Tegucigalpa, Honduras.
La reforma que hizo el Congreso Nacional al artículo 184 del Código Procesal Penal ha generado tanta controversia que el posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) realizó un análisis en el que indica se estaría retrocediendo en las finalidades del proceso penal.
Con la reforma a la normativa penal, los diputados pretenden devolverle la discrecionalidad a los jueces para que apliquen u otorguen a los imputados medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
El artículo 184 refiere que habrá sustitución de la prisión preventiva siempre que los riesgos a que se refiere el artículo 178, que son peligro de fuga del imputado, posible obstrucción de la investigación, riesgo de que el acusado se reintegre a la organización delictiva, entre otros, puedan ser evitados con medidas.
El Código además establece en dicho artículo que quien sea acusado por el Ministerio Público de homicidio, asesinato, parricidio, secuestro, lavado de activos, extorsión, asociación ilícita, defraudación fiscal, entre otros delitos catalogados graves, no procederá una medida distinta a la prisión preventiva.
En tal sentido, el análisis del posgrado de Derecho de la Unah refiere que se estaría promoviendo la impunidad en el país, debido a que los delitos referidos indican una alta peligrosidad por parte de quienes los cometen.
En caso de que esta reforma a la normativa sea sancionada por el Poder Ejecutivo, más de cinco mil reclusos recobrarían su libertad. Según los propulsores de esta reforma, esto descongestionaría los centros penales del país.
El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, a dicho que esta reforma tiene como base una resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención de Derechos Humanos de Ginebra, Suiza.
El decreto ya fue turnado al Ejecutivo, pero el presidente Juan Orlando Hernández advirtió que podría vetarlo si no obedece al criterio del Consejo de Defensa y Seguridad.
La reforma que hizo el Congreso Nacional al artículo 184 del Código Procesal Penal ha generado tanta controversia que el posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) realizó un análisis en el que indica se estaría retrocediendo en las finalidades del proceso penal.
Con la reforma a la normativa penal, los diputados pretenden devolverle la discrecionalidad a los jueces para que apliquen u otorguen a los imputados medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
El artículo 184 refiere que habrá sustitución de la prisión preventiva siempre que los riesgos a que se refiere el artículo 178, que son peligro de fuga del imputado, posible obstrucción de la investigación, riesgo de que el acusado se reintegre a la organización delictiva, entre otros, puedan ser evitados con medidas.
El Código además establece en dicho artículo que quien sea acusado por el Ministerio Público de homicidio, asesinato, parricidio, secuestro, lavado de activos, extorsión, asociación ilícita, defraudación fiscal, entre otros delitos catalogados graves, no procederá una medida distinta a la prisión preventiva.
En tal sentido, el análisis del posgrado de Derecho de la Unah refiere que se estaría promoviendo la impunidad en el país, debido a que los delitos referidos indican una alta peligrosidad por parte de quienes los cometen.
En caso de que esta reforma a la normativa sea sancionada por el Poder Ejecutivo, más de cinco mil reclusos recobrarían su libertad. Según los propulsores de esta reforma, esto descongestionaría los centros penales del país.
El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, a dicho que esta reforma tiene como base una resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención de Derechos Humanos de Ginebra, Suiza.
El decreto ya fue turnado al Ejecutivo, pero el presidente Juan Orlando Hernández advirtió que podría vetarlo si no obedece al criterio del Consejo de Defensa y Seguridad.
