El escándalo que ha generado la detención de la esposa de campaña de Juan Orlando en la zona norte”, agregó D’Vicente. También el periodista estuvo presentando la denuncia en el programa Frente a frente del periodista Renato Álvarez, donde fue más explícito.
“3.2 millones de lempiras salieron de los inversores del complejo Ibermar Hondufarms; son seis fincas camaroneras, Hondurfat con 206.2 hectáreas, Exmar con 148.59, Culcasa con 86.51, C.W.Y.C con 55.68 hectáreas, Acuatec con 92.76, Fincamar con 57.36, que suman 644.8 hectáreas en producción, propiedad del Estado de Honduras, que fueron liquidadas a Bancorp (Banco Corporativo). Estas eran del fallecido Calvin Weddle y Hondufarms era del grupo IPM (Instituto de Previsión Militar)”, aseguró el periodista.
40 millones al año
Según el periodista, 1,400 millones de lempiras pagó el Estado de Honduras por esta liquidación forzosa. “El Gobierno estaba ganando 40 millones de lempiras al año en dos ciclos y Tito Guillén le dio en arrendamiento a un esbirro de Corporación Salerno, por 500 mil lempiras al año, las seis fincas y una planta empacadora de camarón. El contrato fue firmado con (Douglas) Perdomo Pinel, un supuesto ejecutivo de negocios; ya lo investigué en la Cámara de Comercio y no aparece, lo fui a investigar al Instituto de la Propiedad y no aparece y como en Choluteca todos nos conocemos, este hombre no tiene capacidad ni para comprar una bomba de seis estaciones de bomba que tienen esas camaroneras”, denunció Ariel D’Vicente.
La relación con la detención de la esposa de Guillén con 1.25 millones de lempiras la explicó el periodista: “En Choluteca ya sabíamos que había tres millones de lempiras para un alto funcionario del Gobierno a raíz de este contrato de arrendamiento. Lo reportaron en las últimas 72 horas al incidente y ese alto funcionario tiene que ser quien firmó el contrato, que fue Tito Guillén. Allá en Choluteca, Mauricio Oliva (diputado por el Partido Nacional) con poderes omnímodos, no solamente tiene este tentáculo de corrupción; es un secreto a voces cómo opera la Corporación Salerno. Dennis Figueroa, director ejecutivo de la fundación Colibrí (asesor financiero de Juan Orlando Hernández), llegó en octubre del año anterior al despacho de Onán Martínez, quien era el gerente general del grupo Ibermar Hondufarms, a comunicarle que el consejo de administración que preside el secretario de Finanzas, en aquel entonces Carlos Borjas Martínez, había celebrado un contrato de arrendamiento o iban a dar en arrendamiento este complejo camaronero del Estado a corporación Salerno”, agregó el periodista.
“Se presentó Jacobo Paz, gerente general de grupo Granjas Marinas S.A. y Napoleón Araujo, yo he querido solicitar audiencia. He increpado a Paz que me explique quiénes son los socios de Corporación Salerno. Trascendió en aquel momento que había funcionarios del Poder Ejecutivo y diputados, pues sí averigüé, Mauricio Oliva, y entró en el momento que andaba Denis Figueroa informándoles a los de Ibermar Hondufarms cómo iba a quedar la situación de estas empresas y casi todos los empleados que se metieron en ese momento fueron recomendados de Oliva; Arturo Oliva, quien es el director de un programa que se llama Emprendesur, hay que tener mucho cuidado porque son muchos millones de dólares que han donado al país a nivel internacional, supuestamente para mejorar la seguridad alimentaria en la zona sur. él ha sido gerente de cosechas del grupo Granjas Marinas”, manifestó el periodista.
La cabuya
Según D’Vicente, los 3.2 millones de lempiras tienen una vinculación directa con el exministro de Finanzas.
