros de internamiento de menores”, declaró Cardona, quien además señaló que están usando una tecnología muy segura que les garantiza que no sea burlado el sistema de bloqueo de llamadas de celular.
“El decreto daba como opciones para bloquear la señal en los centros penales que se haga vía antena o se busquen acciones técnicas, con base en eso, con el ministro de Seguridad, de Defensa y director de la oficina de Inteligencia y autoridades de centros penales se decidió tomar las acciones técnicas para no bloquear todo un sector, sino solo la señal en cada presidio.
Por eso en Conatel hicimos una resolución para que los operadores de telefonía móvil ya no bloquearan el radio de las zonas aledañas a los centros penales, sino solo en el interior de las cárceles. Por razones de seguridad no podemos dar la información específica de las acciones técnicas usadas para lograr esto. Este proceso concluyó el miércoles pasada a la medianoche. Ya hicimos las pruebas y comprobamos que el bloqueo ya solo es en el interior del penal”, aseguró.
Transporte, víctima favorita
Según las estadísticas de la Secretaría de Seguridad, los transportistas de Tegucigalpa y San Pedro Sula pagan más de 540 millones de lempiras anuales por extorsiones al crimen organizado.
Además, en los últimos años han sido asesinados unos 350 transportistas en Honduras, entre motoristas despachadores y ayudantes, y se estima que el 80% de los asesinatos están ligados al cobro de extorsiones.
Debido a esto, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad ordenó que la Fuerza Nacional Antiextorsión interviniera el sector transporte.
“Vamos a orientar nuestros esfuerzos, porque es la orden del Presidente, a intervenir el sector transporte.
Obviamente debe haber una planificación de cómo lo vamos a hacer. Pondremos todo nuestro esfuerzo para quitarles de encima ese yugo que tienen los transportistas de pagar extorsiones, el llamado impuesto de guerra”, aseguró a Diario LA PRENSA un integrante de alto rango de la FNA, quien además lamentó “falta la cultura de la denuncia y en el caso de la extorsión no solo se trata de denunciar para poder lavarse después las manos y decir que se denunció el problema a la FNA, porque este proceso lleva tiempo y en algunos casos el resultado es inmediato y en otros a mediano plazo. Pero la víctima debe colaborar con nosotros y brindarnos información para capturar a los extorsionadores”.
El alto mando de la Fuerza Antiextorsión explicó la dificultad de combatir la extorsión contra transportistas.
“Para nosotros como FNA el combate a la extorsión, específicamente en el sector transporte, es sumamente complejo, porque hemos llegado a identificar en algunos casos, con base en análisis y estudios realizados, que no hay colaboración porque tenemos entendido y estamos claros que hay infiltración de maras y pandillas en el transporte”.
Según los miembros de la FNA, están listos para intervenir el sector transporte; aunque aclaran que antes deben hacer un elaborado plan para tener resultados positivos.
“La Fuerza Nacional Antiextorsión está totalmente preparada y cuenta con todo el apoyo del Gobierno, del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia y contamos con todos los recursos y el personal capacitado específicamente para combatir el delito de la extorsión”.
Según los estudios de la FNA, prácticamente no hay transportista que esté a salvo del “impuesto de guerra”.
“Sabemos que prácticamente el 100% de los transportistas sufren por tener que pagar extorsiones; pero nuestro llamado es que busquen la ayuda de la Fuerza Nacional Antiextorsión. Les hacemos un llamado para que confíen, porque el Estado está comprometido con el tema de seguridad”, manifestó el representante de la entidad interagencial. Según la FNA, los extorsionadores cobran en diferentes modalidades; algunos cobran diario, semanal, mensual y hasta hay algunos que cobran una vez por año.
Resultados de la FNA
La Unidad Antiextorsión se fundó en San Pedro Sula el 19 de marzo del 2013, así casi exactamente un año y en este tiempo se ha detenido a 156 personas.
En el 98% de estos casos, a los detenidos se les dictó auto de prisión. “En el año que tenemos de operar, en los casos que nosotros brindamos asesoría y que la víctima colaboró con nosotros plenamente, evitamos el pago de más de 25 millones de lempiras solo en San Pedro Sula”, indicaron las autoridades.
La FNA tiene sus oficinas regionales en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Comayagua y tiene previsto abrir oficinas regionales en Olancho y Choluteca. Según las evaluaciones de este organismo, existe un temor generalizado en la sociedad hondureña en cuando al delito de la extorsión, porque en el 100% de los casos hay una amenaza de muerte de por medio o de secuestrar o lastimar a algún familiar o ser querido.
Debido a esto, la FNA brinda charlas de prevención tanto a instituciones públicas como privadas, centros de estudio, etcétera, a quien lo solicite, como parte de un proceso para educar a nuestra sociedad contra la extorsión y evitar así que paguen dinero al recibir llamadas de extorsionadores.
Uno de los principales problemas para combatir la extorsión es la falta de denuncia, pero los miembros de la FNA instan a la población a exponer sus casos y liberarse del problema. Para denunciar extorsiones las víctimas pueden llamar en San Pedro Sula al celular 95741341 o el teléfono fijo 25690454, en Tegucigalpa al 22910350, en La Ceiba al 94841268 y en Comayagua al 22720509.
El Código Penal clasifica diferentes penas para las personas que cometen extorsión. La pena es de 15 años de cárcel para la persona que extorsione una vez a su víctima. Para la extorsión continuada, o sea cuando se cometió el delito de extorsión más de una vez, la ley impone de 17 a 33 años de prisión. Cadena perpetua se da al extorsionador cuando una de las víctimas o sus familiares sufren un atentado mortal.
