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Suspenden a policías señalados en muertes de González y Landaverde

  • 21 abril 2016 /

El director de la Policía, Félix Villanueva, confirmó la medida a los miembros de la comisión de depuración.

Tegucigalpa, Honduras

Los 25 policías presuntamente vinculados a los crímenes del zar antidrogas Julián Arístides González y del asesor en seguridad Alfredo Landaverde, cuyos nombres se publicaron en un informe del diario The New York Times, fueron suspendidos, anunció Alberto Solórzano, integrante de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional.

'Nosotros hemos sido notificados oficialmente por parte del oficial (Félix) Villanueva -actual director de la Policía - que estos 25 policías han sido suspendidos, significa que ellos están separados por el momento de todo tipo de cargo y responsabilidad mientras se le da seguimiento a esta denuncia que es bastante fuerte por parte de este medio de comunicación -The New York Times-', afirmó.

Solórzano aseguró que es evidente la disposición para aclarar todo este escándalo que ha traspasado fronteras, lo cual consideran que es lo más saludable.

No obstante, cuestionó la falta de convocatoria de esas personas que están haciendo señalamientos directos de implicados e instituciones en estos casos emblemáticos, para que en un lugar más indicado puedan explicar de dónde proviene la información.

El 18 de abril, la comisión solicitó a la Secretaría de Seguridad que suspendiera de manera inmediata a los oficiales mencionados en un Informe de la Inspectoría de la Policía publicado por The New York Times que incluye 31 ficas y a 54 personas. De los 25 oficiales involucrados, cuatro se encuentran en situación de retiro y dos fallecieron.

Trascendió que la comisión depuradora pidió información a la Embajada de los Estados Unidos sobre los policías hondureños presuntamente implicados en actividades ilícitas y no se descarta que algunos de esos oficiales sean pedidos en extradición.

El presidente Juan Orlando Hernández había creado el órgano el 12 de marzo, cuatro días después que el Congreso decretara una 'emergencia y seguridad nacional para la depuración de la Policía Nacional por el término de doce meses'.