“Hicieron la cabuya los que compran la larva, los que compran el alimento concentrado, los que compran en la borda el producto. El producto que se cosechó en el primer ciclo de este año no ha llegado a la tesorería del consejo de administración de Ibermar; ese dinero llegó a la bolsa de las personas que apadrinaron no solamente la toma de la empresa en octubre del 2011 (...)”, denunció con documentación en sus manos el periodista de la zona sur.
Al recibir el Estado 40 millones de lempiras al año en utilidades, los 39.5 millones restantes el periodista los describió así: “72 horas antes del decomiso que hizo la Policía en El Durazno, Prensa libre fue informado de que 3.2 millones de lempiras venían para un alto funcionario. Entonces hay que averiguar dónde está el resto de los 3.2 millones de lempiras.
Y algo más, en el Hospital del Sur, los proveedores compran a 18 lempiras por unidad, cosa que ellos compran por cantidad y les sale más barata una escoba; busquemos en esos documentos, que venden a 128 lempiras una escoba y se trata de la esposa de un alto funcionario de este gobierno, se llama Yamileth Mendieta, esposa de Adonis Lavaire, secretario de Industria y Comercio. Ella es proveedora, aspirante a primera regidora en la planilla de Azules Unidos de la Corporación Municipal de Choluteca.
No hablo de las tortillas, no hablo de los tamales, no hablo del resto y queda corto con ese 20%. Ahí hay un derecho de piso que hay que pagarle al político que tiene poderes omnímodos en la Secretaría de Salud. Un derecho de piso significa que si le van a dar un contrato por tres meses, si vale 800 mil lempiras el contrato, el techo de piso sería 80 mil y luego los quedan”.
Más involucrados
Ariel D’Vicente involucra al exministro de Finanzas porque 72 horas antes de la detención en la posta El Durazno él ya tenía conocimiento de que 3.2 millones de lempiras fueron recolectados por los inversores camaroneros para entregárselos a un alto funcionario del Gobierno por la firma del contrato de arrendamiento.
“Estos inversores no son altruistas. Allá (Choluteca), nadie invierte un millón de lempiras para sacar 500 mil lempiras. Allá el que financia larva, diésel, planilla, alimento concentrado y presta dinero es para ganar. Hicieron la cabuya de 3.2 millones de lempiras, venían para un alto funcionario al tenor de este contrato.
No tengo dudas y no solamente es este tema. Hay otro tema más peligroso en Choluteca y se refiere a que el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, hizo un llamamiento público que en Honduras había un narcotraficante propietario de una empresa de transporte que se llama Ulúa y que funciona en Choluteca, que se llama José Natividad Luna Pereira y allá los policías comen con él, dialogan con él.
Hay que entrar en Internet y buscar a Chepe Luna y se van a dar cuenta de que hay una orden internacional de una corte de Estados Unidos pidiendo la captura de este hombre. Tiene 400 furgones circulando desde Panamá hasta México y solo en Choluteca, los jefes de la Policía nunca se han dado cuenta, lo hemos emplazado públicamente, nos ha amenazado y Chepe Luna nos llamó por teléfono a nuestro canal y nos amenazó (...)”.
D’Vicente continuó denunciando actos de corrupción en la zona sur.
“Allá no solamente esto ha existido. Hay una comunidad en Apacilagua donde policías activos en aquel momento fueron a asesinar a un señor para robarle 500 mil dólares. Le trajeron un vehículo que anda el coordinador o los elementos de la DNIC, un Honda Element, y trajeron un 3.0, más 500 mil lempiras.
Y aquí me quedo sorprendido. Flores Morazán es coordinador o director nacional de investigación municipal y en ese entonces era el jefe regional; lo fui a visitar y lo increpé y me dijo ‘no, es que yo solo soy administrativo, es con Estrada Pacheco’, y él le dio la vuelta al mundo y nunca nos contestó.
