Tegucigalpa, Honduras
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta Pérez, nombró este lunes a Rafael Bustillo Romero como el presidente de la Comisión de Selección de Candidatos Elegibles para los cargos de Jueces y Magistrados de lo Penal en Honduras con competencia nacional en materia de corrupción.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta Pérez, nombró este lunes a Rafael Bustillo Romero como el presidente de la Comisión de Selección de Candidatos Elegibles para los cargos de Jueces y Magistrados de lo Penal en Honduras con competencia nacional en materia de corrupción.
En principio se manejó que el presidente de esta comisión iba a ser el magistrado presidente de la Sala de lo Penal, José Olivio Rodríguez, sin embargo, la decisión fue la de nombrar a Romero Bustillo que también integra esa sala.
La comisión está integrada por dos magistrados, un representante de la Maccih y un secretario de la sociedad civil, quien tendrá voz pero no voto.
Melvin Duarte, vocero de la CSJ, dijo hoy que la comisión queda integrada por 'el miembro propietario y presidente Rafael Bustillo Romero, magistrado de la Sala de lo Penal de la CSJ, además, por la abogada María Fernández Castro, de la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, y por el doctor Juan Jiménez Mayor quien es miembro de la Maccih'.
'Además queda designado como secretario de la comisión al señor Carlos Alberto Hernández Martínez y como su suplente al señor Lester Ramírez, ambos de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ)', dijo el portavoz judicial.
Información preliminar indica que una de las causas para haber nombrado sorpresivamente a Bustillo Romero fue una denuncia interpuesta por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en contra del magistrado José Olivio Rodríguez, a quien señalan por presuntos actos de corrupción.
Aunque no existe un cronograma para la escogencia de estos profesionales, Argueta Pérez había anunciado su conformación para mayo.
Según el protocolo una vez que esté integrada, sus miembros deberán reunirse en un plazo no mayor a 10 días hábiles para trabajar en el proceso.
El concurso se hará de manera pública y comprenderá las etapas de convocatoria, inscripción de postulantes, admisión de carpetas de postulación e identificación de aspirantes, selección de candidatos elegibles y nombramiento de los seleccionados.
Las pruebas de confianza se aplicarán siguiendo un orden establecido, las cuales son la socioeconómica, la patrimonial, la sicométrica, la toxicológica y por último la poligráfica.
Los aspirantes a integrar los juzgados anticorrupción, antes del sometimiento de las pruebas de confianza para su certificación, deberán pasar por un proceso de preparación y explicación.
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