La sustracción irregular de unos 700 fusiles AK 47 y otras armas cortas de una bodega de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI) ocurrió entre 2010 y 2011, admitió ayer la Secretaría de Seguridad, confirmando así la investigación publicada por Diario LA PRENSA este lunes.
“Se ha investigado que había numerosas armas largas en la DGSEI y se extraviaron entre los años 2010 y 2011, por lo tanto, al darse esta situación incorrecta, de inmediato la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (Diecp) realizó investigaciones a finales de 2012 e inicios de 2013 para establecer y determinar responsabilidades a los que en determinado momento las puedan tener”, dijo Leonel Sauceda, portavoz de Seguridad.
De esta forma, la Policía Nacional reconoció la escandalosa sustracción de los 700 fusiles Kalashnikov, mejor conocidos como AK 47, del almacén de dicha unidad de investigación.
Se teme que estos fusiles de asalto hayan ido a parar a grupos irregulares o bandas del crimen organizado que operan dentro y fuera de las fronteras de Honduras.
Cabe aclarar que la sustracción de este poderoso armamento es un hecho nuevo que no tiene nada que ver con el extravío irregular de 300 fusiles FAL y 300,000 proyectiles del comando de operaciones especiales Cobras de la Policía Nacional, denunciado a finales de 2011.
“De lo que tenemos conocimiento es que la Diecp remitió un informe de las investigaciones que ha realizado al Ministerio Público para continuar con el procedimiento legal que corresponde. En ese sentido, queremos manifestar que es una investigación en proceso y que todo está en manos de la Diecp y con el conocimiento del Ministerio Público”, dijo Sauceda.
Según la información en poder de Diario LA PRENSA, los rifles eran almacenados en el cuartel de la extinta DNSEI, ubicado en las inmediaciones del aeropuerto Toncontín, y comenzaron a desaparecer desde 2008 con la complicidad de los responsables de esa unidad policial y los encargados de la bodega de pertrechos.
La mayor parte del armamento eran rifles de asalto AK47 que se incautaron en operativos policiales, otros que provenían del programa de desarme emprendido por el Gobierno, y otros pertrechos de alto poder decomisados en viviendas y haciendas del extinto narcotraficante hondureño Pedro García Montes, asesinado en julio de 2004 en Cartagena, Colombia.
Las investigaciones preliminares establecen que no se llevaba un registro de los artefactos bélicos que ingresaban al almacén de pertrechos, lo que facilitó su posterior sustracción sin dejar pistas. Por este hecho irregular, la DIECP encontró que hubo responsabilidad por “negligencia y omisión” de dos directores de la DNSEI y varios oficiales encargados de la bodega de armas en aquel entonces.
Tras confirmar la investigación periodística de LA PRENSA, el portavoz policial aclaró que se trató de un hecho ocurrido en años anteriores y no precisamente en meses recientes.
“En aras de la transparencia y la rendición de cuentas queremos dejar claro que este no un hecho recién ocurrido, sino que hace tres y cuatro años y que desde luego está siendo investigado por todos los entes del Estado para deducir responsabilidades a quien la tenga en determinado momento”, afirmó.
El oficial de la Policía no supo precisar la cantidad de armas desaparecidas, pero dijo que se trata de una cantidad importante. “No puedo hablar con precisión la cantidad de armas que en su momento se extraviaron porque son expedientes muy confidenciales que han estado llevando e investigando, tanto el Ministerio Público como la DIECP”, agregó.
Sacaron todo
El titular de la Diecp, Óscar Vásquez, ratificó que las indagaciones comenzaron en 2012 como producto de una información confidencial que llegó a esta institución.
Todas las indagaciones estuvieron orientadas a poder establecer desde cuándo había indicios o antecedentes del extravío y de forma preliminar se pudo identificar a las personas que eran las responsables de la DNSEI, los encargados de bienes materiales y de la custodia de esas armas.
Vásquez precisó que se identificó o dos o tres personas que estaban directamente relacionadas con la custodia del armamento y a dos directores y otros oficiales que estaban encargados de bienes materiales en el momento que ocurrió la sustracción.
“El primer indicio que se generó, de acuerdo con el expedientes investigativo, data del año 2008 cuando se dio una alerta del primer extravío; pero según la información que nosotros pudimos recopilar, no se tomaron las medidas necesarias, lo que al final desencadenó en el extravío total de todo el inventario que había de esas armas”, reveló.
El titular de la Diecp expresó su preocupación en el sentido que ese armamento puede estar en poder de civiles o de grupos criminales, porque hay un elemento que dificulta la investigación y es que no había un registro de las armas que ingresaban a la bodega”.
Reveló que en la investigación que se remitió al Ministerio Público se mencionan los nombres de los oficiales investigados y las personas encargadas de la custodia.
Vásquez deploró que a la fecha no ha habido una retroalimentación del Ministerio Público con respecto al expediente que se les hizo llegar y en torno a las acciones o indagaciones adicionales que se han tomado. LA PRENSA intentó llevar la reacción del secretario de Seguridad, Julián Pacheco, y del director general de la Policía, Félix Villanueva, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta de ambos.