Esos 500 mil dólares fueron repartidos. Había un departamento de Análisis donde estaba Melvin Márquez. Ya lo mataron. Era famoso, pero tenía un jefe departamental y un jefe regional y hemos estado denunciando esto y allá el coordinador de fiscales Manuel de Jesús Villamil es sordo, es ciego, es mudo, de oficio no actúa.
Era el momento en que nuestros informantes me dijeron ‘Ariel, 72 horas antes van 3.2 millones de lempiras para satisfacer al alto funcionario del contrato de arrendamiento Ibermar Hondufarms’”.
El periodista sugirió que se le haga un “juicio político” al presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández. “Exijo un juicio político para Juan Orlando Hernández porque Denis Figueroa es el director ejecutivo de la Fundación Colibrí. Emplacé a Pepe Lobo y se hizo el desentendido y algo más, Pepe Lobo no está absorto de esto (...)”.
El periodista retornó al tema de las camaroneras, a las que vincula con el pago de dádivas a funcionarios del Gobierno actual; extraoficialmente se ha mencionado que son tres. “Relaciono estos 3.2 millones con los 1.25 que decomisaron el martes por el prestigio de mi informante. No es una información vaga, es concreta y real”.
Oliva: “Desmiento esas aseveraciones”
Tegucigalpa. Mauricio Oliva, vicepresidente del Congreso Nacional mencionado por el periodista D’Vicente, aseguró que desconoce si el millón de lempiras incautado a la esposa del exministro de Finanzas, Héctor Guillén, proviene de un acto de corrupción relacionado con la administración de una camaronera del sur.
Ariel D’Vicente aseguró que Oliva, a quien calificó como el “mandamás” en la zona sur, maneja todos los negocios del Estado. Oliva le pidió a la Fiscalía investigar de oficio la denuncia e indagar sobre la conducta histórica del periodista D’ Vicente. Esa y otras camaroneras quedaron en poder del Estado luego de la quiebra de Bancorp (Banco Corporativo), por lo que el Estado respondió por su administración, expuso el congresista. “Desmiento completamente ese tipo de aseveraciones, las desmiento plenamente y pido que se hagan las investigaciones del caso”, expresó.
Según el congresista, desconoce la causa que incitó a D’Vicente a hacer públicas tales denuncias, pero consideró la acción como “una campaña contra el presidente del Congreso Nacional (Juan Hernández)”.
A la pregunta de si tenía conocimiento de que Fundecima habría recibido algún desembolso de fondos de parte del Congreso Nacional, Oliva admitió que hay muchas fundaciones que reciben subsidios de ese poder del Estado por gestión de los diputados, pero dijo que desconoce el caso de Fundecima.
Asociación civil Fundecima no existe
Fundecima (Fundación para el Desarrollo Comunitario Cinthya Marina), dirigida por parientes del presidente del Congreso Nacional Juan Orlando Hernandez, no existe.
La organización ligada con el millón de lempiras decomisados a Dinora Suyapa Arambarri, esposa del exministro de Finanzas Héctor Guillén parece ser una empresa “fantasma” de la que nadie da razón. En la búsqueda realizada ayer no se encontraron documentos completamente legales ni estructuras físicas que avalen la existencia de la misma. Ayer se le solicitó Jorge Montes, director de la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles de la Secretaría del Interior y Población, que facilitara el expediente original de la fundación en cuestión.
En el expediente original se incluye la información desde la creación de la fundación y el desarrollo de esta, como ubicación, estados de cuenta, personas responsables, el rol de la organización, proyectos y datos específicos que no son colocados en el portal de trasparencia de la Secretaría, pero este expediente no fue mostrado, ya que Montes argumentó que debido a un cambio de localidad de las oficinas de la Ursac había documentos desordenados en el archivo de la entidad.
“Hace un año, esta oficina fue trasladada con las archivos de la Ursac. Son archivos fuertes y hasta la fecha no se ha organizado; cuando viene un interesado tenemos que buscar los expedientes y eso a veces tarda de una hora a dos semanas”, justificó Montes.
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