Tegucigalpa, Honduras.
El nuevo Código Penal arreciará el castigo para quienes cometan delitos contra el transporte público y servicios públicos.
Según el artículo 188 del proyecto que aún está en discusión y aprobación en el Congreso Nacional, quien por cualquier medio o procedimiento altere las condiciones mínimas de seguridad de cualquier clase de transporte público, vías de comunicación, plantas de producción o de distribución a los usuarios de agua, energías o las telecomunicaciones, de forma que ponga en peligro grave la vida, integridad o salud de las personas, debe ser castigado con las penas de prisión de 10 a 15 años y una multa de 200 a 500 días.
En ese orden, establece que si del hecho resulta la destrucción o inutilización de los objetos materiales señalados en el párrafo anterior, la pena se aumentará en un cuarto.
Las penas previstas deben imponerse sin perjuicio de las que pudieran corresponder por otros delitos.
Asimismo, en el artículo 189 también se castiga la imprudencia en el transporte público e infraestructuras.
Indica que quien por imprudencia grave realiza la conducta mencionada en el artículo anterior debe ser castigado con las penas señaladas previstas en este (artículo 188) reducidas en dos tercios.
Multas
Cabe mencionar que este Código Penal incluye multas por día. Edwin Pavón, vicepresidente del Congreso, explicó que en el artículo 54 se señala que la pena de multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la ley designe.
La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que la ley disponga otra cosa. Su extensión no puede ser menor de 10 días ni mayor a dos mil días.
Cada día multa tendrá un valor no menor de 20 lempiras ni mayor de cinco mil lempiras.
En concordancia, la Ley de Transporte crea fiscales nacionales o jueces con jurisdicción nacional para atender de manera especial los delitos que se cometan en el transporte público, para atacar la impunidad y con ellos lograr seguridad para los usuarios.
El nuevo Código Penal arreciará el castigo para quienes cometan delitos contra el transporte público y servicios públicos.
Según el artículo 188 del proyecto que aún está en discusión y aprobación en el Congreso Nacional, quien por cualquier medio o procedimiento altere las condiciones mínimas de seguridad de cualquier clase de transporte público, vías de comunicación, plantas de producción o de distribución a los usuarios de agua, energías o las telecomunicaciones, de forma que ponga en peligro grave la vida, integridad o salud de las personas, debe ser castigado con las penas de prisión de 10 a 15 años y una multa de 200 a 500 días.
En ese orden, establece que si del hecho resulta la destrucción o inutilización de los objetos materiales señalados en el párrafo anterior, la pena se aumentará en un cuarto.
Las penas previstas deben imponerse sin perjuicio de las que pudieran corresponder por otros delitos.
Asimismo, en el artículo 189 también se castiga la imprudencia en el transporte público e infraestructuras.
Indica que quien por imprudencia grave realiza la conducta mencionada en el artículo anterior debe ser castigado con las penas señaladas previstas en este (artículo 188) reducidas en dos tercios.
Multas
Cabe mencionar que este Código Penal incluye multas por día. Edwin Pavón, vicepresidente del Congreso, explicó que en el artículo 54 se señala que la pena de multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la ley designe.
La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que la ley disponga otra cosa. Su extensión no puede ser menor de 10 días ni mayor a dos mil días.
Cada día multa tendrá un valor no menor de 20 lempiras ni mayor de cinco mil lempiras.
En concordancia, la Ley de Transporte crea fiscales nacionales o jueces con jurisdicción nacional para atender de manera especial los delitos que se cometan en el transporte público, para atacar la impunidad y con ellos lograr seguridad para los usuarios.
