Tegucigalpa, Honduras.
El Congreso Nacional se apresta a discutir una iniciativa de ley en materia electoral a través de la cual se pretende regular y auditar el financiamiento de las campañas electorales y de los partidos políticos a fin de evitar la infiltración del dinero sucio del narcotráfico, el crimen organizado y de otras fuentes irregulares.
La referida iniciativa, turnada al pleno legislativo por la Presidencia de la República, se orienta a “regular la materia electoral en lo referente al financiamiento y patrimonio político-electoral, particularmente en los niveles electivos de Presidente y designados presidenciales, diputados y alcaldes de los partidos políticos, alianzas, candidaturas independientes, movimientos internos de los partidos y cada uno de sus precandidatos y candidatos”.
El proyecto conocido como Ley Sobre la Transparencia del Patrimonio y Financiamiento Político-Electoral es parte de los compromisos del presidente Juan Orlando Hernández con los cooperantes internacionales que exigen regular el financiamiento turbio en los partidos y en las campañas electorales.
El tema cobra especial vigencia luego que en los últimos meses se descubriera la participación de alcaldes, políticos y aspirantes a cargos de elección popular en actividades ilícitas ligadas al narcotráfico y al crimen organizado.
Novedades
La propuesta a cuyo contenido tuvo acceso exclusivo LA PRENSA, contiene, entre otras cosas, la creación de la Oficina Nacional de Control Financiero del Financiamiento y Patrimonio Político Electoral, como una entidad desconcentrada adscrita al Tribunal Supremo Electoral (TSE) con independencia técnica, funcional y administrativa. Dicha instancia estará rectorada por un alto comisionado nombrado por el TSE a propuesta de la asamblea general del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Se encargará de regular y supervisar el financiamiento de los partidos políticos, alianzas, candidaturas independientes, movimientos internos de los partidos y sus precandidatos y candidatos.
Además será responsable de entregar los recursos del financiamiento público y de la deuda política a los partidos. En lo relativo a los financiamientos privados, la normativa prescribe que los institutos político-electorales, sus precandidatos y candidatos, deberán llevar un registro contable de todas sus contribuciones en dinero o especie, debiendo notificarlas a la Oficina de Control Financiero dentro de los 15 días siguientes de haberse recibido.
Su contravención se sancionará con multas de 200% y 500% del valor no registrado la primera vez y en sucesivas ocasiones.
La normativa prohíbe a los partidos y sus candidatos recibir donaciones anónimas, subvenciones de Gobiernos y organizaciones extranjeras, contribuciones y donaciones del Gobierno nacional o el municipal, ayudas de asociaciones gremiales, sindicales o religiosas, así como dinero, recurso humano o especie del narcotráfico, crimen organizado, lavado de activos y cualquier otra actividad criminal.
El Congreso Nacional se apresta a discutir una iniciativa de ley en materia electoral a través de la cual se pretende regular y auditar el financiamiento de las campañas electorales y de los partidos políticos a fin de evitar la infiltración del dinero sucio del narcotráfico, el crimen organizado y de otras fuentes irregulares.
La referida iniciativa, turnada al pleno legislativo por la Presidencia de la República, se orienta a “regular la materia electoral en lo referente al financiamiento y patrimonio político-electoral, particularmente en los niveles electivos de Presidente y designados presidenciales, diputados y alcaldes de los partidos políticos, alianzas, candidaturas independientes, movimientos internos de los partidos y cada uno de sus precandidatos y candidatos”.
El proyecto conocido como Ley Sobre la Transparencia del Patrimonio y Financiamiento Político-Electoral es parte de los compromisos del presidente Juan Orlando Hernández con los cooperantes internacionales que exigen regular el financiamiento turbio en los partidos y en las campañas electorales.
El tema cobra especial vigencia luego que en los últimos meses se descubriera la participación de alcaldes, políticos y aspirantes a cargos de elección popular en actividades ilícitas ligadas al narcotráfico y al crimen organizado.
Novedades
La propuesta a cuyo contenido tuvo acceso exclusivo LA PRENSA, contiene, entre otras cosas, la creación de la Oficina Nacional de Control Financiero del Financiamiento y Patrimonio Político Electoral, como una entidad desconcentrada adscrita al Tribunal Supremo Electoral (TSE) con independencia técnica, funcional y administrativa. Dicha instancia estará rectorada por un alto comisionado nombrado por el TSE a propuesta de la asamblea general del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Se encargará de regular y supervisar el financiamiento de los partidos políticos, alianzas, candidaturas independientes, movimientos internos de los partidos y sus precandidatos y candidatos.
Además será responsable de entregar los recursos del financiamiento público y de la deuda política a los partidos. En lo relativo a los financiamientos privados, la normativa prescribe que los institutos político-electorales, sus precandidatos y candidatos, deberán llevar un registro contable de todas sus contribuciones en dinero o especie, debiendo notificarlas a la Oficina de Control Financiero dentro de los 15 días siguientes de haberse recibido.
Su contravención se sancionará con multas de 200% y 500% del valor no registrado la primera vez y en sucesivas ocasiones.
La normativa prohíbe a los partidos y sus candidatos recibir donaciones anónimas, subvenciones de Gobiernos y organizaciones extranjeras, contribuciones y donaciones del Gobierno nacional o el municipal, ayudas de asociaciones gremiales, sindicales o religiosas, así como dinero, recurso humano o especie del narcotráfico, crimen organizado, lavado de activos y cualquier otra actividad criminal.
