Desde el 20 de diciembre de 2012, el Congreso Nacional aprobó el contrato de concesión del Corredor Logístico y Turístico, pero aún no se conocen las “cláusulas reales” del documento firmado para una vigencia de 40 años.
La Comisión para la Promoción de las Alianzas Público-Privadas (Coalianza) clasificó como reservada la información en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en lo referente al pliego de condiciones del contrato que ya es público en el sitio web de la entidad.
Varios contratos de concesión han sido negociados y aprobados por Coalianza, aparentemente sin el apoyo de otras secretarías de Estado como la de Finanzas y la de Obras Públicas, Transporte y Vivienda y sin consultar los riesgos financieros de los proyectos, como el contrato de concesión para mantenimiento de la CA-5, contrato de concesión del corredor logístico Goascorán-Villa de San Antonio, Tegucigalpa-Villa de San Antonio-San Pedro Sula-Puerto Cortés. Además del tramo Villa de San Antonio-El Quebrachal y Goascorán-El Quebrachal.
Riesgos financieros
No solo la falta de transparencia en las negociaciones que lleva a cabo Coalianza es de suma importancia para los intereses de ocho millones de hondureños, sino también los riesgos financieros a los que el Estado podría estarse enfrentando al realizar contrataciones ocultas.
Ya empresarios afiliados a la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés expresaron el martes sus inquietudes respecto a los términos financieros del contrato. LA PRENSA conoció que el contrato de mantenimiento de la carretera CA-5 es nocivo para los intereses del pueblo y del Gobierno, “ya que pareciera que Coalianza lo hizo para beneficiar al concesionario”, según informe de técnicos consultados en Finanzas y Soptravi.
“Los tramos carreteros que comprenden el Corredor Logístico y la CA-5 tienen un 63% de ejecución y los préstamos otorgados para la construcción se han consumido en 95%.
No se han pagado derechos de vía ni algunos desembolsos a los contratistas. En el tramo El Quebrachal-Goascorán ni siquiera están identificados los fondos para ejecutarlo, que ascienden a 240 millones de dólares. Todo esto indica que no se podrán entregar las obras de acuerdo con el contrato de concesión firmado”, dicen los informes.
Tramos inconclusos
Las interioridades en los contratos de concesión que lleva a cabo Coalianza son de pleno conocimiento en Finanzas y Soptravi. Análisis de estas instituciones, a los que LA PRENSA tuvo acceso, ponen en tela de juicio los quehaceres de Coalianza, que ahora dirige el comisionado presidente Carlos Pineda Pinel, ya que la mayoría de información ha sido clasificada como reservada.
Según los informes, “Coalianza fue como obligado en el contrato a entregar tramos carreteros de los que ni siquiera se han localizado los fondos para construirlos y en otros ni siquiera se han pagado los derechos de vía. Hay cláusulas que comprometen las finanzas del Estado, además de no estar consignados esos recursos en el Presupuesto General”.
En uno de los contratos, Coalianza se habría comprometido a pagar más de 18 millones de dólares como mínimo en el primer año de operación ingreso mínimo garantizado (Imag) en la estación de peaje de Lamaní (tramo El Quebrachal), “exista o no exista tráfico de vehículos, esté o no construida la carretera por el Estado, a sabiendas de que hay otros tramos carreteros que se están concesionando, pero que no se han hecho ni se podrán hacer en los tiempos acordados por Coalianza”, agrega el informe.
Según los datos, el contrato de concesión de la entrega del tramo Villa de San Antonio-El Quebrachal debió iniciar en diciembre de 2012 y Goascorán-El Quebrachal es para septiembre de 2014. “Al final del contrato amplían ese plazo a un máximo de dos años. De antemano, Coalianza conoce que no va a terminar ese tramo en las fechas pactadas, como diciembre de 2012. Además no se tienen localizados los fondos para construir el tramo Goascorán-El Quebrachal, no se han pagado los derechos de vía en el tramo que se está construyendo en Villa de San Antonio-Quebrachal y se le adeudan pagos al contratista, lo que condiciona los retrasos en los tiempos de entrega”, puntualizan.
Le advirtieron a Coalianza
Mediante oficio CP-GDR-134-2012, el entonces secretario de Finanzas, Héctor Guillén, le contestó algunas observaciones a Coalianza el 6 de junio de 2012 y advirtió sobre la necesidad de consultar la Ley de Promoción de la Alianza Público-Privada, la Ley del Presupuesto General de la República y la Constitución de la República, en caso de cualquier aclaración.
Guillén les informó en el oficio que no podían hacer ningún compromiso o pago alguno fuera del Presupuesto, ya que los infractores son responsables civil, penal y administrativamente. Algo más notorio identificó Finanzas en las concesiones que lleva a cabo Coalianza.
En la consulta que Coalianza le hizo a Finanzas dijo: “No hay inconveniencia si no se cuenta con una partida presupuestaria para pagar los montos por expropiaciones y que esto no representa ningún riesgo para el Estado”.
Finanzas le solicitó una explicación a Coalianza por la gravedad de lo mencionado anteriormente. “Solicitamos una explicación de cómo Coalianza está cumpliendo las expropiaciones, ya que los terrenos deberían estar ya identificados de acuerdo con los estudios y por lo tanto los montos por pagar por dichos terrenos deben ser de monto cierto y conocido, no quedar abiertos a especulación. Obviamente, esto debería estar ya respaldado por los estudios de Coalianza, que no fueron encontrados. Solicitamos una explicación en la que especifiquen los montos reales por pagar, si serán asumidos por el sector privado o el Gobierno. Si es así, es necesaria la aprobación de Soptravi”, le dijo Finanzas a Coalianza en junio. Entre otras cosas, Finanzas le advirtió a Coalianza sobre los riesgos de impacto fiscal, los riesgos de impacto en el endeudamiento público y los riesgos de impacto en el Presupuesto General a los que están ligadas las contrataciones que lleva a cabo esta Comisión.
