Chicago, Estados Unidos.
La comunidad inmigrante en Estados Unidos afronta las próximas semanas con mayor inquietud y temor, debido a las informaciones de redadas contra madres y niños centroamericanos que se encuentran como indocumentados en el país.
Ante la confirmación de la deportación de una cantidad indeterminada de adultos y niños que no tengan apelaciones o pedidos de asilo pendientes, “mucha gente se ha encerrado y no quiere dar la cara por miedo”, declaró ayer el activista Iván Almonte, de Alerta Migratoria de Carolina del Norte.
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Marsha Catron, explicó ayer que los individuos que se encuentran bajo el ojo de las autoridades migratorias son aquellos que cruzaron la frontera después del 1 de enero de 2014 y han recibido una orden final de deportación de una corte de inmigración y no tienen pendiente ninguna petición de asilo humanitario.
Ana Miriam Carpio, de la Unión Salvadoreña (Unisal) de Charlotte en Carolina del Norte, destacó la “extrema preocupación” existente entre las 15 familias que viven “casi refugiadas” en esa organización por temor a las deportaciones.
Carpio informó que la incertidumbre invadió desde enero a las familias inmigrantes centroamericanas que viven en el área, cuando un estudiante indocumentado fue detenido en la parada del autobús y “700 jóvenes sin papeles dejaron de ir a la escuela”.
Vienen en mayo y junio
En Chicago, el pastor José Landaverde de la Misión Anglicana Fe y Esperanza, informó que una familia indocumentada hondureña lo llamó ayer alarmada por un “automóvil sospechoso” que estaba estacionado frente a su domicilio.
“Esta gente está pensando en pedir alojamiento en mi iglesia, temerosa de lo que se viene”, expresó el religioso de origen salvadoreño, que ha sido pionero en la protección de inmigrantes sin papeles a punto de ser deportados.
También podría pedir hospedaje en los próximos días la salvadoreña Güendi Hernández, que tenía 17 años cuando ingresó a Estados Unidos hace un año y medio con su pequeña hija de tres meses.
La joven tiene cita en la corte para dentro de un mes, pero según Landaverde, si no prospera su pedido de asilo el próximo paso sería refugiarse en la misión ubicada en el barrio mexicano La Villita en Chicago.
La vocera de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), Jennifer D. Elzea, dijo que la prioridad de las autoridades en las redadas que se realizarían entre mayo y junio próximos serían inmigrantes que fueron detenidos en la frontera después del 1 de enero de 2014.
Entre ellos “adultos solteros y adultos con niños pequeños”, lo que comprendería a madres y niños que han recibido orden de salir del país, así como menores que llegaron solos al país y ya cumplieron 18 años.
Según Carpio, de Unisal, en el área de Charlotte hay 1,800 madres centroamericanas con hijos pequeños que “viven una situación de emergencia” y arriesgan la deportación.
“ICE evitará realizar detenciones en lugares sensibles como escuelas, hospitales y lugares religiosos, con excepción de emergencias”, afirmó la vocera Elzea.
Sin embargo, en opinión de Almonte, lo mejor que puede hacer la gente que se siente amenazada es “mudarse de domicilio”, porque Inmigración “rompe sus propias reglas y nunca se sabe lo que puede pasar”.
Grupos como la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) aconsejaron ayer a las familias no abrir la puerta si los agentes no tienen una orden judicial, y si lo hacen lo mejor es no hablar y no firmar ningún documento “para evitar las autodeportaciones”.
La comunidad inmigrante en Estados Unidos afronta las próximas semanas con mayor inquietud y temor, debido a las informaciones de redadas contra madres y niños centroamericanos que se encuentran como indocumentados en el país.
Ante la confirmación de la deportación de una cantidad indeterminada de adultos y niños que no tengan apelaciones o pedidos de asilo pendientes, “mucha gente se ha encerrado y no quiere dar la cara por miedo”, declaró ayer el activista Iván Almonte, de Alerta Migratoria de Carolina del Norte.
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Marsha Catron, explicó ayer que los individuos que se encuentran bajo el ojo de las autoridades migratorias son aquellos que cruzaron la frontera después del 1 de enero de 2014 y han recibido una orden final de deportación de una corte de inmigración y no tienen pendiente ninguna petición de asilo humanitario.
Ana Miriam Carpio, de la Unión Salvadoreña (Unisal) de Charlotte en Carolina del Norte, destacó la “extrema preocupación” existente entre las 15 familias que viven “casi refugiadas” en esa organización por temor a las deportaciones.
Carpio informó que la incertidumbre invadió desde enero a las familias inmigrantes centroamericanas que viven en el área, cuando un estudiante indocumentado fue detenido en la parada del autobús y “700 jóvenes sin papeles dejaron de ir a la escuela”.
 Larisa Lara cuando caminaba por la terminal de buses de McAllen, Texas, y llevaba en brazos a su hija Annie (de 6 meses de edad) después de haber cruzado la frontera.
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En Chicago, el pastor José Landaverde de la Misión Anglicana Fe y Esperanza, informó que una familia indocumentada hondureña lo llamó ayer alarmada por un “automóvil sospechoso” que estaba estacionado frente a su domicilio.
“Esta gente está pensando en pedir alojamiento en mi iglesia, temerosa de lo que se viene”, expresó el religioso de origen salvadoreño, que ha sido pionero en la protección de inmigrantes sin papeles a punto de ser deportados.
También podría pedir hospedaje en los próximos días la salvadoreña Güendi Hernández, que tenía 17 años cuando ingresó a Estados Unidos hace un año y medio con su pequeña hija de tres meses.
La joven tiene cita en la corte para dentro de un mes, pero según Landaverde, si no prospera su pedido de asilo el próximo paso sería refugiarse en la misión ubicada en el barrio mexicano La Villita en Chicago.
La vocera de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), Jennifer D. Elzea, dijo que la prioridad de las autoridades en las redadas que se realizarían entre mayo y junio próximos serían inmigrantes que fueron detenidos en la frontera después del 1 de enero de 2014.
 En los últimos dos años han ingresado más centroamericanos con menores.
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Según Carpio, de Unisal, en el área de Charlotte hay 1,800 madres centroamericanas con hijos pequeños que “viven una situación de emergencia” y arriesgan la deportación.
“ICE evitará realizar detenciones en lugares sensibles como escuelas, hospitales y lugares religiosos, con excepción de emergencias”, afirmó la vocera Elzea.
Sin embargo, en opinión de Almonte, lo mejor que puede hacer la gente que se siente amenazada es “mudarse de domicilio”, porque Inmigración “rompe sus propias reglas y nunca se sabe lo que puede pasar”.
Grupos como la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) aconsejaron ayer a las familias no abrir la puerta si los agentes no tienen una orden judicial, y si lo hacen lo mejor es no hablar y no firmar ningún documento “para evitar las autodeportaciones”.
Avideh Moussavian, abogada del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, dijo que la realidad contradice la afirmación del Gobierno de que las familias que serán el blanco de la nueva ola de redadas han agotado el debido proceso.
“Pueden esconderse detrás de un lenguaje técnico bonito, pero no pueden afirmar con certeza de que esas personas tuvieron la oportunidad de presentar su caso en la corte”, señaló.
Abogados del centro, que han visitado madres detenidas en centros de Inmigración mientras se tramitan sus pedidos de asilo, comprobaron que no habían tenido asesoría legal e ignoraban sus derechos, los plazos o procedimientos, según explicó Moussavian.
