En los próximos días será conocido en el Congreso Nacional el borrador de la Ley de Portabilidad Numérica que presentará el Gobierno.
La propuesta fue sometida a un nuevo proceso de revisión a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Mediante el proyecto se pretende garantizar que los usuarios de la telefonía celular puedan conservar su número telefónico en caso de que decidan cambiarse a otra compañía operadora de telefonía.
Según el documento, el propósito sería fomentar una competencia más equitativa entre los proveedores de servicios de telecomunicaciones, lo que a su vez se traduce en mejores tarifas, más servicios de telecomunicaciones y un uso más eficiente de la numeración.
La iniciativa será sometida a revisión, discusión y posterior aprobación del Congreso Nacional a más tardar en septiembre para ponerla en funcionamiento a partir del 1 de octubre.
El costo de esta transición, en la que los números 3, 9 y 8 ya no serán exclusivos de una compañía, no se especificó.
El verdadero impacto será medible para las empresas hasta octubre, cuando los abonados sientan la libertad de migrar a otra compañía sin perder el número telefónico porque serán propietarios del mismo. En ese sentido, los abonados pueden migrar por diversas causas: tarifas, planes de pago, servicios de telecomunicaciones, señal y quizás la más importante: su nivel de satisfacción o insatisfacción por el servicio recibido durante años.
La propuesta de ley, planteada por Conatel, contiene ocho artículos que habrían sido discutidos y analizados entre el Gobierno y las compañías. De momento, el principal obstáculo lo plantea la identificación de las llamadas entre compañías.
Para el caso, si Hondutel canaliza llamadas con el número 3, ahora deberá saber si ese número pertenece a alguien que es cliente de las otras compañías.
Según datos, en Estados Unidos se implementó esta iniciativa el año 2003 y el 5 de julio de 2008 México se convirtió en el primer país de América Latina en adoptarla en los mercados de telefonía móvil y fija a pesar de los múltiples retrasos.
Brasil lo hizo a finales de 2008 y Dominicana implementó el 30 de septiembre de 2009.
