Tegucigalpa, Honduras.
En los últimos siete años, la corrupción causó un perjuicio de 4,000 millones de lempiras al Estado de Honduras, pero en contraste solo un funcionario fue sentenciado a pena de cárcel por la apropiación indebida de esos fondos públicos.
Así lo revela el informe “Judicialización de la corrupción pública 2008-2015”, presentado ayer por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) ante representantes de la sociedad civil.
En el evento participaron como panelistas el titular del Poder Judicial, Rolando Argueta; el fiscal general óscar Chinchilla, y Jan Michael Simón, jefe de la Unidad contra la Corrupción de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (Maccih).
La investigación que abarca los años 2008 y 2007 comprende la revisión de unos 110 expedientes de corrupción pública, en los cuales se identificaron 17 delitos relacionados con ese flagelo, como cohecho, fraude y enriquecimiento ilícito.
El informe revela que en ese período se presentaron 3,471 denuncias de corrupción, pero solo 293 casos se transformaron en requerimientos fiscales presentados ante los tribunales, lo que equivalió a un requerimiento fiscal por cada 12 denuncias.
De los casos judicializados, el 50% correspondió a abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, para los cuales la ley permite aplicar salidas procesales alternas como conciliación y suspensión de la persecución penal. Sin embargo, cuando se trató de casos en los cuales hubo delitos graves como el fraude o enriquecimiento ilícito, que vienen con delitos conexos como el abuso de autoridad o la violación de deberes del funcionario, hubo una marcada tendencia de sobreseer los delitos complejos y procesar los que tienen salidas procesales o los “delitos bagatela”.
El informe indica, además, que de los 198 imputados por corrupción pública la mayoría; es decir, 151, fueron funcionarios de nivel bajo y medio, y apenas 21 del nivel alto, como ministros, alcaldes, diputados o gerentes generales.
Lo anterior denota que el andamiaje institucional anticorrupción que se ha venido desarrollando en los últimos 25 años ha sido muy poco efectivo al momento de investigar, judicializar y castigar la corrupción pública.
Un dato escalofriante del informe establece que la corrupción causó un perjuicio de 179 millones de dólares al Estado, unos 4,000 millones de lempiras, de los cuales 118.9 millones de dólares (2,713 millones de lempiras) corresponden al megafraude del Seguro Social.
El presidente del Poder Judicial reconoció las debilidades en el sistema de justicia; no obstante, en su descargo indicó que entre 2011 y 2015 se registraron 32 sentencias por la vía del procedimiento abreviado en el seno de los juzgados de letras.
Además, se registraron dos sentencias condenatorias en temas de corrupción en los juzgados con jurisdicción con competencia nacional por la vía del procedimiento abreviado y otras 58 sentencias condenatorias en los distintos tribunales de sentencia del país, para hacer un gran total de 92 sentencias condenatorias por corrupción entre 2011 y 2015.
En los últimos siete años, la corrupción causó un perjuicio de 4,000 millones de lempiras al Estado de Honduras, pero en contraste solo un funcionario fue sentenciado a pena de cárcel por la apropiación indebida de esos fondos públicos.
Así lo revela el informe “Judicialización de la corrupción pública 2008-2015”, presentado ayer por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) ante representantes de la sociedad civil.
En el evento participaron como panelistas el titular del Poder Judicial, Rolando Argueta; el fiscal general óscar Chinchilla, y Jan Michael Simón, jefe de la Unidad contra la Corrupción de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (Maccih).
La investigación que abarca los años 2008 y 2007 comprende la revisión de unos 110 expedientes de corrupción pública, en los cuales se identificaron 17 delitos relacionados con ese flagelo, como cohecho, fraude y enriquecimiento ilícito.
El informe revela que en ese período se presentaron 3,471 denuncias de corrupción, pero solo 293 casos se transformaron en requerimientos fiscales presentados ante los tribunales, lo que equivalió a un requerimiento fiscal por cada 12 denuncias.
De los casos judicializados, el 50% correspondió a abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, para los cuales la ley permite aplicar salidas procesales alternas como conciliación y suspensión de la persecución penal. Sin embargo, cuando se trató de casos en los cuales hubo delitos graves como el fraude o enriquecimiento ilícito, que vienen con delitos conexos como el abuso de autoridad o la violación de deberes del funcionario, hubo una marcada tendencia de sobreseer los delitos complejos y procesar los que tienen salidas procesales o los “delitos bagatela”.
El informe indica, además, que de los 198 imputados por corrupción pública la mayoría; es decir, 151, fueron funcionarios de nivel bajo y medio, y apenas 21 del nivel alto, como ministros, alcaldes, diputados o gerentes generales.
Lo anterior denota que el andamiaje institucional anticorrupción que se ha venido desarrollando en los últimos 25 años ha sido muy poco efectivo al momento de investigar, judicializar y castigar la corrupción pública.
Un dato escalofriante del informe establece que la corrupción causó un perjuicio de 179 millones de dólares al Estado, unos 4,000 millones de lempiras, de los cuales 118.9 millones de dólares (2,713 millones de lempiras) corresponden al megafraude del Seguro Social.
El presidente del Poder Judicial reconoció las debilidades en el sistema de justicia; no obstante, en su descargo indicó que entre 2011 y 2015 se registraron 32 sentencias por la vía del procedimiento abreviado en el seno de los juzgados de letras.
Además, se registraron dos sentencias condenatorias en temas de corrupción en los juzgados con jurisdicción con competencia nacional por la vía del procedimiento abreviado y otras 58 sentencias condenatorias en los distintos tribunales de sentencia del país, para hacer un gran total de 92 sentencias condenatorias por corrupción entre 2011 y 2015.
