Un retorno complicado a sus actividades se les depara a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.Los analistas se preguntan qué va acontecer en la Sala de lo Constitucional, dónde van a converger cuatro magistrados que no aceptan haber sido destituidos, alegando que el procedimiento fue ilegal y cuatro nuevos magistrados que fueron juramentados por el Congreso para que tomen posesión de sus cargos.
El pasado 12 de diciembre, 97 diputados del Congreso Nacional votaron por la separación de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruiz Gaekel. Quedó excluido de la separación el magistrado Óscar Chinchilla.
En su lugar fueron nombrados
Silvia Trinidad Santos, José Elmer Lizardo Carranza, German Vicente García y Víctor Manuel Lozano, que tomaron su promesa de ley, pero todavía no se presentan a sus oficinas debido a que la Corte se encuentra de vacaciones.Sectores políticos vislumbran un comienzo de año muy difícil para la Corte Suprema de Justicia, ya que por un lado ahora tiene 19 magistrados y, por el otro, tendrá que resolver un recurso de amparo interpuesto a favor de los cuatro miembros de la Sala de lo Constitucional que fueron despedidos.
Siendo que el Congreso Nacional no tiene facultades para destituir a jueces y a magistrados, la Barra de Abogados Anticorrupción presentó un recurso de amparo a favor de los cuatro magistrados de la Sala Constitucional.Por su lado, los magistrados destituidos presentaron un recurso con la suspensión del acto reclamado, es decir que no proceda lo actuado por el Congreso, lo que significa que los nuevos magistrados no podrán formar parte de la Sala de lo Constitucional que conocerá el caso.
Según los entendidos en la materia, tampoco podrán conocer del caso siete magistrados que suscribieron un documento solidarizándose con sus colegas destituidos. Ellos son Jacobo Cálix Hernández, Raúl Antonio Henríquez, Marco Vinicio Zúniga y Víctor Manuel Martínez, Rosa de Lourdes Paz, Edith María López y Tomás Arita Valle.Igualmente, el presidente de la Corte, Jorge Rivera Avilés, que aunque no firmó el documento de solidaridad se pronunció sobre el caso al declarar en público que nada tuvo que ver con la decisión del Congreso y que desmentía al titular de ese poder del Estado, Juan Orlando Hernández, que lo involucró desde el momento en que dijo que aquel estaba de acuerdo.
La pregunta es si 14 de los 15 magistrados que componen la Corte Suprema de Justicia han emitido juicios sobre el caso de sus colegas destituidos. ¿Quiénes, entonces conformarán la Sala de lo Constitucional que conoce de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la acción del Congreso Nacional?Tremendo dilema se le presenta al presidente del Poder Legislativo, Rivera Avilés.
Ciertos juristas alegan que Rivera Avilés puede nombrar a un equipo compuesto por profesionales del derecho de probada conducta moral o, en su defecto, incorporar a la Sala a jueces de las Cortes de Apelaciones.Empero, otros abogados alegan que ello implicaría una usurpación de funciones por personas ajenas al pleno de la Corte Suprema de Justicia.¿Cómo se resolverá esta encrucijada? Se teme que al paso de los próximos días, el país esté inmerso en este debate, cuyas consecuencias son impredecibles.Por otro lado, el Congreso ya anunció la aprobación del juicio político y la creación de un Tribunal de Justicia Constitucional.
La Constitución prohíbe crear tribunales especiales
Tegucigalpa. La Sala Constitucional deberá conformarse por magistrados del actual pleno de la Corte Suprema de Justicia, expuso el abogado Jaír López.Argumentó que la única razón para convocar a otros magistrados de otras salas es cuando existe excusa o recusación fundada.Por tanto, el jurista considera que los amparos interpuestos contra la destitución de cuatro magistrados deberá conocerlos la Sala Constitucional, integrada por restantes magistrados del pleno de la Corte.
Enfatizó que si los cuatro destituidos no recusaron a los demás magistrados del pleno, el presidente de la Corte Suprema está obligado a llamar a cuatro de estos para integrar la Sala Constitucional.
Si estos ya se pronunciaron, no necesariamente los inhabilita para conocer ambos recursos.“Habría que revisar si lo que externaron está relacionado concretamente con los argumentos expuestos en ambos recursos”.Afirmó que no procede conformar una corte ad hoc. “Sería peligrosísimo, en aras de la transparencia, del respeto a la legalidad, que se conformase un tribunal especial, es decir, ad hoc, sin necesidad de hacerlo, nuestra Constitución de la República inclusive prohíbe dentro del Poder Judicial crear tribunales especiales”, indicó López.
La Ley sobre Justicia Constitucional ya señala las causales para la suspensión del acto reclamado. Una de ellas es si el acto que se cuestiona, es decir la resolución del Congreso Nacional, afecta más los derechos fundamentales de las personas que reclaman el amparo.“A mi juicio procedería el análisis de esa causal para determinar si procede o no la suspensión de ese acto cuestionado por los magistrados destituidos”, expresó.
Ayer trascendió que los cuatro magistrados destituidos descargaron los expedientes que manejaban en la Sala Constitucional, para ser reasignados.En los cerca de cuatro años que laboraron en dicha Sala, ingresaron un total de 4,500 recursos, se fallaron 3,700; de los 800 restantes, 600 están en trámite y 200 por resolver.
