Tegucigalpa, Honduras
Tal como lo adelantó LA PRENSA en primicia informativa, el presidente Juan Orlando Hernández confirmó a este medio que la abogada Vilma Morales, el pastor Alberto Solórzano y el representante de sociedad civil, Omar Rivera, son los tres comisionados que acompañarán el proceso de depuración Policial.
El gobernante indicó que únicamente está a la espera de que el representante de la Iglesia Católica que fue invitado a participar en esta instancia confirme su participación en las próximas horas.
“Ya los tenemos, Vilma Morales, Alberto Solórzano y Omar Rivera y (solo) esperando un representante de la Iglesia Católica”, confirmó el gobernante en una comunicación privada con periodistas de LA PRENSA.
El pastor Solórzano es una respetable figura de la comunidad evangélica hondureña y latinoamericana y ha integrado diversas comisiones ad hoc, entre ellas la de compra de medicinas en el sector público; además, formó parte del consejo directivo que lideró en los últimos dos años el proceso de transformación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), del cual es miembro en representación de la Iglesia Evangélica.
Omar Rivera es un reconocido líder de opinión de 45 años y actualmente funge como coordinador de la APJ, una de las organizaciones que integran la coalición de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), capítulo de Transparencia Internacional Honduras.
Es ingeniero industrial egresado del Centro Universitario Regional del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y ha trabajado en los últimos años en temas de seguridad ciudadana y justicia y en diseño de políticas públicas.
Por su parte, Vilma Morales es actual miembro de la Comisión Interventora del Seguro Social, expresidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y expresidenta de la Corte Suprema de Justicia.
La Ley de Emergencia para la Depuración Policial establece que la Comisión tendrá como atribuciones: determinar la idoneidad en el servicio, como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial, implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión de los procesos de los miembros de la Policía Nacional cancelados, y remitir al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas los expedientes de las personas canceladas por la supuesta comisión de un hecho ilícito.
Además, deberá rendir informes trimestrales al Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo acerca de los avances y obstáculos del proceso de depuración policial.
Una Comisión de Notables integrada por presentada este martes por el presidente Juan Orlando Hernández después de que el poder Ejecutivo aprobara el decreto de reestructuración de la institución policial.
