Las compañías constructoras que paralizaron la ejecución de al menos 125 obras públicas en todo el país tienen a su cargo la responsabilidad de dar mantenimiento de 15,000 kilómetros de red vial del país.
Alejandro Álvarez, presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), expresó que los ejecutivos de las compañías constructoras conversaron y explicaron en el transcurso del día a sus trabajadores las causas por las cuales se detenían las obras, por un tiempo indefinido.
Álvarez explicó que a estas empresas se les adeuda más de dos mil millones de lempiras desde 2010 a la fecha. “Los socios de estas firmas empeñaron el perro, el gato y hasta la mujer para obtener recursos con la banca y poder continuar con el desarrollo de los trabajos; pero el Gobierno paga mal a quien bien le sirve”, expresó el empresario.
Además reconoció que muchas familias de los obreros que laboran para sus compañías dejarán de recibir los ingresos económicos esperados de manera especial para la compra de los alimentos y los útiles de los niños al inicio del año escolar.
“Las deudas con los bancos y las instituciones financieras nos impiden financiarle al Gobierno el pago de la planilla, la compra de combustibles y el mantenimiento de la maquinaria”, expresó.
El impacto además será evidente en el retraso de las obras viales, dijo el presidente de la Chico; y amplió que las obras están diseminadas en todo el territorio nacional.
Indiferencia
Pero ayer, que comenzó la medida acordada por la Chico, la Empresa de Consultoría (Chec) y el Colegio de Ingenieros Civiles (CICH), no hubo reacción inmediata sobre los efectos del paro.
“La deuda asciende a 2,022 millones de lempiras. Para nosotros es ofensivo que el ministro de Finanzas no nos haya recibido hasta el momento. El país va a una crisis que no va a poder controlarse en las calles”, agregó Álvarez .
El presidente de la Chico expresó que la respuesta que han tenido de parte del Gobierno, a través de un interlocutor de Casa Presidencial, es que no existen en estos momentos recursos para cancelarles las deudas a todas las constructoras.
Informó que se comenzó ayer a discutir con funcionarios de la Secretaría de Finanzas que se les pagará en el término de unos seis meses un monto estimado en 300 millones de lempiras en efectivo. Los recursos se adeudan a la pequeña y mediana empresa de la construcción, que tienen un contrato por debajo de los 10 millones de lempiras.
En su momento estas organizaciones discutían la posibilidad de que se les honraran estos compromisos en un plazo de tres meses, el 100% en efectivo.
“Estas compañías ahora prefieren esperar un poco más de tiempo y que se les pague de una manera total estos compromisos, para a su vez saldar deudas con los bancos y proveedores”.
La propuesta es que a las compañías a las que se les adeuda más de 10 millones de lempiras se les cancele el 70% en efectivo y el restante 30% en bonos encajeables.
La negociación con este sector dependerá de la capacidad financiera de la empresa constructora.
En una rueda de prensa, Danilo Rodríguez, presidente de la Chec, exigió al Gobierno de no promover nuevos proyectos de licitación, obra y consultoría mientras subsista el problema de liquidez. Luis Eveline, presidente del CICH y de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingeniería, añadió que “nuestros agremiados están entrando en la central de riesgos por impagos. Los bancos están cobrando sus deudas como si la situación fuera normal, pero nuestros agremiados no pueden pagarlas por culpa del Gobierno”.
Inmerso en una profunda crisis fiscal y financiera y con la mayor deuda pública de su historia, el Gobierno de Honduras está pagando deudas de suministros y servicios con bonos, títulos de deuda pública canjeables en la banca privada a cambio del pago de intereses.
Fuerte impacto
Las 125 obras paralizadas por parte de los constructores están perjudicando a unas 125,000 familias que dependen de sus labores en estos proyectos, informó el gerente general de la Chico, Silvio Larios.
Los 125 proyectos del Estado, en su mayoría de redes viales, están financiados en el Fondo Vial y la Dirección General de Carreteras, dependencias de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), que cubren todo el país.
“Tenemos red vial pavimentada y no pavimentada; pero no solamente es construcción, sino también supervisión de los mismos que ya estamos hablando de proyectos pequeños que tienen ingenieros independientes y que no pasan de un millón y medio de lempiras”, manifestó Larios.
El ingeniero explicó que no solo las empresas constructoras están metidas en este problema de deuda, sino algunas supervisoras. “No solo hay que pensar en las grandes empresas, sino también en el albañil que se tuvo que despedir, aquel que busca educación privada porque la pública no funciona, todo esto les cuesta. Es una red la que está afectada, son 125,000 personas, pero no las veamos como individuos sino como familias que tienen serios problemas por la falta de pago del Estado”, advirtió el gerente de la Chico.
No quieren bonos
Larios afirmó que la mayoría de los 125 proyectos ya están concluidos y otros en ejecución que comenzaron en 2012.
“Desde 2012 comenzó a rebalsar el vaso de agua, fuimos insistentes, alertamos e hicimos muchos llamados al Estado, les dijimos que no se olviden de las carreteras, pongan atención; pero todo fue en vano.
El problema es serio, nuestros afiliados tienen temor por represalias a sus trabajos, pero en esta ocasión es contra todo el sector, desde pequeños hasta grandes empresarios”, señaló Larios.
La deuda que mantiene el Gobierno con los constructores les ha perjudicado hasta con la banca nacional e internacional, la que nunca pierde según Larios, quien desconfió de la intención del Ejecutivo de pagarles por medio de bonos.
“Esto de los bonos es una etapa que estuvo funcionando bastante bien, pero se saturó tanto el mercado que ya nadie los quiere ver, se ha perdido la credibilidad en los mismos, antes eran bonos encajables y se podía hacer el intercambio con los bancos, pero ahora ni estos quieren ver.
Esto va creando una red de pánico, la gente está alarmada de lo que va a pasar con estos bonos”, expresó el gerente de la Chico.
Entre los 125 proyectos paralizados hay algunos de 35 millones de lempiras, de 40 millones, por lo que Larios explicó que los proyectos más grandes solo son los que se comparten con fondos externos.
“Los grandes proyectos que sobrepasan los 50 millones se ejecutan con fondos externos y podríamos decir que están en mejor condición. Lo que queremos es que nos expliquen qué es lo que está pasando, porque ellos (Gobierno) solo nos dicen que no hay dinero y punto. Queremos saber qué es lo que está pasando con la economía nacional porque están creando una gran incertidumbre.
Varios proyectos se han ido de aquí por la falta de estabilidad”, agregó Larios.
Efectos en nuevas inversiones
Estimaciones de la Chico indican que esta suspensión de las obras frena una inversión pública cercana a los 900 millones de lempiras correspondiente al presupuesto asignado al Fondo Vial para 2013.
El 90% de estas obras se concentra en la zona rural del país. En el transcurso del día se conoció que muchas municipalidades han consultado a las compañías constructoras respecto a la continuidad de estos trabajos, la mayoría de ellos vinculados a carreteras.
El Fondo Vial contrata compañías para que efectúen labores de mantenimiento en el derecho de vía, alcantarillas, cunetas, drenajes, bacheo en calzadas y puentes. Además, participa en la contratación de obras civiles durante emergencias y derrumbes, entre otras. Las compañías también se retiraron de la obras contratadas por Salud para edificar y reparar hospitales.
