Tegucigalpa, Honduras.
El Instituto Nacional Agrario (INA) dispondrá el próximo mes de los primeros 176 millones de lempiras provenientes de la Secretaría de Finanzas para comenzar a pagar los derechos laborales de los trabajadores como parte de un plan de depuración que reducirá a la mitad el número de empleados.
El anuncio lo hizo ayer el director Ramón Lara, quien descartó que la entidad se fusione con el Instituto de la Propiedad, como lo denunció el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, Franklin Almendárez. “Es una mala percepción la que hay porque el INA tiene rango constitucional”.
Lara aseguró que sí hay una política agraria del actual Gobierno, pero es necesario reducir la masa laboral para poder rescatar financieramente la institución.
En agosto, Finanzas dará los primeros 176 millones, y el siguiente mes, otros 100 millones de lempiras, para hacer un total de 276 millones, con los cuales les pagarán prestaciones a los empleados que ya cumplieron su edad para jubilarse que, según el sindicato, suman más de 60. Hay otros 100 empleados que pidieron se les cese en sus funciones porque ya cumplieron su ciclo laboral. De acuerdo con el director del INA, la idea es dejar solo unos 450 empleados.
Los empleados están reclamando el pago de sus vacaciones acumuladas, y todo esto estará incluido en el pago de sus derechos laborales cuando ya se tengan los recursos, de acuerdo con el director del INA.
“El INA necesita una reorientación. Tenemos que buscar cómo atendemos las empresas campesinas para que se vuelvan productivas, por eso es la reingeniería”, justificó Lara.
El Instituto Nacional Agrario (INA) dispondrá el próximo mes de los primeros 176 millones de lempiras provenientes de la Secretaría de Finanzas para comenzar a pagar los derechos laborales de los trabajadores como parte de un plan de depuración que reducirá a la mitad el número de empleados.
El anuncio lo hizo ayer el director Ramón Lara, quien descartó que la entidad se fusione con el Instituto de la Propiedad, como lo denunció el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, Franklin Almendárez. “Es una mala percepción la que hay porque el INA tiene rango constitucional”.
Lara aseguró que sí hay una política agraria del actual Gobierno, pero es necesario reducir la masa laboral para poder rescatar financieramente la institución.
En agosto, Finanzas dará los primeros 176 millones, y el siguiente mes, otros 100 millones de lempiras, para hacer un total de 276 millones, con los cuales les pagarán prestaciones a los empleados que ya cumplieron su edad para jubilarse que, según el sindicato, suman más de 60. Hay otros 100 empleados que pidieron se les cese en sus funciones porque ya cumplieron su ciclo laboral. De acuerdo con el director del INA, la idea es dejar solo unos 450 empleados.
Los empleados están reclamando el pago de sus vacaciones acumuladas, y todo esto estará incluido en el pago de sus derechos laborales cuando ya se tengan los recursos, de acuerdo con el director del INA.
“El INA necesita una reorientación. Tenemos que buscar cómo atendemos las empresas campesinas para que se vuelvan productivas, por eso es la reingeniería”, justificó Lara.
