San Pedro Sula, Honduras.
La advertencia de que la contaminación en el acuífero de Sunseri puede generar una fuerte crisis hídrica en la ciudad ha disparado las alarmas de todos los sectores.
El tema ha cobrado auge porque se han reportado varias invasiones en el área de recarga, lo que representa un riesgo grande para una población que supera los 300,000 habitantes.
El Ministerio Público (MP) inició las investigaciones, aseguró el vocero Elvis Guzmán. “Se revisa el caso porque hay denuncias interpuestas, pero ya no se trata solo de los predios privados, sino que los fiscales están viendo que se pone en peligro el agua que beneficia a miles de sampedranos”.
Adelanta que se están revisando todos los detalles para ver si procede un desalojo con el fin de proteger el acuífero, que es considerado la segunda fuente hídrica de alimentación de San Pedro Sula.
Guzmán, dice que la Fiscalía analizará el estudio sobre la zona en el que se explica que el campo de pozos está activo hace unos veinte años y ha sido objeto de estudios y monitoreos continuos, tanto en relación con los recursos hídricos extraíbles como en la calidad de agua.
Preocupa que desde el punto de vista legislativo no hayan leyes específicas en relación con las aguas subterráneas, y en particular sobre los acuíferos.
José Antonio Rivera, regidor y comisionado de tierras, refiere que como corporativos están preocupados por las situaciones que tienen que ver con el acuífero y por ello ya se trabajó en un reglamento.
“Estamos conscientes de que es necesario que se tenga una reglamentación, porque sabemos que se trata de un área sensible que está a merced de las invasiones”.
“No hemos aprobado ese documento porque esperamos que la Secretaría de Recursos Naturales (Serna) dé su aprobación. Así que la petición es que se revise y se apruebe el documento para que se pueda desarrollar esta zona bajo una reglamentación especial”, expone Rivera.
El reglamento especial establece que en el período correspondiente a la gestión municipal 2010-2013, la gerencia de Obras Públicas y Urbanismo convocó a los propietarios de los inmuebles ubicados en el acuífero para concertar el desarrollo y protegerlo.
El área se divide en zonas cuyo uso y ocupación se regirán por las disposiciones del reglamento.
Los propietarios de los predios prefieren no referirse al tema, pero esperan que las autoridades hagan su parte, ya que ellos han protegido la zona, han respetado la Ley y están a la espera de la normativa.
La advertencia de que la contaminación en el acuífero de Sunseri puede generar una fuerte crisis hídrica en la ciudad ha disparado las alarmas de todos los sectores.
El tema ha cobrado auge porque se han reportado varias invasiones en el área de recarga, lo que representa un riesgo grande para una población que supera los 300,000 habitantes.
El Ministerio Público (MP) inició las investigaciones, aseguró el vocero Elvis Guzmán. “Se revisa el caso porque hay denuncias interpuestas, pero ya no se trata solo de los predios privados, sino que los fiscales están viendo que se pone en peligro el agua que beneficia a miles de sampedranos”.
Adelanta que se están revisando todos los detalles para ver si procede un desalojo con el fin de proteger el acuífero, que es considerado la segunda fuente hídrica de alimentación de San Pedro Sula.
Guzmán, dice que la Fiscalía analizará el estudio sobre la zona en el que se explica que el campo de pozos está activo hace unos veinte años y ha sido objeto de estudios y monitoreos continuos, tanto en relación con los recursos hídricos extraíbles como en la calidad de agua.
Preocupa que desde el punto de vista legislativo no hayan leyes específicas en relación con las aguas subterráneas, y en particular sobre los acuíferos.
José Antonio Rivera, regidor y comisionado de tierras, refiere que como corporativos están preocupados por las situaciones que tienen que ver con el acuífero y por ello ya se trabajó en un reglamento.
“Estamos conscientes de que es necesario que se tenga una reglamentación, porque sabemos que se trata de un área sensible que está a merced de las invasiones”.
“No hemos aprobado ese documento porque esperamos que la Secretaría de Recursos Naturales (Serna) dé su aprobación. Así que la petición es que se revise y se apruebe el documento para que se pueda desarrollar esta zona bajo una reglamentación especial”, expone Rivera.
El reglamento especial establece que en el período correspondiente a la gestión municipal 2010-2013, la gerencia de Obras Públicas y Urbanismo convocó a los propietarios de los inmuebles ubicados en el acuífero para concertar el desarrollo y protegerlo.
El área se divide en zonas cuyo uso y ocupación se regirán por las disposiciones del reglamento.
Los propietarios de los predios prefieren no referirse al tema, pero esperan que las autoridades hagan su parte, ya que ellos han protegido la zona, han respetado la Ley y están a la espera de la normativa.