Preocupación de Soptravi
LA PRENSA también tuvo acceso a un documento que la Procuraduría General de la República (PGR) le envió al secretario de Soptravi, Miguel Ángel Gámez, el 12 de octubre de 2012, en el que le explican jurídicamente que la institución que él dirige está al margen de las negociaciones que lleva a cabo Coalianza.
Soptravi acudió a la PGR para que le elaboraran un análisis jurídico de si es responsabilidad y competencia de ellos la concesión del Corredor Logístico Goascorán-Villa de San Antonio y Tegucigalpa-San Pedro Sula-Puerto Cortés.
La PGR, como representante legal del Estado, le informó a Soptravi que desde que el Congreso derogó la Ley de Promoción y Desarrollo de Obras Públicas y de la Infraestructura Nacional, creada en 1998, para darle vida a la Ley de Promoción de las Alianzas Público-Privadas en agosto de 2010, “lo cual a Soptravi le fueron expresa y tácitamente derogadas sus facultades originales, pero lo faculta para seguir conociendo, con algunas excepciones, los procesos de ejecución que hayan sido contratados antes de la entrada en vigencia de la citada ley”, le dijo la PGR a Soptravi.
Gámez habría acudido a la PGR, ya que el contrato de concesión del Corredor Logístico a 20 años aparece firmado por Carlos Pineda, de Coalianza; Marco Alban Crespo, representante legal de la Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V., y se consigna la firma de Gámez, de Soptravi, como concedente.
Acceso a la información
Doris Imelda Madrid, presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), informó que serán suspendidas seis de ocho reservas que Coalianza esgrime de manera legal para evitar que se difunda información de su quehacer público.
Madrid expresó que el Gobierno destina cada vez menos recursos a la inversión pública; en cambio eleva la cuota de participación del sector privado mediante concesiones efectuadas por la vía de Coalianza.
“Existe un dictamen favorable que respalda este proceso de revisión y además existen artículos en el reglamento de la Ley de Coalianza que lesionan el derecho al acceso a la información pública y lesionan su propia ley”, expresó.
Según la presidenta del IAIP, existen ocho puntos que Coalianza esgrime con el fin de guardar su reserva para brindar información oportuna. De estos temas se resolvieron seis de común acuerdo y dos están pendientes de ser resueltos.
Wenceslao Lara: “Van a quebrar al país”
Para el diputado liberal Wenceslao Lara, persiste la duda sobre el aspecto financiero del contrato que le concede el mantenimiento de la carretera CA-5 por 40 años a un consorcio que no la construyó.
“Coalianza y el Instituto de Acceso a la Información Pública hicieron esa triquiñuela para no publicar los montos por los que se llevó a cabo ese contrato; clasificaron la información y ahora está en reserva. No se consideraron los libramientos de San Pedro Sula, por ejemplo, lo que significa que seguirá congestionada. No se conoce a ciencia cierta el contrato. Hay gran hermetismo. No nos dieron nada de información. Los de Coalianza me dijeron que me iban a dar una copia y sigo esperando. Si siguen aprobando contratos de esa manera, van a quebrar el país. Esconden toda la información por lo mismo, para que la gente no esté informada”, Lara.
José Pineda: “En tres meses inician proyectos”
José Pineda, director de Coalianza, aseguró que en unos meses comenzarán a verse las obras de los nuevos contratos otorgados por Coalianza que siguen generando incógnitas entre diversos sectores del país.
“En unos tres meses comienzan los proyectos del Corredor Logístico y el Turístico para queel pueblo hondureño empiece a ver el desempeño de estos proyectos. La inversión será de unos 500 millones de dólares. Hay otro proyecto que no se trata solo del libramiento de San Pedro Sula, sino de todo el Valle de Sula, desde Villanueva hasta Choloma. Hay estudios que ya existen; hay que revisarlos y afinarlos para definir el libramiento y cuando se tengan esos estudios finales se debe abrir un proceso de licitación para ver de dónde se pueden financiar estos proyectos. En junio se espera tener los diseños finales para la licitación y que se adjudique el mismo año”, dijo.
Claves de la concesión
TRAMOS El Corredor Logístico incluye 393 kilómetros de mejoramiento y mantenimiento por 20 años. Va desde Tegucigalpa a Comayagua, San Pedro Sula y Puerto Cortés, además de Goascorán hasta la Villa de San Antonio, Comayagua. Entre tanto, el Corredor Turístico incluye 122 kilómetros de mejoramiento, ampliación y mantenimiento por un lapso de 40 años.
Peajes Entre L15 y 20 pagará por peaje un vehículo liviano que transite por el corredor logístico Tegucigalpa-Puerto Cortés. El consorcio instalará estaciones de pesaje móviles que incluyen básculas y equipamiento. Además construirán casetas de peaje en diferentes tramos. Por cada tramo, un camión de dos ejes pagaría $3.20 y uno de cinco ejes, ocho dólares.
EMPRESAS Los proyectos serán ejecutados por la Concesionaria Vial de Honduras, integrada por Hidalgo e Hidalgo y la construcción y administración por consorcios de Ecuador y Perú en el caso del Corredor Logístico. Del Corredor Turístico se encargarán las empresas CI Grodco en CA, Grodco Panamá y Profesionales de la Construcción, de Colombia, Panamá y Honduras.
