Tegucigalpa, Honduras.
El Gobierno de Honduras deberá cumplir con rigurosas condiciones impuestas por Estados Unidos para poder recibir los desembolsos del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, de lo contrario correrá el riesgo de que se le suspenda o congele la ayuda económica de forma parcial o total.
Dentro de esas condiciones, están reducir el rol de los militares en las tareas de la seguridad pública, el apoyo a una comisión internacional contra la impunidad y la investigación, enjuiciamiento de funcionarios corruptos, así como de policías y militares involucrados en violaciones a los derechos humanos.
Las disposiciones están establecidas en la Ley de Asignaciones Presupuestarias para el Año Fiscal 2016, aprobada por el Congreso de Estados Unidos en diciembre del año pasado.
EUA aprobó un paquete de ayuda para Honduras, El Salvador y Guatemala de 750 millones de dólares, el 40 por ciento de los cuales (299.4 millones) estará encaminado a programas de desarrollo, mientras que el 24 por ciento (183.5 millones) en asistencia económica y el 30 por ciento (222 millones) para iniciativas de seguridad.
Un 25% del total de la cooperación se entregará sin ningún tipo de condiciones, pero el 75% restante se hará en etapas y según el cumplimiento de al menos 17 medidas dirigidas a mejorar la gobernabilidad, seguridad y atenuar otras causas que provocan la masiva inmigración de hondureños a EUA. La ley establece que el Secretario de Estado de EUA, Jhon Kerry, revisará periódicamente el progreso de cada gobierno y que a más tardar el 30 de septiembre de 2016 presentará un informe a los comités del Congreso estadounidense.
La Ley es muy clara en el sentido que en caso de incumplimiento, el Secretario de Estado deberá suspender total o parcial la ayuda al Gobierno, aunque se encuentra en la Ley la reanudación de la misma una vez que se certifique que se han tomado las medidas correctivas.
El Gobierno de Honduras deberá cumplir con rigurosas condiciones impuestas por Estados Unidos para poder recibir los desembolsos del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, de lo contrario correrá el riesgo de que se le suspenda o congele la ayuda económica de forma parcial o total.
Dentro de esas condiciones, están reducir el rol de los militares en las tareas de la seguridad pública, el apoyo a una comisión internacional contra la impunidad y la investigación, enjuiciamiento de funcionarios corruptos, así como de policías y militares involucrados en violaciones a los derechos humanos.
Las disposiciones están establecidas en la Ley de Asignaciones Presupuestarias para el Año Fiscal 2016, aprobada por el Congreso de Estados Unidos en diciembre del año pasado.
EUA aprobó un paquete de ayuda para Honduras, El Salvador y Guatemala de 750 millones de dólares, el 40 por ciento de los cuales (299.4 millones) estará encaminado a programas de desarrollo, mientras que el 24 por ciento (183.5 millones) en asistencia económica y el 30 por ciento (222 millones) para iniciativas de seguridad.
Un 25% del total de la cooperación se entregará sin ningún tipo de condiciones, pero el 75% restante se hará en etapas y según el cumplimiento de al menos 17 medidas dirigidas a mejorar la gobernabilidad, seguridad y atenuar otras causas que provocan la masiva inmigración de hondureños a EUA. La ley establece que el Secretario de Estado de EUA, Jhon Kerry, revisará periódicamente el progreso de cada gobierno y que a más tardar el 30 de septiembre de 2016 presentará un informe a los comités del Congreso estadounidense.
La Ley es muy clara en el sentido que en caso de incumplimiento, el Secretario de Estado deberá suspender total o parcial la ayuda al Gobierno, aunque se encuentra en la Ley la reanudación de la misma una vez que se certifique que se han tomado las medidas correctivas.
Cumplimiento
Consultada sobre el tema, Rocío Tábora, subsecretaria de Finanzas y coordinadora del equipo técnico de Honduras, explicó que el 25% de la ayuda no está condicionada, pero para el desembolso de los fondos restantes habrá una reunión dentro de 15 días con los equipos técnicos de los tres países y del Departamento de Estado con el fin de ponerse de acuerdo sobre cuáles serán los indicadores para medir el progreso de cada Gobierno en vista que dichas condiciones son muy generales.
Agregó que en la última reunión celebrada en Guatemala, hubo un reconocimiento del vicepresidente de EUA, Joe Biden, en el sentido que los tres países han venido avanzando en el Plan de la Alianza, aún en medio de sus dificultades internas.
En ese sentido, indicó que Honduras es uno de los países que más ha avanzado en el cumplimiento de la Declaración que se suscribió en marzo del año pasado en Guatemala, concretamente en aspectos tributarios, combate al narcotráfico y lucha contra la corrupción.
Con respecto a la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en el país, planteada por EUA, Tábora detalló que esta condición se enmarca en lo que la instancia soberana de cada país decida, lo importante es que funcione y haya un efectivo combate a la corrupción e impunidad.
En cuanto al rol de los militares en la seguridad, apuntó que ese es un tema conversado con EUA, y en la medida que avance la depuración policial y el fortalecimiento de la Policía se reducirá la participación de los soldados.
